Obsesión desde el día uno: los intentos de Milei para facilitar el lavado de dinero

Si revisitar el archivo a la luz del presente siempre es un ejercicio que permite descubrimientos, analizar los varios proyectos e iniciativas que Javier Milei quiso aprobar durante los primeros meses de su gobierno a la luz de las acusaciones públicas de financiamiento del narcotráfico para José Luis Espert y otros candidatos de La Libertad Avanza es directamente revelador. Muchos de esos intentos, ocurridos ni bien asumió el Presidente, tuvieron que ver con facilitar el lavado de activos o morigerar las penas para los responsables de ese delito. Desde la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" hasta el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", pasando por iniciativas con títulos menos ampulosos, muchos de esos proyectos fueron observados por ONGs y organismos antilavado. Varios de ellos avanzaron.

Una de las primeras propuestas fue la reforma de la Ley de Lavado de Activos, que llegó al Congreso a tres meses de asumido Javier Milei, para aumentar el monto límite a partir del cual el lavado de dinero es punible en la Argentina. En ese momento, ese monto estaba en $300.000, lo que hacía que prácticamente cualquier intento de lavado fuera punible. Milei llevó el monto a $30.000.000. Por entonces, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipse) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) dijeron: esto sólo servirá -vía aplicación del principio de ley penal más benigna – para el cierre masivo de causas penales en curso de investigación. Causas que, en su gran mayoría, investigaban maniobras que vinculan el origen ilícito de los bienes objeto de lavado con delitos de narcotráfico, intermediación financiera no autorizada y evasión fiscal entre otras conductas de bandas de criminalidad organizada. Ya en marzo del 24, esas organizaciones se preguntaban: "¿A quién se le asegura impunidad con esta reforma?". Fue una de varias medidas que complejizó las chances de persecución en favor de un puñado de lavadores.

El segundo punto tuvo que ver con el relanzamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), también a inicios de la gestión. El régimen de las SAS había sido creado durante el macrismo y eliminado durante el gobierno de Alberto Fernández porque, a juicio del entonces inspector General de Justicia Ricardo Nissen, las SAS se usaban para lavar dinero, cometer fraudes fiscales, defraudaciones y fugar capitales. El régimen permite crear una empresa en menos de 24 horas, con un trámite digital muy simple y constituyendo capital por un valor irrisorio para una empresa: dos salarios mínimos, vitales y móviles. En 2020, la IGJ advirtió: “En estos tres años se comprobó que, en general, no son emprendedores quienes están detrás de estas sociedades, sino actividades irregulares que se aprovechan de la opacidad y escasos requisitos de constitución para concretar cualquier tipo de delitos, como la evasión impositiva, la fuga de capitales y hasta el tráfico de estupefacientes". Milei las reinstaló.

El tercer punto se vincula de manera específica con el caso Espert: el intento, contenido en la Ley Bases original, de destopear los aportes de campaña. La iniciativa fue frenada por la oposición en el Congreso. Esto ocurrió durante los primeros meses de 2024, cuando gran parte de la oposición era muy dialoguista y negociadora con el gobierno de Milei. Pero aún con buena predisposición, el punto era inaceptable: bajo el argumento de que nadie respeta el límite de los aportes a las campañas y de que era necesario sincerar el gasto de la política partidaria, Milei propuso eliminar los artículos de la ley electoral que marcan y regulan los topes de aportes. No pasó.

Algunos meses después llegó el primer blanqueo, uno de los más generosos de los últimos años. Con la venia del Congreso, el Gobierno consiguió que sea legal blanquear hasta 100 mil dólares sin penalización. Lo que no pudo incluir en la ley fueron algunos puntos que la oposición frenó. Entre ellos: que las personas puedan blanquear en nombre de otras (es decir, testaferros).

Casi un año después de aquel blanqueo, llegaría el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", probablemente la iniciativa más públicamente denunciada por abrir la puerta al blanqueo de dinero narco. El plan, que Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, presentaban como la búsqueda de que los argentinos saquen los dólares "del colchón" para así remonetizar la economía proponía relajar o directamente levantar controles de la agencia recaudadora ARCA, los bancos, los escribanos, los agentes inmobiliarios, los proveedores de servicios públicos, entre otros. Es decir, que nadie, ni en el Estado ni en las empresas, esté mirando y advirtiendo si una operación puede esconder algo turbio, como el lavado de dinero.

El plan finalmente no tuvo éxito porque, en medio de la crisis cambiaria que el Gobierno enfrenta desde abril de 2025, ningún argentino sacó los dólares "del colchón". En cambio, muchos de ellos atesoraron dólares durante este período. Milei, sin embargo, lo intentó. Y cuando le preguntaron si esto no favorecía al narcotráfico, simplemente respondió: "El narcotráfico usted lo combate con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito producto del narcotráfico". Una mirada a contramano de cualquier análisis informado en cualquier parte del mundo que sabe que para poder rastrear a los grandes narcotraficantes lo primero es encontrar la ruta del dinero.

Por Noelia Barral Cricera / El Destape