En medio de voces críticas por sus posibles consecuencias judiciales, oficiales superiores de alto rango de las Fuerzas Armadas y sectores cercanos a la vicepresidenta Victoria Villarruel rechazan un decreto del ministerio de Defensa por el que se autorizó a que los militares puedan detener civiles en la frontera norte y noreste del país. La norma dispone que estarán facultados para intervenir siempre que exista una comisión de delitos "en flagrancia".

"Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", escribió el ministro de Defensa, Luis Petri, en redes sociales. La medida encontró rechazos en distintos sectores, según informó Luciana Bertoia en "Desde el canil".

El operativo lleva el nombre de “Julio Argentino Roca”, "una provocación simbólica", según apuntó la periodista, y contempla el despliegue de tropas en la provincia de Salta. La resolución contiene una cláusula “reservada” conocida como "regla de empeñamientos" que versa sobre el uso de armamento. El diario Clarín reveló que dichas reglas permiten la detención de personas. “Eso es un problema, porque desde 1988, con la ley de Defensa Nacional N° 23.554, y luego en 1991 con la de Seguridad Interior N° 24.059, se separó por completo a los militares de cualquier función policial”, explicó la periodista. 

En la rueda informativa del programa que se emite de lunes a viernes a las 18 por Bravo TV, Bertoia explicó que el Gobierno quiso impulsar durante 2024 la reforma de las dos leyes por medio de un proyecto que nunca obtuvo dictamen. Frente a la encerrona, dictó dos decretos: en diciembre, derogó la llamada “Doctrina Garré” que limitaba la actuación militar únicamente a agresiones externas. Además, también por decreto, se autorizó su intervención para proteger “objetivos estratégicos”, sin precisar cuáles se definen como tales.

A las expresiones de rechazo de los jefes militares se sumó además la de los exministros de Defensa Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy. “Está reñido con la legislación vigente”, sostuvo el primero. “Es directamente ilegal”, sentenció el exministro de Defensa, Agustín Rossi.

Incluso la activista en defensa del accionar militar durante la última dictadura, Cecilia Pando, manifestó su oposición: “Cuando terminen los juicios de lesa humanidad van a comenzar a juzgar a los que manden a la frontera”, lanzó, según mencionó Bertoia.

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