El Gobierno exhibe un superávit fiscal que, detrás del discurso de orden y disciplina, se sostiene en una ingeniería contable que esconde intereses de deuda y traslada obligaciones con exportadores e importadores a pagos en dólares que recién se harán efectivos en 2027. Esa combinación permite mostrar números positivos hoy, mientras las cuentas reales se deterioran por la caída de la recaudación, el aumento de los intereses y el impacto de la recesión sobre los recursos fiscales. El resultado es un equilibrio aparente que se sostiene con postergaciones, capitalizaciones y diferimientos que alteran la fotografía que Economía difunde mes a mes.
La clave del mecanismo está en la forma de contabilizar los compromisos del Estado. Los especialistas remarcan que el Gobierno computa como gasto corriente sólo lo que se paga en efectivo, sin sumar la deuda flotante y dejando fuera del radar los intereses que se acumulan y se convierten en nueva deuda. Esa operación cambia de manera sustancial el resultado fiscal: si a los intereses pagados se agregan los intereses capitalizados, el resultado financiero acumulado a octubre pasa a ser un déficit equivalente a 2,3 por ciento del producto. La diferencia respecto de los datos que presenta Economía es significativa, porque el ministerio muestra superávit financiero incluso en un contexto de recaudación en retroceso y de intereses que crecen por encima de la inflación.
Ese contraste no sorprende dentro del propio Gobierno. Un ex funcionario de Hacienda lo sintetizó con una frase tan directa como reveladora: la contabilidad no miente, pero permite ciertos encuadres. Su argumento apunta al corazón del relato fiscal oficial, que presenta el superávit como la pieza central del programa económico. Sostener esa narrativa requiere que los resultados sigan una línea ascendente. Cuando los ingresos aflojan y algunos gastos suben, la respuesta pasa por reordenar devengados, postergar pagos o directamente correrlos fuera del ejercicio fiscal vigente.
La dinámica de los intereses es un ejemplo claro de ese proceso. Según estimaciones privadas, el gasto en intereses creció 4,3 por ciento en términos reales, incluso sin sumar los intereses capitalizados que se agregan como deuda futura. Al mismo tiempo, la recaudación de octubre alcanzó 11,9 billones de pesos, lo que implica una caída real de 2,4 por ciento respecto de 2023. El efecto combinado es evidente: menos ingresos, más intereses y un resultado financiero que, medido fuera del criterio caja, vuelve a terreno deficitario. Los números muestran además que el superávit primario cayó 16 por ciento real interanual y que el superávit financiero se redujo 25 por ciento en términos constantes.
A ese deterioro se sumó la maniobra que el Gobierno adoptó para postergar sus deudas con exportadores e importadores. La Resolución 1.834/2025 instruyó a ARCA a convertir a dólares todos los saldos adeudados acumulados hasta el 31 de octubre por devoluciones de impuestos, pedidos de pago, saldos de libre disponibilidad y Reintegros a la Exportación. El movimiento parece un beneficio para el sector privado, pero el artículo 2 establece que quienes opten por dolarizar solo podrán solicitar devolución o compensación a partir del 1 de enero de 2027.
Las empresas lo definieron sin rodeos: es rollear deuda fuera del calendario fiscal inmediato. Lo que debería computarse como obligación corriente queda congelado por más de un año y medio. Un empresario autopartista lo expresó con crudeza al afirmar que la industria, golpeada por la recesión, se ve obligada a financiar al fisco sin opción, como si se tratara de un bono compulsivo. El monto involucrado es relevante. Según estimaciones legislativas, los saldos adeudados por Impuesto PAIS, reintegros y libre disponibilidad ascienden a 1.500 millones de dólares. Esa cifra implica que 0,2 puntos del producto pasan del déficit de 2025 al déficit de 2027 de manera automática, lo que maquilla la foto fiscal actual.
La lógica es la misma que aparece en la discusión por los intereses: cuando las cuentas no cierran, la respuesta es mover gastos hacia adelante o sacarlos del registro corriente. Esa estrategia sostiene momentáneamente el relato del superávit, pero arroja una foto fiscal cada vez más frágil. El propio Ministerio de Economía informó que en octubre el superávit primario fue de 823.925 millones de pesos y el superávit financiero de 517.672 millones de pesos. Con esos resultados, el acumulado de los primeros diez meses alcanza 1,4 por ciento del producto para el superávit primario y 0,5 por ciento para el financiero, números que el Gobierno considera alineados con la meta de 1,6 por ciento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La composición del ajuste revela la magnitud del recorte. Distintos estudios muestran reducciones reales en jubilaciones, salarios públicos, prestaciones sociales, obra pública y partidas de salud, educación y seguridad. En algunos rubros, las caídas acumuladas desde el inicio de la gestión suman varios billones de pesos. El Estado sostiene así un equilibrio contable que depende más del ajuste del gasto que de una mejora genuina de los recursos.
El límite aparece en la dinámica de la propia economía. Con la actividad en retroceso y la recaudación en caída, la estrategia de ajuste enfrenta un margen cada vez más estrecho. El superávit que Economía comunica cada mes se construye sobre postergaciones, dolarizaciones de pasivos y capitalizaciones de intereses que trasladan obligaciones hacia adelante, pero no resuelven los desequilibrios de fondo. Si la recaudación no se recupera y la economía no repunta, el modelo pierde consistencia. El orden fiscal que el Gobierno presenta como logro empieza a mostrar, detrás de la superficie, un andamiaje sostenido por recortes que no pueden prolongarse indefinidamente y por compromisos que, tarde o temprano, volverán a aparecer en las cuentas públicas.
Por Juan Garriga / P12
Te puede interesar
Lo más visto
