Mientras en el juicio oral por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner se confirmaban anomalías en la cadena de custodia del celular de Fernando Sabag Montiel (el principal acusado) que comprometerían a la jueza María Eugenia Capuchetti, ella --que ya no tiene el teléfono a su cargo porque está en manos del Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6)-- le pidió ayuda al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos para descargar el contenido del aparato, algo que hasta ahora y después de que quedara reseteado de fábrica ningún peritaje logró. De todos modos, la novedad es que la magistrada cuya iniciativa fue cuestionada en medio de las audiencias orales como una intromisión, no tuvo suerte. La Homeland Security, como se conoce a ese organismo, respondió en una breve nota que tiene fecha 15 de mayo, a la que accedió Página/12, que "no podrá brindar la asistencia solicitada".
Hora de alegatos
El juicio, que comenzó a fines de junio del año pasado y está focalizado en la autoría material del atentado, entró en su último tramo. El tribunal anunció esta semana que el 13 de agosto comenzarán los alegatos. La primera en alegar será la querella, a cargo de los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira. Cada una de las partes tendrá una audiencia para hacer su exposición. Le seguirá la fiscalía a cargo de Gabriela Baigún. Luego vendrán las defensas: la encargada oficial Fernanda López Puleio en representación de Sabag Montiel, el defensor oficial Eduardo Chittaro por Brenda Uliarte y Gastón Marano como abogado de Gabriel Carrizo. Los dos primeros están acusados como coautores homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa. Carrizo está implicado como partícipe secundario. Podría haber un agravante por violencia de género, de acuerdo al planteo de la fiscalía.
Las últimas audiencias del TOF 6 fueron reservadas, declararon peritos psicólogos/as y psiquiatras que atienden a Uliarte. Según reconstruyó este diario, reafirmaron que no padece ninguna patología mental, psicosis ni nada similar que puedan afectar su capacidad de enfrentar el juicio oral. Es más, señalaron que más bien tiene una inclinación a la simulación. Una pericia que se le hizo a principio de este año llegó a esa misma conclusión luego de varios intentos de su defensa de eximirla del proceso judicial en el que se la vio decir --o parecer decir-- incongruencias al momento de declarar en indagatoria, hacer gestos burlones y hasta cantar en una audiencia que presenció en forma remota e intentar golpear al abogado de Carrizo.
El papel de Capuchetti
Después de que elevó a juicio oral la parte de la causa sobre la autoría material del intento de magnicidio, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, Capuchetti se quedó con un un tramo crucial remanente: el que debería enfocarse en la autoría intelectual, hasta ahora con el diputado del PRO Gerardo Milman como principal imputado. Tres meses después del atentado le delegó la causa al fiscal Carlos Rívolo, ya que había sido recusada a cuento --entre otras cosas-- del escándalo por el borrado de los celulares de la secretarias del legislador en oficinas de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, algo que no habría ocurrido si los dispositivos hubieran sido secuestrados por la jueza el día que declararon por primera vez. Se trata de las mujeres que estaban con Milman --cuyo teléfono nunca fue analizado hasta ahora-- cuando un testigo lo escuchó decir en el bar de la esquina del Congreso "cuando la maten yo estoy camino a la costa", dos días antes del ataque a CFK.
Hace casi dos meses la magistrada le quitó el manejo de la investigación a Rívolo. Fue cuando se hizo notorio que quedaba expuesta en las audiencias del juicio oral a partir del relato de algunos testigos, como la policía que era su custodia, quien había llevado por indicación del juzgado el celular de Sabag Montiel a la Policía de Seguridad Aeroportuaria con un sobre sin lacrar, sin planilla de cadena de custodia, ni bloqueo de señales y adentro el celular encendido con un cartel de alerta en rojo. Luego quedó reseteado de fábrica. Antes se había hecho un intento (fallido) de peritarlo adentro de su juzgado, después de un corte de luz y, también, sin bloqueo de señales. Lo hicieron policías federales.
Desde que reasumió la investigación cambió el eje de la pesquisa sobre quién estuvo detrás del atentado y lo puso sobre la Policía Federal, que ya fue investigada. Hasta modificó la carátula y sacó de ahí el nombre de Milman. Pidió medidas a la fuerza, la desclasificación de información de la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de los tiempos de Aníbal Fernández, y hasta le indicó a Gendarmería que revise los sumarios internos que hizo la Policía Federal y que le diga cuál es el objeto de investigación. Como manotazo de ahogado desplegó todo esto y más, y cuestionó al fiscal Rívolo, quien ya en varias presentaciones marcó la irregularidad de las acciones de la jueza.
El pedido de extracción de información del celular de Sabag Montiel a la Homeland Security vino en el medio de este cambio de rumbo. La respuesta le tomó solo un día a esa dependencia estadounidense y dice: "informo por la presente que Homeland Security Investigations no podrá brindar la asistencia solicitada. Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarla muy atentamente, y quedo a su disposición...". La nota lleva la firma Ellary Petchauer Agregada, quien figura como "Interina Homeland Security Investigations Embajada de los EE.UU".
Como informó este diario, el TOF 6 había ordenado este año un nuevo intento para que peritar el celular y extraer el contenido que tuviera, con integrantes expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal, peritos de Gendarmería y de las partes. Pero no lograron ni siquiera hacer el proceso de "rooteo" que permitiría el acceso al mapa interno del aparato. El especialista de la querella quería continuar, y el resto no, porque decían que se podía arruinar en forma definitiva. Es cierto que no es un asunto cerrado.
La posibilidad de asistencia de la Homeland Security no fue una idea de Capuchetti. De hecho, después del atentado el entonces ministro Fernández, dijo públicamente que ese organismo --en tiempos de la presidencia de Joe Biden-- había ofrecido colaboración, pero señalaba que era una decisión de la jueza, quien como queda a la vista actuó con dos años y medio de delay al verse ella misma expuesta. Parece que con la administración de Donald Trump no tuvo eco.
De todos modos y por el momento en que se produjo el requerimiento de la jueza a Estados Unidos, cuando el celular está en manos del tribunal oral, esto generó revuelo en las últimas audiencias. La querella planteó que era preocupante que ella pudiera tener acceso al teléfono y la presidenta del TOF 6, Sabrina Namer, aclaró que, en efecto, a disposición del tribunal del juicio. Cuando les pidió una opinión a las partes, todos coincidieron en que había que solicitar explicaciones al juzgado.
El oficio que le mandó el TOF 6 a Capuchetti dice: "...a fin de solicitarle, en atención a lo peticionado por las partes durante la última audiencia de debate y en virtud de las publicaciones periodísticas que darían cuenta que V.S. habría oficiado al Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos requiriendo colaboración para acceder al contenido del dispositivo móvil identificado como TEL_01, secuestrado al imputado Fernando André Sabag Montiel y actualmente reservado en la caja fuerte de este órgano jurisdiccional; se sirva informar en forma amplia y circunstanciada respecto de dicha solicitud". La respuesta negativa del país del norte llegó antes.
Lo que tiene Capuchetti es quien la resguarde, o al menos es lo que se vio en el Consejo de la Magistratura la semana pasada, cuando los cuatro jueces que integran el organismo vaciaron la Comisión de Disciplina, que debía tratar la denuncia en su contra, precisamente basada en el daño del celular de Sabag Montiel. Tres de los magistrados estaban presentes, ya que venían de una reunión anterior, y se retiraron. Otro directamente no asistió. Junto con el senador radical Eduardo Vischi lograron que no hubiera quórum. Había medidas para aprobar sobre la jueza --como la citación a su custodia--- pero quedó todo postergado. Lo mismo pasó con los jueces implicados en el caso paradigmático Lago Escondido, que si no se trata antes de septiembre caducará.
Por Irina Hauser / P12
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