En los últimos días se ha tomado conocimiento de novedades en el ámbito del Ministerio de Defensa que profundizan la combinación de “occidentalización dogmática” y “desnacionalización estratégica” que caracteriza a la gestión de Javier Milei. Convencidos de que el gradualismo fue un problema del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), los libertarios extienden más allá de la economía el apotegma autocrítico del presidente del PRO: “Hay que hacer lo mismo, pero mucho más rápido”.

Para ello, han internalizado otro aforismo menos conocido del universo macrista, en este caso pronunciado por su ex embajador ante los Estados Unidos, el empresario Fernando Oris de Roa, quien afirmó a principios de 2018: “Estados Unidos tiene hacia nosotros un interés político, y nosotros tenemos hacia ellos un interés económico. A Estados Unidos le interesa el tema de la seguridad, el apoyo internacional, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Una agenda de corte político internacional. No es que a nosotros no nos interese eso, sino que nuestra agenda es económica (…) El desafío está en poder trabajar con ellos dándoles satisfacciones a los intereses que ellos tienen con respecto a nosotros, y al mismo tiempo, de una forma diplomática, que eso se traduzca en una actitud más bien positiva con respecto a nuestra agenda económica”.

La lectura del gobierno de Milei en materia de defensa es que el macrismo se quedó en los amagues y no terminó de concretar la doctrina Oris de Roa. Por eso ahora pisa el acelerador. Sin embargo, durante los últimos cinco años el mundo exacerbó su pugnacidad, la confrontación global entre los Estados Unidos y la República Popular China se profundizó y estalló la guerra entre Ucrania y Rusia en 2022. Todo ello hace que las implicancias de las automáticas concesiones del gobierno de Milei a los Estados Unidos, la OTAN y Gran Bretaña —materializadas por los ministros Luis Petri y Diana Mondino y sin ningún tipo de restricción por parte de las burocracias profesionales de esos ministerios— impacten en un aumento de la vulnerabilidad estratégica del país en materia de seguridad internacional y defensa. 

Entre la OTAN y el Comando Sur

En una línea informativa sobre la que ya veníamos trabajando y respecto de la cual existen pedidos de informes en el Congreso de la Nación, se conoció a través de diversos medios que en septiembre podrían concretarse modificaciones en la estructura de Fabricaciones Militares, la compañía estatal que en las últimas semanas recibió la visita informal de funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El gobierno avanzaría con su decisión de hacer de la firma una sociedad anónima, lo que facilitaría que inversores extranjeros se hagan con una parte relevante del capital de la empresa. El objetivo sería transformar a la empresa en una proveedora de la OTAN en pleno contexto bélico entre Rusia y Ucrania, con costos incalculables en términos de vulnerabilidad estratégica para el país. En este marco, se deberá prestar especial atención a los movimientos de la firma checa CSG Defence, uno de los grupos interesados en producir en la Argentina material bélico para la OTAN. Según advirtió David Salto, secretario general de ATE en Río Tercero, CSG Defence “ya fabrica y abastece militarmente a países como Holanda, que envían su ayuda a Ucrania en el marco de las políticas de alianzas impulsadas por la OTAN”. Asimismo, desde el sindicato señalaron que CSG “tiene dentro de sus compañías a Excalibur Army, fundada en 1995 y productora de tanques, obuses autopropulsados, lanzadores de cohetes, vehículos de ingeniería, armas y municiones”. Finalmente, este movimiento se encuadra en la reciente firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación técnico-militar entre el ministro Petri y su par de la República Checa, Jana Černochová, durante la gira europea de fines de junio con motivo de la incorporación argentina al Grupo Ramstein (de apoyo militar a Ucrania) y la solicitud de ingreso como socio global a la OTAN. Según se aprecia, estarían a poco de llover los primeros “petridólares” para la otanización. Se trata de satisfacciones en materia de seguridad para el eje Washington-Bruselas-Londres que traerían como correlato inversiones en el marco de la desnacionalización estratégica de Fabricaciones Militares. Con retraso, la satisfacción también alcanza al olvidado Oris de Roa.

Petri y la ministra de Defensa de República Checa, Jana Černochová.

En paralelo, se conoció el pasado 27 de agosto la visita de una comitiva a cargo del comandante de Operaciones Especiales Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, contraalmirante Mark Schafer, al Área Naval Fluvial de la Armada Argentina, para recorrer diversas instalaciones e interiorizarse sobre las actividades operativas de ese estratégico sector de la defensa nacional. El militar norteamericano fue recibido por el comandante del Área Naval Fluvial (ANFL) y jefe de la Base Naval Zárate, contraalmirante Daniel Finardi. La información fue dada a conocer por el órgano de prensa naval, Gaceta Marinera, sin ningún tipo de precisión sobre las fechas de la visita ni sobre el tiempo de permanencia en el país de los uniformados estadounidenses. Según reflejó el medio: “La delegación inició la jornada con una exposición a cargo de los jefes de Operaciones del ANFL y del Batallón de Infantería de Marina N° 3 “Alte. Eleazar Videla” (BIM3), quienes abordaron las funciones y tareas que se cumplen en esta zona naval y sus unidades subordinadas (…) A continuación, la comitiva se dirigió al BIM 3 para recorrer las instalaciones y conocer el material y los medios con que cuentan, para luego realizar una navegación por aguas del río Paraná a bordo de las lanchas Guardian 22, pertenecientes a la Compañía de Embarcaciones Menores”.

La información adquiere particular relevancia, toda vez que —como indicó el sitio Agenda Malvinas— la visita podría dar cuenta del inicio de la “toma de control de la cuenca argentina de los ríos Paraná y Paraguay por parte de los Estados Unidos”. Debe recordarse que el Área Naval Fluvial de la Armada Argentina tiene la estratégica jurisdicción sobre “las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, los ríos y vías navegables de la Cuenca del Plata, limítrofes e interiores, y el Río de la Plata hasta la línea materializada por Punta Rasa y Punta del Este”. Por lo tanto, una de sus responsabilidades principales se vincula con el objetivo de contribuir en la restricción de poder sobre eventuales intromisiones en la estratégica Via Troncal Fluvual, mal llamada Hidrovía Paraguay-Paraná, tal como se conoce a uno de los mayores sistemas navegables del mundo, que recorre la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que cuenta con una extensión de 3.442 kilómetros que van desde Puerto Cáceres en Mato Grosso do Sul, Brasil, hasta el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay.

No debe desligarse la presencia militar estadounidense en la ruta fluvial más importante y estratégica de la región de la operación de empresas multinacionales de ese origen como ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus. Algunas de estas compañías —comercializadoras de materias primas que controlan el mercado de la soja en América Latina— disponen de puertos privados y controlan la salida de la mayoría de las exportaciones. Se trata de empresas con una injerencia notable en la matriz agroexportadora del país, por lo que la presencia militar estadounidense en el segundo nodo portuario agroexportador del planeta —detrás del de Nueva Orleans— constituye un dato de enorme relevancia estratégica. No puede perderse de vista que el Congreso de los Estados Unidos autorizó el año pasado a sus ingenieros militares a trabajar en temas de navegación, con la premisa estratégica de monitorear la presencia de China en regiones claves y tener acceso de primera mano a información vinculada a delitos transnacionales como el narcotráfico. Al respecto, conviene recordar, por ejemplo, que en la Vía Troncal Fluvial Paraguay-Paraná opera la multinacional china COFCO, y que localidades como Rosario, Puerto General San Martín o San Lorenzo —de donde sale el 80% de las exportaciones de granos, aceite, harinas y otros productos relacionados al agro— son puntos neurálgicos de comercio ilegal utilizado por el narcotráfico para sus negocios. 

Desnacionalización estratégica

Como hemos señalado, las novedades en torno a la subordinación de Fabricaciones Militares a las necesidades de la OTAN y a la injerencia militar estadounidense en la Vía Fluvial Troncal Paraguay-Paraná se inscriben en la política de “desnacionalización estratégica” que ha guiado la gestión de Luis Petri a lo largo de sus diez primeros meses como ministro de Defensa. Se trata de una política que procura:

• cumplir con el “mandato” estadounidense de convertir a las Fuerzas Armadas argentinas en una guardia costera policial con funciones antidrogas y antiterroristas, lo que diferentes autores han caracterizado como Crime Fighters o Small Armed Forces;
• alterar el “consenso básico” de separación entre funciones militares y policiales, es decir, poner en discusión el andamiaje jurídico compuesto por las leyes de Defensa Nacional (1988), Seguridad Interior (1992) e Inteligencia Nacional (2001, reformada en 2015), contribuyendo así a la
• desprofesionalización castrense en relación con su misión primaria y esencial que es la preparación para la guerra interestatal; y
  subordinarse de modo irrestricto a la política exterior y de seguridad internacional de los Estados Unidos en su puja global con la República Popular China, con efectos perniciosos respecto de los propios intereses en materia de defensa nacional.

Con este telón conceptual de fondo, el gobierno de Milei se posiciona como una “correa de transmisión”, cuyas decisiones se adoptan en la Casa Blanca. Carente de capacidad pragmática para visualizar, de modo sopesado, dónde reside el interés nacional, presenciamos un gobierno que hace esfuerzos ímprobos por complacer a Washington e insertarse en un mundo que ya no existe. O, para ser más precisos, para colocarse imaginariamente en las diversas dimensiones —la del conflicto Este/Oeste, la del unipolarismo norteamericano o la de una irrefrenable globalización financiera— de un orden mundial perimido hace dos décadas.

Las dos noticias reseñadas en esta nota constituyen los últimos aportes de una prolífica serie de medidas, anuncios e iniciativas legislativas del gobierno de Milei —desde el 10 de diciembre de 2023 hasta fines de agosto de 2024— orientadas al debilitamiento del sistema defensivo-militar argentino y a la alteración del ordenamiento normativo y doctrinario construido desde la recuperación de la democracia en 1983.

De todo ese conjunto de medidas que hemos analizado en detalle en estas páginas a lo largo de los últimos diez meses, sin dudas hay dos que constituyen los ejes estructurantes de la política de defensa de Milei:

1. el ingreso de la Argentina al Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania (Grupo Ramstein) y la solicitud de convertirse en socio global de la OTAN, y sus implicancias en materia de concesiones en torno a la cuestión Malvinas; y
2. el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 enviado por el Ejecutivo , que supone el desmantelamiento de una política de Estado con el consiguiente retroceso democrático que representaría la asignación de funciones “anti-terroristas” —léase misiones antidrogas y de represión al conflicto social— a las Fuerzas Armadas.

En este contexto, resulta fundamental que la oposición parlamentaria, por una parte, y las burocracias profesionales de Cancillería y Defensa, por la otra, encuentren los mecanismos adecuados para persuadir al gobierno de llevar adelante una política exterior y de defensa prudentes y centradas en el interés nacional, a la vez que eviten medidas trasnochadas como el traslado de la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén o aventuras de apoyo militar a Ucrania, en donde no se juega ningún interés vital para la nación.

Paralelamente, se torna indispensable que los diputados y senadores de la Nación —en particular los radicales que deben defender el legado de Raúl Alfonsín— rechacen de plano el fantasmagórico proyecto de ley a través del cual el Poder Ejecutivo propuso modificar la Ley de Seguridad Interior. El involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la asignación a los militares de tareas de policía urbana y represión social exhibe —como lo han hecho saber masivamente los propios sectores militares— una incomprensión total y absoluta de la naturaleza de la profesión militar.

Al terrorismo no se lo combate de este modo, sino con un Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) profesionalizado, cuyo objeto no sean los propios funcionarios del oficialismo o familiares de militares caídos en cumplimiento del deber como sucedió con los deudos de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Para ello, resulta necesario fortalecer al SIN a través de un debate democrático en el Congreso, como sucedió en 2001 y 2015, y no modificarlo a través de un DNU como ocurrió con el Decreto 614/2024.

El balance de estos primeros diez meses de gestión en materia de Defensa Nacional no podría ser peor. La occidentalización dogmática, la desnacionalización estratégica y la búsqueda de policialización de las Fuerzas Armadas —azuzando imprudentemente la amenaza del terrorismo como ha hecho el propio Presidente en más de una oportunidad— sintetiza un cúmulo de iniciativas desancladas del interés nacional y de los intereses vitales del país que aumenta sensiblemente nuestra vulnerabilidad estratégica. Se torna indispensable el retorno a la normalidad y al núcleo de coincidencias básicas construido desde 1983 en materia de política exterior y defensa. De profundizarse el actual camino, los costos podrían ser inconmensurables.

Por Luciano Anzelini * El autor es profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT). Ex director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa (2019-2022).