Han transcurrido menos de tres meses del Gobierno del presidente Javier Milei y los resultados desde el punto de vista social, o sea la calidad de vida del pueblo, van quedando cada vez más expuestos. En tal sentido resulta muy impactante lo indicado por el trabajo del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que muestra para el mes de enero una situación muy grave, solo comparable con los guarismos de 2001, que terminaron en una crisis política y humanitaria.

Según la UCA, en el tercer trimestre de 2023, la pobreza, que ya era altísima, alcanzaba el 44,7%, pero en enero registra un salto notable para llegar el 57,4%. A este dato, de por sí lacerante, se debe agregar el de indigencia que trepó al 15%. Siempre es oportuno aclarar que la palabra indigencia es engañosa, ya que ese índice representa a las personas adultas y niños que no pueden acceder a la alimentación, es decir, que pasan hambre.
Así las cosas, debemos asumir que en nuestro país hay 27 millones de pobres y 7 millones de personas que pasan hambre. Para nosotros, como cooperativistas y como militantes solidarios, siempre con la meta de una democracia social y participativa, estos guarismos nos generan una situación no solo preocupante e inquietante, sino que nos interpelan a asumir posiciones culturales, ideológicas y políticas críticas del actual modelo, que va llevando en forma violenta y abrupta a esta situación. El propio presidente de la Nación enarbola la idea del inevitable «ajuste doloroso» que se debe transitar. Ya ha manifestado que su proyecto es de largo plazo y que verá sus frutos dentro de muchos años. Más precisamente casi medio siglo según expresó en su mensaje de fin de año, el 31 de diciembre pasado: «Nuestras reformas implicarían niveles de libertad económica que en un lapso de 45 años nos permitiría aspirar a multiplicar por 10 nuestro PIB per cápita, alcanzando niveles similares a Irlanda».
Su proyecto se ve fortalecido por el claro apoyo de las grandes organizaciones corporativas empresarias, entre otras, Asociación Empresaria Argentina (AEA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Unión Industrial Argentina (UIA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Cámara Argentina de Comercio (CAC) y Cámara Argentina de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM), que mostraron su respaldo a estas políticas con la mira puesta en la inminente subasta de los bienes públicos tal como se propone el actual plan económico y, complementariamente, con el proyecto de liquidación de los principales derechos laborales y la avanzada sobre las obras sociales. Todo indica que no se trata de una cuestión de índole partidaria política, sino de un proyecto de desarticulación de las organizaciones sindicales, lo cual debilitaría las luchas por las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras.

Sembrar polarización

Además, el presidente continúa su ataque a los gobernadores, a los que responsabiliza por su derrota parlamentaria y los acusa de traidores, junto a los partidos políticos y al propio Congreso nacional como tal. Lo cierto es que en los primeros dos meses de Gobierno la inflación superó el 46% y los resultados de esa política, son los enunciados al inicio en términos de pobreza, indigencia y pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, el presidente celebra con exaltación el logro del superávit del mes de enero como si fuera una meta técnica desvinculada de la vida de la sociedad y del sistema productivo.
No deja de lado su accionar en las redes sociales, con ataques variados complementados ahora con la crítica descarnada a la afamada artista Lali Espósito, especulando con que esa disputa le conviene en términos de batalla cultural. Todo indica que esa «conveniencia» nutre la polarización social incluyendo el componente del odio como elemento descalificante de eventuales opositores colocándolos en la categoría de enemigos. Lo cierto es que el mundo de la cultura y el de la ciencia, vienen reaccionando en defensa de su identidad, su derecho a expresarse y su trabajo en forma militante contra los planes restrictivos de sus organizaciones de gestión y representativas.
Mientras tanto el denominado campo popular, que incluye al peronismo y otras fuerzas políticas y sociales, recibió con beneplácito el documento presentado públicamente por la expresidenta Cristina Fernández la semana pasada, en el que no solo critica los planes económicos de la actual administración, sino que también realiza un reconocimiento autocrítico del Gobierno del Frente de Todos, y esencialmente plantea caminos con vistas a la conformación de un bloque social y político alternativo frente a la dramática emergencia social. 

Por Juan Carlos Junio