En política internacional, nada es más caro que la ingenuidad. Cuando Donald Trump forzó al FMI a concederle a Mauricio Macri el préstamo más grande de su historia, la excusa fue la “estabilidad macroeconómica”. Cuando el mismo Tesoro estadounidense respaldó a Javier Milei, la retórica volvió a ser la misma. Pero tras los discursos de tecnócratas y comunicados oficiales se esconde una verdad incómoda: no estamos frente a errores técnicos ni simples fracasos de gestión, sino ante un patrón estructural de corrupción transnacional.
Trump, Macri y Milei conforman un triángulo de continuidad en el que la retórica anticorrupción convive con la captura del Estado, el endeudamiento acelerado y la entrega de recursos estratégicos. Lo que se presenta como política económica es, en realidad, un negocio político de alto nivel, donde organismos multilaterales se convierten en engranajes de un plan mayor; sostener elites privadas a costa del empobrecimiento social.
Así como esta semana se anunció el apoyo del Tesoro estadounidense, en 2018, el FMI otorgó a la Argentina el préstamo más grande de su historia. La narrativa oficial lo justificó del mismo modo, en nombre de la “estabilidad macroeconómica” y el “retorno de la confianza”.
Sin embargo, documentos posteriores, investigaciones judiciales y testimonios críticos revelan que la operación estuvo atravesada por ilegalidades, intereses cruzados y, sobre todo, por la intervención política directa del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en beneficio de su aliado Mauricio Macri.
Intercambio de favores
El politólogo estadounidense Robert Klitgaard plantea su conocida fórmula: Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad − Rendición de cuentas.
Según esta perspectiva, la corrupción florece cuando los actores concentran poder (monopolio), ejercen decisiones con amplios márgenes de discrecionalidad y carecen de mecanismos de accountability (rendición de cuentas) efectivos. Esta formulación resulta útil para examinar tanto a Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos como a Mauricio Macri y Javier Milei en la Argentina. Todos se insertan en redes donde los intereses privados se entrelazan con decisiones públicas, sin la adecuada supervisión institucional.
Klitgaard subraya además que, más allá de definiciones normativas, la corrupción es siempre relacional; requiere de actores que intercambian favores, recursos o influencias. El caso Trump es ilustrativo. Como muestran reportes de CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington), durante su primera presidencia se registraron más de 4.000 conflictos de interés vinculados al Trump Organization, evidenciando cómo el poder político se convirtió en un canal para multiplicar negocios privados
A ello se suma su política de debilitar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), reduciendo controles sobre sobornos transnacionales, lo que se traduce en un marco de discrecionalidad ampliada.
Este tipo de prácticas no pueden analizarse sólo en clave legal, sino también sociopolítica. En la Argentina, el préstamo del FMI en 2018 generó denuncias judiciales por su carácter unilateral y sin autorización parlamentaria. Desde la tipología de estos autores, puede hablarse de corrupción de mercado (uso de recursos públicos para beneficios privados y partidarios) y corrupción pública (erosión del marco institucional en beneficio de redes personales de poder).
Trump se presentó como el outsider que combatía a un “sistema corrupto”, pero simultáneamente lo utilizó para ampliar su fortuna. De manera análoga, Milei en la Argentina apela al discurso anti-establishment mientras reproduce lógicas de endeudamiento y captura institucional en beneficio de élites corporativas y financieras.
Captura del Estado
La presidencia de Donald Trump constituye un caso paradigmático de captura del Estado por intereses privados. Desde su llegada a la Casa Blanca en 2017, Trump se negó a desprenderse de su conglomerado empresarial, el Trump Organization, generando una inédita superposición entre esfera pública y privada.
Trump no sólo capitalizó su posición para asegurar la rentabilidad de sus negocios tradicionales (hoteles, campos de golf, propiedades inmobiliarias), sino que expandió su portafolio hacia nuevos sectores de alto riesgo y rentabilidad especulativa como criptomonedas, redes sociales y acuerdos internacionales con gobiernos del Golfo Pérsico.
La presidencia, lejos de ser una interrupción en su carrera empresarial, funcionó como palanca para aumentar ingresos. Según sus declaraciones financieras, durante el primer mandato obtuvo más de 1,6 mil millones de dólares de ingresos adicionales, incluyendo millones provenientes de agencias federales que debieron pagar sus propiedades para alojar al Servicio Secreto
Una de las medidas más controvertidas de este segundo mandato fue la suspensión parcial de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que desde 1977 prohibía sobornos de empresas estadounidenses a funcionarios extranjeros. Trump había criticado esta ley en reiteradas ocasiones, calificándola de “horrible” por supuestamente colocar a las firmas estadounidenses en desventaja frente a competidores internacionales
El giro normativo implicó un retroceso histórico en la lucha contra la corrupción transnacional. En la práctica, la flexibilización del FCPA abrió la puerta a una mayor discrecionalidad en contratos internacionales, particularmente en sectores estratégicos como energía, infraestructura y defensa, donde las compañías ligadas al círculo presidencial ampliaron su margen de maniobra.
Trump normalizó el pago de favores y la explotación de su cargo para generar ingresos, en el plano externo procuró crear un entorno regulatorio favorable para extender este modus operandi a escala global.
Lo más llamativo del fenómeno Trump es que el propio líder construyó su legitimidad denunciando el sistema como “corrupto”. Durante su campaña presidencial en 2016, sostuvo que Washington era un “pantano” controlado por lobbies, donantes millonarios y políticos vendidos. Trump apela al malestar social frente a la corrupción estructural para legitimar un liderazgo personalista que, en los hechos, reproduce y amplía esas mismas prácticas.
El salvataje de 2018
La llegada de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015 estuvo acompañada por un viraje hacia políticas de liberalización financiera, apertura a los mercados internacionales y endeudamiento externo. En apenas tres años, la deuda pública argentina creció más de 110.000 millones de dólares, revirtiendo la relativa autonomía conseguida tras la reestructuración de la década anterior.
La vulnerabilidad macroeconómica que su propio gobierno instaló --déficit fiscal, déficit externo, caída de reservas-- desembocó en una crisis cambiaria en 2018 que llevó al gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El resultado fue el préstamo más grande en la historia del organismo, por un total de 57.000 millones de dólares. A diferencia de acuerdos anteriores, éste se caracterizó por su velocidad, magnitud y flexibilidad en las condiciones. La operación no contó con autorización previa del Congreso argentino, lo que generó denuncias de inconstitucionalidad y abrió causas judiciales contra Macri, el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central Luis Caputo
Diversas investigaciones periodísticas y documentos oficiales confirmaron que Donald Trump ejerció un rol decisivo en la aprobación y magnitud del préstamo del FMI. Como presidente de los Estados Unidos -principal accionista del Fondo con poder de veto-, Trump presionó al organismo para que otorgara un crédito excepcional con el fin de sostener políticamente a Macri, su aliado en la región.
El respaldo no fue gratuito. La administración Trump esperaba asegurar la continuidad de políticas económicas alineadas con los intereses de corporaciones estadounidenses y, al mismo tiempo, consolidar un socio estratégico en América del Sur frente a la creciente influencia de China. Al habilitar flujos financieros con escasa supervisión, el préstamo creó oportunidades para el desvío de fondos, la fuga de capitales y el beneficio de sectores privados estrechamente ligados al gobierno de Macri y a intereses corporativos extranjeros.
Procesos judiciales
La legalidad del préstamo fue cuestionada poco después de su firma. En 2018, el juez federal Jorge Felipe Di Lello abrió una investigación por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra Macri y su equipo económico
La acusación central señalaba que el Ejecutivo había contraído deuda sin autorización del Congreso, en violación al artículo 75 de la Constitución Nacional. El expediente también destacaba que la operación había generado un endeudamiento insostenible, con consecuencias sociales regresivas: incremento de la pobreza, inflación y deterioro del salario real. El juez Julián Ercolini recibió la causa para evaluar la legalidad del acuerdo y determinar si correspondía suspender los pagos de la deuda hasta esclarecer responsabilidades
El caso argentino refleja cómo la corrupción no siempre se manifiesta en sobornos individuales o actos aislados, sino en la captura estructural de organismos multilaterales. Como muestran estudios recientes sobre el FMI, muchas de sus reformas y préstamos, aunque formalmente orientados a estabilizar economías, pueden incrementar la corrupción al debilitar controles fiscales, facilitar la fuga de capitales y reforzar elites locales poco democráticas.
Milei en el escenario global
La relación con Donald Trump es paradigmática. Ambos comparten un discurso centrado en la deslegitimación del “sistema político corrupto”, al mismo tiempo que se benefician de él. Milei se autoproclama como outsider antisistema, pero su política económica --apertura indiscriminada de mercados, endeudamiento externo y desregulación financiera-- se ajusta a los intereses de capitales especulativos extranjeros y de empresas estadounidenses con fuerte presencia en la región
Al igual que en 2018, este año Estados Unidos volvió a desempeñar un rol clave en la negociación argentina con el FMI. En 2024, el secretario del Tesoro Scott Bessent anunció que “todas las opciones están sobre la mesa para ayudar al presidente Milei”, en un gesto explícito de respaldo político y financiero. La justificación oficial se centró en “preservar la estabilidad macroeconómica” y “apoyar las reformas estructurales”.
Sin embargo, detrás de esta narrativa se reproduce la misma lógica de 2018. El endeudamiento externo, lejos de ser una respuesta coyuntural a la crisis, constituye un mecanismo de captura estructural del Estado argentino. De este modo, Milei profundiza el patrón de dependencia financiera iniciado por Macri, ahora con un aliado más consolidado en Washington: el segundo mandato de Trump.
Triángulo de continuidad
El vínculo Milei-Trump se inserta, por tanto, en un triángulo más amplio que incluye a Mauricio Macri. Macri abrió el camino con el préstamo de 2018, Trump lo facilitó desde Washington, y Milei retoma ese legado, junto al mismo equipo económico de Macri, más radicalizado. El factor común es la subordinación de la política económica argentina a redes de corrupción transnacional, donde organismos multilaterales de crédito funcionan como instrumentos de dominación.
La lógica se repite con Milei, quien recibe respaldo del FMI y del Tesoro de los Estados Unidos bajo condiciones diseñadas para favorecer la liberalización y apertura de sectores estratégicos a capitales externos.
Desde una perspectiva histórica, lo ocurrido entre 2015 y 2025 puede leerse como un ciclo de continuidad y aceleración.
- Con Macri, la Argentina volvió al endeudamiento externo masivo y habilitó la intervención directa de Trump en el FMI.
- Con Milei, ese patrón no sólo se repite, sino que se acelera, con una agenda de desregulación radical que amplía la discrecionalidad y elimina controles.
- Trump, como articulador global, provee el marco internacional que hace posible esta dinámica, debilitando regulaciones anticorrupción (FCPA) y presionando sobre organismos multilaterales.
La historia reciente de la Argentina no deja lugar a dudas: la corrupción no es un efecto colateral del endeudamiento, es su motor secreto. Macri abrió el camino con un crédito monumental y opaco, Trump garantizó su concreción debilitando regulaciones globales, Milei lo radicaliza hoy bajo un discurso libertario que encubre viejos intereses corporativos.
El verdadero plan nunca fue estabilizar, sino desestabilizar para apropiarse. Nunca fue rescatar a la Argentina, sino hipotecarla. Nunca fue combatir la corrupción, sino gobernar a través de ella. En este sistema, la corrupción no es un accidente; es la estrategia de poder.
Por Pablo Tigani * Doctor en Ciencia Política / P12
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