“El Tesoro concebía una victoria donde enemigos y aliados quedaban postrados. Enemigos a través de la acción militar, aliados por su bancarrota”.

Dean Acheson, secretario de Estado de Estados Unidos 1949-1953 (citado en La batalla de Bretton Woods, de Benn Steil)

Instituciones públicas, intereses financieros. La presencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en el cogobierno de la economía y en la supervisión del diseño de reformas judiciales, políticas, fiscales, federales, de género y otras áreas resulta una constante de estos últimos 39 años de democracia argentina.

Hubo un periodo inicial donde el ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun, se resistió a subordinarse sin más al FMI. Esa resistencia terminó con su mandato en febrero de 1985. Dos libros recientes que repasan este periodo, las obras de Juan Carlos Torres y Pablo Gerchunoff, lo pintan como un obstáculo para la gestión presidencial, sin diagnosticar la alianza de Alfonsín con los factores que el propio Raúl Alfonsín había identificado como gobernando a las propias juntas militares desde 1976 hasta 1983 y con el error político que fue declarar la guerra frontal contra la oligarquía sindical peronista. Alfonsín, después de diagnosticar el rol de la oligarquía transnacional, se aliaba a ella y le declaraba la guerra selectivamente a la oligarquía sindical. Esa alianza estratégica que Menem y De La Rúa repitieron terminó en más deuda, fuga y devaluación asimétrica.

Tanto el radicalismo alfonsinista como el peronismo sindical en el largo plazo demostrarán que su autodestrucción beneficiará a los actores permanentes que especulan con la inflación como un subsidio cíclico. Estos 40 años de juego autodestructivo del sector público fortalecieron a los mismos actores que, más allá de diferencias y conflictos personales, actúan como bloque con acuerdos y repliegues tácticos.

Las estructuras partidarias y sindicales, por señalar dos actores claves en aquel contexto del ‘84, están hoy más debilitadas y en retirada, y el bloque de poder económico está más consolidado, habiendo desplazado a parte de la elite bipartidaria del centro político y forzándolas a trabajar para Milei en las sombras. Los operadores partidarios de los bloques económicos hoy se complementan con operadores transversales de la renegociación de acuerdos de deudas y sus módicas remuneraciones.

Tanto el FMI como el Banco Mundial, “los gemelos” como los llamaba John Maynard Keynes, son formalmente parte del Sistema Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y como tal deberían tener una coherencia interna que asegure que sus informes, sus decisiones operativas, sus préstamos puntuales que implican erogaciones futuras, no violen las pretensiones de cumplir los derechos y garantías que establecen sus declaraciones fundantes y constituyentes.

En la Argentina, varios de sus documentos fundacionales, declaraciones, pactos y protocolos tienen jerarquía constitucional por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución. Muchos de los documentos internacionales complementarios del sistema universal tienen jerarquía superior a cualquier ley. Hoy, que gobernar a través de legislación del Congreso es algo excepcional, debemos aclarar: también son superiores a decretos que derogan leyes y cumplen roles de vetos, y a los vetos propiamente dichos. El problema de estas contradicciones del sistema legal es que no existen frenos ni contrapesos para enfrentar esas inconstitucionalidades frontales y evidentes. La supremacía presidencial vence la supremacía constitucional.

La paz en la guerra judicial dio paso a la guerra frontal contra la sociedad a través de la legislación: ley bases, mega-decretos, decretos delegados, decretos de derogación masiva, vetos, despidos y recortes presupuestarios varios que vacían políticas públicas y al Estado.

Seguir pensando en jueces independientes como guardianes y abogados comprometidos con la democracia es una disociación cognitiva de personas atadas a un pasado que nunca existió. La construcción de la violencia y desintegración se está haciendo de forma colaborativa con las profesiones “públicas” que están destruyendo el derecho público. ¿Qué viene después del derecho público?

El nuevo derecho público será el derecho feudal nacido de procesos que seguramente produzcan violencia, que rápidamente será delegada y apoyada por la misma sociedad a través del pánico y políticas de la inseguridad y el miedo, o sea, a través de un caos social que se contagia por procesos de sugestión de masa y mentalidad de enjambre. Los que diseñaron el caos ofrecerán un orden represivo.

En ese contexto, tanto a nivel nacional como internacional, “los gemelos del mal” –reformulando a Keynes– tampoco tienen frenos ni contrapesos. Ambas son instituciones públicas pensadas para fortalecer Estados que hoy están siendo usadas por sectores internos y factores externos para descomponer lo público y transmutarlo en una suerte de derecho feudal global. ¿Para quién trabaja el FMI? ¿Para los Estados del sistema universal o para el sistema financiero internacional? ¿Para quién trabaja la Corte Suprema? ¿Para el Estado, la sociedad, o para un bloque de poder permanente, un club de señores feudales que resuelve sus conflictos con la ley en el dual mundo de Comodoro Py y la misma Corte? Pido disculpas por la digresión.

Los análisis comparados de la intervención del FMI en crisis económicas internacionales como las de Indonesia, Zimbabwe, Grecia y otras economías en momentos críticos, dan casos de estudio y una literatura crítica profunda. La responsabilidad directa es acompañada con nulos mecanismos institucionales de control a todo nivel.

Desde esos organismos se puede dar información privilegiada a grupos económicos que esperan introducir una inversión con una legislación más flexible y básicamente crean las condiciones de mercados en las que entran. Diplomáticos, embajadores, más lobistas que funcionarios públicos, usan el opaco ámbito internacional para dejar de representar a sus países y pasar a hacer negocios con la destrucción de sus países.

El problema es cuando las exigencias del FMI y sus operadores se bajan todavía más para eliminar intermediarios y lobistas de los ámbitos internacionales y atraer directamente a que negocien con un círculo local de operadores oscuros con acceso pleno a esferas duales, nacional e internacional.

Cuando un gobierno nacional y sus operadores quieren “puentear” a los intermediarios internacionales lo que hacen es bajar todavía más las exigencias para demostrar que están dispuestos a ser más colonizadores que los colonizadores, más verdugos que los extractivistas saqueadores, más flexibilizadores que los facilitadores tradicionales.

Las viejas generaciones de cinismo moderado de operadores del sistema son superadas por las nuevas generaciones, de un cinismo potenciado por una elite eugenésica que ya ni piensa habitar el terreno que hará implosionar en violencia y desintegración, en un Estado fallido que dará la bienvenida con apoyo social al Estado punitivo. 

La Constitución y el FMI

El sistema no tiene coherencia sistémica ni ley. La debilidad del sistema internacional está expuesta dado que se construye con diplomacia hipócrita en tiempos de cinismo abierto. Las prácticas “suaves” del derecho internacional son ineficientes en tiempos donde la violencia y la fuerza operan abiertamente tanto en el lenguaje de la política internacional como en las disputas estaduales con plataformas como X o Telegram.

El derecho internacional no frena a la policía bonaerense de la misma forma que no frena al FMI a solicitar otro ajuste aunque tenga ciertos reparos. El ajuste tiene límites; la subordinación política, el cogobierno económico y la fragmentación social, no. El gobierno de Milei hará un ajuste todavía más fuerte.

Una vez repasada la incoherencia sistémica y el incumplimiento del derecho internacional, podemos entrar en nuestro colapsado derecho constitucional. Colapsar es simplificarse, es hacer de un lenguaje complejo y artificial, uno simple y directo. El Presidente no tendrá frenos institucionales. Ese tipo de simpleza es la actualidad de nuestra Constitución eclipsada.

¿Cómo enmarcar la intervención del FMI en el gobierno constitucional de la democracia de estos últimos años? La pregunta es más importante que cualquier respuesta que podamos dar. Mantener la tensión invisible de organismos que la Constitución no reconoce pero terminan cogobernando es clave. ¿Cómo se reconcilia Constitución y cogobierno del FMI? ¿Cuál fue el rol del FMI en estos 40 años de democracia?

Las prácticas institucionales con la deuda externa, con el FMI y en otra medida con el Banco Mundial han sido prácticas que siempre cursaron en paralelo a la Constitución. El Congreso nunca cumplió su rol conforme al artículo 75 inciso 7 de la Constitución.

Las obligaciones de pago de la deuda externa son obligaciones internacionales pero aparentemente no constitucionales. Las obligaciones constitucionales son sobre derechos y garantías constitucionales que en el futuro se licuarán y tenderán a desaparecer. El gobierno quizás intente limitar el gasto público con una cláusula constitucional que cumpla la función que la deuda externa ya cumple: fuga de reservas y límite al gasto público.

La participación seudo-institucional, su raro cogobierno, debería alertar a los que piensan constitucional, institucional o democráticamente. ¿Qué rol tiene este actor en una división de poderes o en la misma teoría de una democracia con una economía subordinada a una deuda? Solamente si se niega la realidad puede pensarse que la democracia sobrevivirá a una restricción económica en un gobierno de ajuste sádico.

¿Cómo explicar el cogobierno del FMI en un manual de derecho constitucional? ¿Cómo lo pensaría Joaquín V. González? Quizás el FMI es parecido a la Corona, al Virreinato, a los intereses de los salvajes unitarios que asesinan líderes populares, a los intereses del Reino Unido, de las empresas inglesas en 1888 y después a las oligarquías agroexportadoras con lazos y tensiones con esos intereses.

Mi punto central es que nunca se pensó el cogobierno del FMI, la ausencia de límites ni control en un actor permanente a nivel institucional, presente desde 1956 pero hoy permanente y con proyección a aumentar su poder.

Tenemos un constitucionalismo cínico que no quiere explicar ni criticar dónde está el poder. Que trabaja de negarlo y ocultarlo. Ya sea la deuda externa como mecanismo para-constitucional y un cogobierno que no se incluye en el diseño constitucional. Ese constitucionalismo que usa lo que llama “imaginación constitucional” de forma interesada para intentar legitimar las burbujas judiciales supremas cada vez más autoritarias.

Pensar la economía política de la Constitución será necesario para defender con acciones políticas la mera supervivencia. No hay derechos sin mercado social, sin economía política, sin pensar y actuar sobre un capitalismo de amigos cada vez más feudal cuyos actores económicos permanentes también son parte de los pactos constitucionales partidarios, como el Pacto de Olivos o el acuerdo de nombrar dos jueces en la Corte Suprema. Los pactos judiciales son también pactos constitucionales y hoy más que nunca son pactos económicos para una dolarización que será otra trampa económica en paralelo a la Constitución. 

La impotencia del humor

La lúcida y áspera viñeta del gran Sergio Langer que encabeza este texto sintetiza varios años entre 2000-2005. La tira se explica en su contexto. Desde hoy la tira que quiere satirizar la realidad es satirizada por la realidad.

El chiste de Langer pudo satirizar una realidad del pasado más que del presente. Hoy en día el chiste lo hace el gobierno. El gobierno es más cínico y sádico que los cínicos funcionarios de una elite internacional cooptada por las finanzas.

Desde el comienzo del gobierno de Milei el FMI pone reparos en sus informes sobre las medidas oficiales. El FMI sostiene que el ajuste económico es más extremo de lo que sus “sugerencias” presentan en sus visitas e informes. “No es necesario el sacrificio y puede ser inútil”. Los reparos se hacen saber públicamente. El gobierno excede toda pretensión del FMI por las peores razones. El chiste es satirizado por la realidad y se vuelve también una impotente herramienta de crítica. Entendemos el chiste para la tribuna, en nuestra burbuja, pero la realidad cambió y necesitamos otro chiste, otra herramienta.

El FMI rara vez en casi 40 años ha sido un freno institucional razonable, loable, como cuando hizo renunciar a un funcionario en el Banco Central como condición para negociar. Hoy es un actor que le pone reparos a metas sacrificiales, que intenta moderar, frenar a un gobierno que no encuentra límite político o institucional y que tiene varios aliados que sólo actúan de ser opositores.

Por Lucas Arrimada * Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.