Un gobierno al que se le multiplican las urgencias responde redoblando la represión. La convocatoria multisectorial que de forma espontánea fue organizándose alrededor de la marcha semanal de jubilados frente al Congreso de la Nación, en réplica a la violencia policial ejercida contra esa misma protesta en las últimas ocasiones, encuentra como respuesta oficial solamente la amenaza de más violencia y castigos arbitrarios y por afuera de la ley. Es el único lenguaje que habla.

Una de las características de los regímenes autocráticos o de características autoritarias como el que Javier Milei construye día a día con sus decisiones es que se borronea la línea entre lo que es legal y lo que no. Se trata de una operación que funciona en dos sentidos. Por un lado las fuerzas de seguridad tienen patente para actuar fuera de la ley, deteniendo, lastimando y matando sin apego por el cumplimiento de las normas ni, en muchos casos, consecuencias por sus actos.

Eso significa, simultáneamente, para el resto de la población, el riesgo más alto o más bajo, pero nunca igual a cero, de ser víctima de ese aparato represivo sin haber cometido un delito que justifique la persecución. Todos pasamos a ser potencialmente criminales o, mejor dicho, todos podemos recibir ese tratamiento, sin garantías procesales ni juicio previo. A los criminales les corresponde el castigo de “cárcel o bala”, de acuerdo al candidato oficialista en el distrito más grande del país.

Para evitar la afluencia de grupos organizados de hinchas de fútbol (no barrabravas) en apoyo de los jubilados la ministra de Seguridad Patricia Bullrich emitió un comunicado amenazando con aplicar el derecho de admisión deportivo a aquellos que participen de las protestas. Ilegal por donde se lo mire, pero a esta altura del partido es evidente que eso es lo último que le importa a este gobierno que se endeuda con el FMI y pone jueces en la Corte Suprema por decreto.

Como con todo lo que rodea al mandato de Milei, esta historia no podría contarse sin la colaboración opositora. El lunes se promulgó la llamada Ley Antimafias, que desconoce las garantías constitucionales para brindarle a Bullrich (o al gobierno de turno) y al Ministerio Público Fiscal herramientas poderosísimas para perseguir a la oposición y a las protestas sociales. Fue aprobada en las dos cámaras del Congreso con votos de todos los bloques.

La Ley Antimafias se puede aplicar contra quienes con sus actos provoquen o busquen provocar “temor a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales o a las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad federales”, lo cual podría aplicarse a cualquier protesta, como ya sucedió el día que el Senado trató la Ley de Bases y el presidente denunció desde su cuenta en X un supuesto golpe de Estado. Hubo 35 inocentes detenidos varios días por acusaciones de terrorismo.

A partir de la promulgación de la norma se puede “detener a una persona hasta por cuarenta y ocho horas” sin orden de un juez. “Cuando la investigación sea compleja”, agrega, “la detención tendrá una duración máxima de 15 días” que puede prorrogarse por quince más. También habilita allanamientos e interceptación de comunicaciones sin orden judicial. En el caso de las escuchas quedarán en manos de la policía, algo que hasta ahora no estaba permitido por la ley argentina.

Sin embargo la novedad más preocupante es el artículo que establece que “será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido” por una organización “cualquiera de los miembros de dicha organización” si, por ejemplo, esos hechos se producen “para intimidar a las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales”. A partir de ahora, todos los que participen de una marcha pueden ser condenados por cualquier delito que cometa un asistente o un infiltrado.

En este contexto es que tomó vuelo en las últimas horas una preocupante versión respecto al vuelo privado de Miami a Buenos Aires que fue eximido de revisiones aduaneras por órdenes del más alto nivel político, según relató esta semana el periodista Carlos Pagni en su programa semanal de TV. De acuerdo a esta versión, el contenido de las valijas que llegaron a bordo de ese vuelo no era solamente dinero en efectivo sino herramientas destinadas al espionaje ilegal.

Por Nicolás Lantos / El Destape