OSEF: “Es un primer paso para dejar de discutir crisis y empezar a discutir sostenibilidad y fortalecimiento”

Durante su visita a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, la legisladora Victoria Vuoto brindó detalles de la Ley sancionada para comenzar a resolver la crisis económica y de gestión que atraviesa la Obra Social del Estado Fueguino. “Teníamos un límite claro: los jubilados y los trabajadores no se tocan”, dijo.

La referente del PJ hizo un repaso del proceso de 4 meses que llevó a la sanción unánime de la Ley y recordó que “la primera propuesta era la declaración de emergencia. No coincidíamos, sino en plantear un debate estructural. En esa emergencia se preveían herramientas de endeudamiento con las que no estábamos de acuerdo, porque tomar deuda sólo agrava el déficit. Tampoco estábamos de acuerdo con el aumento de aportes a trabajadores y jubilados. Lo charlamos mucho con Laura Colazo que pensaba como nosotros”.

En esta línea, destacó que pudieron “garantizar una Ley sin afectar los derechos de los trabajadores y jubilados. Había propuestas que llevaban a 9 puntos los aportes, que hoy son 3. Hubiera sido una rebaja salarial directa. Había propuestas que escalonaban el aporte, pero representaban más del 100%. El IPC interanual de salud terminó en 49 puntos. Tiene que ser razonable. No podemos aumentar en un 120% los aportes, con una inflación de 49%”.

Según Vuoto, “hay que pensar en los tres aspectos indispensables: El modelo de gestión, el modelo de atención y el financiamiento. Si no evaluamos qué prestaciones vamos a cubrir, a qué cantidad de afiliados, con qué modelo de gestión, no podemos saber cuántos recursos vamos a necesitar. Discutir financiamiento sin discutir el modelo de obra social no tiene sentido”.

“Pusimos la mayor de las energías en cómo mejoramos la gestión y el modelo prestacional. No es mi decisión quién es el directorio, pero puedo pensar herramientas que establezcan mejoras. Uno de los aspectos importantes que advirtió el Tribunal de Cuentas en el manejo de la obra social era la falta de reglas claras y el control de las compras. Las adquisiciones, con qué criterios y que como se manejaban podía generar sobrecostos”, siguió.

Por ello, se resolvió que los medicamentos “para las enfermedades de alto requerimiento se comprarán por farmacia propia, con un fondo específico destinado a esto. Eso va a generar que tengas dinero disponible, que hagas el procedimiento más rápido y que el medicamento llegue a tiempo. Luego establecimos que los medicamentos de enfermedades crónicas tienen que ser adquiridos por la propia farmacia. Los de alta rotación, pueden ser por farmacias convenidas. Las auditorías tienen que ser por la obra social y no por los prestadores”.

A esto se suma la sanción de “una Ley complementaria que es la creación del Comité de Vigilancia de Tecnología Sanitaria. No crea nuevas estructuras, ni genera costos. El objetivo es generar las guías de buenas prácticas de prestaciones, fármacos y prótesis. Eso da la certeza a los médicos sobre qué indicar; a los pacientes de que lo que compran es de cantidad y le permite a la obra social ordenar los costos internos”.

La legisladora explicó que “tiene que ser una normativa externa. La propia OSEF tiene su criterio ¿Qué sucede cuando generan sus propios criterios? El beneficiario pelea con la obra social. El Comité establecerá la calidad de las prestaciones. Eso le sirve a todos y evita tensiones innecesarias”.

También advirtió que las auditorías no deben realizarse sobre los beneficiarios: “La obra social rechaza una cobertura, pero el paciente lo tiene indicado por el médico. No hay que auditar al paciente, sino al médico. Esto permite que el criterio sea la auditoría sobre los profesionales médicos. Los pacientes lo sienten como un maltrato, porque rechazan algo que un médico indicó”.

“Que todo esto sea una realidad no depende de nosotros, sino de las autoridades de la obra social. De los 40 puntos que observó el Tribunal de Cuentas, 37 tuvieron respuesta en la construcción de la Ley. Hoy es una facultad de la OSEF comenzar a administrar”.

Victoria Vuoto aseguró que “todo lo que incorporamos a la Ley tiene que ver con aspectos prestacionales y de gestión. Para discutir el recurso tenemos que hacer eficiente el gasto y determinar cuál es el déficit. Habíamos propuesto otras cosas en la estructura de financiamiento. Tiene dos aspectos importantes que impactan de manera estructural y no son un parche. Una es esta, sobre los afiliados, que es una decisión que tomó el Gobernador: que todos los activos que se jubilan con OSEF, aporten en actividad. Antes, no aportaban y luego se jubilaban por la obra social. Eso es importante. Hace más equitativa la realidad y no genera nuevos costos”.

También marcó que “otro aspecto importante es que la Caja pague contribuciones. Cuando se escinde la obra social de la caja de jubilaciones, no le ponen contribuciones a los haberes jubilatorios y de pensiones a la obra social. Todas las obras sociales las reciben. Algunas son de 3 puntos y la más cara es Santa Cruz, con 10 puntos. Todas pagan, acá no. Se decidió establecerla en 5 puntos”.

“Es una decisión que va a modificar los ingresos mensuales de la obra social. Es algo que debería haber sucedido cuando se dividieron. También aumenta la participación de los jubilados en el ingreso total. Actualmente representan el 7%, y son los que más la utilizan. Ahora incrementará y la torta será más equitativa en la distribución”, subrayó.

Sobre los motivos por los que no discutieron el aumento de aportes, precisó: “Cualquiera de las propuestas indicaba un alto costo. Para dar esa discusión, necesitamos, primero, ordenar la obra social. Con estas dos decisiones estructurales se reduce el déficit operativo en un 50% y el resto se abordará con las herramientas financieras. De manera que a fin de año podamos controlar si mejoramos el equilibrio y discutir cuál es la estructura de aportes justa en este contexto”.

Consultada por el funcionamiento del Fondo de Pago de Deuda, contó: “Fue solicitado por el oficialismo. La situación de la OSEF es que tiene pagos atrasados por 19 mil millones de pesos y un déficit operativo mensual de 3 mil 200 millones. Con las herramientas sobrellevarían el mensual. Sobre el acumulado se estableció un plazo de 60 días para auditar las deudas; establecer la certificación real de los montos y que puedan cancelarlo con un fondo de ingresos brutos de los propios prestadores del sistema y el superávit del ejercicio 2024 del Puerto y se autoriza a ver el 2025”.

“No afecta los derechos de los trabajadores del puerto, ni se tocan los bonos. Es plata que sobró. Fue una propuesta. Nos pareció viable. En contexto de crisis, es importante entender que tener plata guardada es complejo”.

La referente del PJ aseveró que “lo único que no se discutió fue la estructura de aportes de trabajadores y jubilados. El resto se discutió todo. En algún momento debe discutirse. Tierra del Fuego está en 3 puntos, cuando la media nacional está en 4,5. No estamos en condiciones de discutir la estructura de aportes. Costó construir la realidad de lo que era la situación económica y financiera de la obra social. Se logró con muchas dificultades. Si no sabemos el impacto de lo que sancionamos, yo no lo voy a votar”.

Y, para ello, insistió en que “primero hay que conocer el impacto de las dos medidas estructurales: que la Caja pague contribuciones y que todos los activos aporten. Con el ordenamiento y la eficiencia del gasto, nos permitirá saber el déficit real de la obra social. Ahí podremos decir ‘hace falta o no, tanto’. Sin eso, es imposible avanzar. Sobre todo si hablamos de tocarle el bolsillo a la gente”.

También cargó contra las autoridades de la OSEF por su participación en las comisiones de la Legislatura, y dijo: “Es difícil poner en palabras tanta falta de respeto a la Legislatura. La reunión con las autoridades fue pésima. Las principales autoridades no podían explicar cuál era el proyecto que presentó el Ejecutivo, o que presentaron ellos, porque no se sabe nunca quiénes presentan los proyectos. No daban cuenta de preguntas muy concretas en relación a los números. Algunos decían que la deuda era de 40 mil millones, otros de 24 mil y otros de 21 mil. Tuvimos que analizar toda la ejecución presupuestaria para concluir que eran 19 mil”.

“De un día para otro apareció un proyecto para dictaminar en dos días. No íbamos a dictaminar en dos días algo que estudiamos durante años. Queríamos ver punto por punto. Los tiempos legislativos también se manejaron mal. Estuvimos tres meses discutiendo sobre un texto que no era, y luego apareció uno que tenía que tener dictamen en 48 horas”.
 
Para cerrar, la legisladora volvió a destacar los consensos logrados que permitieron que la Ley obtenga el acompañamiento unánime de la Cámara, y expresó: “Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Trabajamos mucho para llegar a esto. Por ahí no es el ideal, pero seguro que era lo mejor que podíamos hacer”.