Los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei, los famosos 180 días de gracia con los que supuestamente cuentan los gobiernos, expusieron con bastante claridad a una faceta sobre la cual, curiosamente, no se le suele poner el foco: la corrupción.

No solamente porque acumuló denuncias en la justicia o perfiló un bloqueo a los organismos de control, sino más porque posee dos características que le son propias frente al fenómeno: la corrupción como excusa para el recorte de políticas públicas y la captura del Estado por parte de grandes grupos económicos, uno de los tipos de corrupción más dañinos que existen y sobre los cuales la opinión pública no suele prestar atención. 

Lo que sigue es un repaso, de cuanto se conoce a la fecha. Probablemente, la lista sea más extensa.

La corrupción que conocemos, la casta está en orden

En estos meses, no faltaron denuncias sobre los tipos de corrupción más habituales y conocidos. A pesar del fenomenal recorte del gasto público, con la consecuente disminución de recursos para compras y contrataciones, se difundieron casos muy evidentes de corrupción en este tipo de procesos. 

El Ministerio de Capital Humano utilizó a organizaciones internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos para la compra de alimentos y contrató personal, evadiendo limitaciones presupuestarias y desactivando la motosierra, efectivo artilugio comunicacional de la campaña de Milei.

El mismo Ministerio a cargo de Sandra Pettovello también acudió a la famosa intermediación para la contratación de unas 300 personas. Se descubrió que había muchas sin antecedentes para el cargo que supuestamente ocupan, otros que nunca llegaron a trabajar a pesar de haber cobrado e incluso hay denuncias por “sobresueldos” pagados con la caja que proporcionaba esta modalidad de contratación que sirve para hacerle el ole a las regulaciones más básicas. Ya se encuentra interviniendo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. 

Las compras de alimentos mediante ese mismo intermediario, una forma de aplicar la tan denostada tercerización a la que acusan a los movimientos sociales, pasaron por encima de normas administrativas y hoy se encuentran paralizadas. Hay varias causas judiciales en las que se investigan estos hechos.

Otro tipo de corrupción, muy habitual de la “casta” de la que Milei y los suyos dicen diferenciarse, consiste en el uso de bienes o fondos públicos para un uso exclusivamente personal. Se trata de un tipo de privilegio de funcionarios y dirigentes que perdura hasta estos días. 

Los viajes del presidente de la Nación sin agenda de Estado son un ejemplo de ello, hechos denunciados penalmente por malversar fondos públicos. Los actos partidarios o las campañas de hostigamiento en las redes también lo son. Sobre todo ello ya existen expedientes judiciales tramitando.

Si el sacar provecho personal del erario fuera reprochable como públicamente sostiene el propio Milei, no se entiende la razón por la cual el Gobierno nacional otorgó en lo que a todas luces parece una dádiva a la senadora Carmen Lucila Crexel una cotizable embajada a cambio de su apoyo para una ley considerada clave para el plan libertario. Una representación en el exterior, con poco trabajo y un abultado sueldo en dólares, todo ello como pago pago por un apoyo político. Más casta no se consigue. 

Las irregularidades en las compras del Estado, la utilización de bienes públicos con fin privado o la utilización partidaria de contrataciones de personal han sido prácticas que Javier Milei denunciaba como corruptas en campaña. Sin embargo, en sólo seis meses, de Gobierno acumula demasiados de este tipo de hechos.

Santiago Caputo: para muestra basta un botón

Santiago Caputo es el asesor presidencial más importante. Participa del minúsculo círculo íntimo del poder y tiene una enorme influencia en la gestión cotidiana sobre asuntos y recursos públicos. 

Se fotografía a la cabeza de las reuniones de Gabinete y cuando el presidente viaja con su hermana, los cronistas acreditados en Casa Rosada cuentan que el líder de los Peaky Blinders se mueve por los pasillos con la prestancia de quien está ejerciendo el mando. Además, participa de muye exclusivas negociaciones políticas y empresarios.

A pesar de todo ello, no se autopercibe funcionario público y encontró la forma de no serlo aunque ejerza el poder y esquivar sus obligaciones. 

Misteriosamente, la Oficina Anticorrupción coincide al respecto: con la excusa de que su nombramiento se trata de una locación de servicio (firmada por Karina Milei), este monotributista categoría B, decidió no presentar declaración jurada patrimonial ni de intereses. Lo hizo contradiciendo al decreto 41/99 que aprobó el Código de Ética Publica.

La OA, sin ninguna razón atendible, convalidó este accionar, a todas luces realizado para intentar evadir la Ley de Ética Pública. El organismo de control claudicó ante el poder del joven que se pasea con el prendedor de “La Mano del Rey”. 

La ciudadanía se perderá la oportunidad de conocer la evolución patrimonial de Caputo porque no habrá organismo de control que haga esa tarea.

Tampoco, se espera que se analicen los eventuales conflictos de interés que se den entre su rol como titular de una consultora de comunicación y el de asesor presidencial. Resumiendo, Caputo no rendirá cuentas de nada.

Este “siga siga” seguramente dará que hablar, Caputo controla la caja negra cada vez más negra de la Agencia Federal de Inteligencia, sobre la cual comentaré más adelante en este artículo.

Un tipo de corrupción, de escala, sin precedentes: la captura del Estado

Primero, cabe ponernos de acuerdo sobre lo que se conoce como “Captura del Estado”. Es uno de los tipos de corrupción que, no sólo existe, sino que es reconocido como de los más perjuciales en términos económicos e institucionales. Lo dicen organizaciones insospechadas de peronistas o izquierdistas, como por ejemplo Transparencia Internacional o el propio Fondo Monetario Internacional. Organismos tan disímiles como la OCDE o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre el enorme perjuicio que este tipo de corrupción puede producir, en términos económicos, pero también a nivel social y político.

Esta captura consiste, básicamente, en la toma del control de áreas de gestión de gobierno por parte de alguna corporación a los efectos de torcer aquello que debiera dirigirse al bien común, al colectivo, hacia el interés propio-privado.

En general, se da con el nombramiento en la gestión de personas que responden al mando de las corporaciones. Sus movimientos, decisiones, políticas, como con un joystick, las definen actores no estatales, privados en este caso, con el objetivo de obtener un beneficio propio.

El actual Gobierno tiene una gran cantidad de áreas, de gran relevancia política, económica y social, capturadas por parte de poderosas corporaciones de los más diversos rubros. O, a la inversa, hay grandes grupos económicos que han capturado importantes áreas en las que han colocado a personas vinculadas con ellas en cargos de relevancia para la toma de cisiones.

Veamos algunos ejemplos:

• Corporación América: con múltiples intereses en servicios, agroindustria, energía, minería, infraestructura, entre otras actividades. En este holding, que cotiza en la Bolsa de New York, trabajaron, además del propio presidente de la República, los dos jefes de Gabinete, el renunciante Nicolás Posse y el actual Guillermo Francos. También, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, prestó servicios en el grupo, lo mismo que el ya renunciado titular de Infraestructura Guillermo Ferraro.
• Grupo Techint: también cotiza en la Bolsa de New York, amén de estar radicada legalmente en un paraíso fiscal, a los efectos de evitar una mayor carga tributaria. Techint es la principal empresa industrial de la Argentina. Distintos ejecutivos de la compañía ocupan cargos en el gobierno libertario, alguno de ellos en sectores directamente vinculados con el negocio de la firma, como por ejemplo YPF, donde colocó a quien ejerce la Presidencia de la petrolera de bandera con mayoría de acciones en manos del Estado. Pero además, el holding de Paolo Rocca, vicepresidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), logró colocar a quien está a cargo de la Secretaría de Trabajo, Julio Cordero. Todo conflicto laboral tendrá quien lo resuelva, ya sabemos a favor de quién.

Hay casos donde la captura es focalizada. Por ejemplo, el titular de la Superintendencia de Salud, Gabriel Oriolo, trabajó durante décadas en OSDE, la principal empresa a ser regulada por el organismo. Aquello del zorro a cuidar el gallinero.

Los principales estudios jurídicos, abogados de las grandes empresas, son en muchos casos vehículos de la captura. “Lisicki Litvin”, principal estudio tributarista del país, colocó a la titular de la AFIP. Al frente de la Secretaría de Minería, quedó un socio de “Marval, O'farrell & Mairal”. De Cassagne, especialistas en derecho administrativo, es María Ibarzabal Murphy, actual secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación. Desde este cargo, se propiciaron las reformas en las reglas de litigación contra el Estado incorporadas en el DNU 70/2023 y la “Ley Bases”. No se trata sólo de colocar al árbitro, las corporaciones lograron imponer el reglamento. Y si se trata de redactar leyes, el estudio “Bruchou & Funes de Rioja” dejó todos los dedos marcados cuando al momento de girar al Congreso el proyecto de la “Ley Bases”, al Poder Ejecutivo se le olvidó borrar el nombre de uno de sus autores, y así nos pudimos enterar de la participación intelectual de socio Ángel Kusa.

Va una aclaración importante: si estos Estudios, estuvieran haciendo un aporte desinteresado, ad honorem, pro bono, a favor del interés público, pues entonces ¿por qué ocularlo? Es un trabajo en las sombras. Si es a favor suyo o de algún cliente, se desconoce. Están lejos de cualquier noción de transparencia, lejísimos de cualquier sentido ético en la vinculación con el sector público. “Fin”, diría algún gamer reciclado en vocero.

La corrupción como excusa

En estos seis meses, casi todos los recortes de fondos y el cese de políticas públicas, estuvieron acompañados de denuncias mediáticas o judiciales de corrupción. Esta justificación encontró amplio eco en formadores de opinión oficialistas, pero en los tribunales estuvieron lejos de acreditarse.

El ejemplo más evidente, también el más dramático, fue la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Tal como contó El Destape, desde diciembre pasado, muchísimos pacientes que sufren enfermedades infrecuentes han dejado de recibir el tratamiento que antes brindaba el Estado Nacional. El Gobierno de Javier Milei decidió trasladar la DADSE, que distribuía esa medicación, desde el Ministerio de Desarrollo Social al de Salud. Desde ese momento, los envíos se volvieron erráticos, arbitrarios e inciertos. Se acumularon decenas de testimonios al respecto.

La decisión de abandonar quedó en evidencia con el tiempo. Pero para mitigar el impacto de una decisión injusta y criminal, el Gobierno la decoró con una denuncia penal por presuntas irregularidades. Sin embargo, en unas pocas semanas, la justicia la desestimó por falta de pruebas.

Otro tanto sucedió con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Política pública diseñada y ejecutada con amplio consenso político y social, fruto de los fondos provenientes al impuesto a las grandes fortunas, que se destacó por obras que mejoraron las vidas de miles de argentinos y argentinas. Política que, además, contó con múltiples instancias de auditoría y control, procesos de los cuales participaron universidades públicas y privadas, la SIGEN, entre otros.

Su implementación estuvo a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana, quien coordinó, además, con la Oficina Anticorrupción el desarrollo de políticas de integridad que incluyeron a muchas cooperativas encargadas de la realización de las obras. No faltaron políticas de transparencia y acceso a información que permitieron a quien quisiera saber sobre el trabajo realizado, acercarse al mismo.

Sin embargo, como el Gobierno nacional estaba decidido a eliminar el FISU, aquí también optó por acompañar esta decisión junto a denuncias, mediáticas y judiciales, de corrupción que involucraban a las funcionarias a cargo de su administración. Lo propio hicieron con Juan Grabois, su referente político, que no era funcionario del área.

Algunas de ellas se archivaron por inexistencia de delitos, otras, aún, tramitan sin que se ningún juez o fiscal interviniente a la fecha haya encontrado el más mínimo indicio de haberse cometido un acto de corrupción. Tal es el fracaso que esta semana abundaron la notas en medios oficialistas diciendo que el Gobierno había organizado un grupo de tareas para encontrar irregularidades y contraatacar a Juan Grabois luego de la victoria del dirigente social en los tribunales, que concluyó en la orden del juez Sebastián Casanello para que el Ministerio de Capital Humano reparta los alimentos que tenía retenidos adrede, a pesar de las serias necesidades alimentarias que hay en nuestro país.

Como se ve, el objetivo era el recorte de fondos para sectores populares, la corrupción, simplemente una excusa.

Desmontando, también, las políticas anticorrupción

Las políticas anticorrupción del Gobierno se limitan a la denuncia. El ministro de Justicia planteó la idea de crear una Fiscalía Anticorrupción, pero alguien le advirtió que tal cosa ya existe y tuvo que retroceder.

Cúneo Libarona presentó también una propuesta para limitar el rol de querellante de la Oficina Anticorrupción. En realidad, dijo que lo haría. Luego, otro alguien le advirtió que eso sería inconveniente, dada la idea de espectacularizar la supuesta lucha contra la corrupción, y entonces cambió de opinión. La OA ya está trabajando en nuevas querellas y apuntó hacia allí sus recursos.

El ex titular del Ministerio de Infraestructura de la Nación, Gabriel Katopodis, había impulsado políticas de integridad reconocidas por organismos internacionales. Del Observatorio de la Obra Pública al Mapa de Inversiones, todo fue abandonado por los libertarios, mostrando poca adherencia a la transparencia de la gestión de la cosa pública. Entre 2019 y 2023, no hubo una sola denuncia de corrupción en la obra pública, y eso que sí se hicieron muchas.

Durante la intervención de Cristina Caamaño en la Agencia Federal de Inteligencia, los fondos reservados, históricamente sin control, se redujeron a su mínima expresión y se aplicó un protocolo para su control interno. Ese dinero, que por naturaleza es opaco, han servido desde que todos tenemos memoria para corromper adentro o afuera del Estado (en sus tres poderes). Limitarlos fue una política anticorrupción en sí misma. Pues bien, con el gobierno de Javier Milei los fondos reservados han vuelto y se ampliaron, pero, además, se limitaron los controles sobre su gestión. Un escándalo.

Más temprano que tarde veremos si desde allí salió la plata destinada a tapar algún escándalo de corrupción, a realizar alguna operación de prensa o a propiciar el desmán callejero que justifique la represión que da contexto a este ajuste libertario.

Por Luis Villanueva * Ex Subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia en la Oficina Anticorrupción / El Destape