El presidente electo señaló que se necesita un ajuste de 15 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y que, si la política no se ajusta, va a llevar la pobreza al 90%. Pero, más allá del componente simbólico, ¿cuánto cuesta mantener a las autoridades del Estado? ¿Qué porcentaje del gasto público representa la administración gubernamental? ¿Alcanza eliminando ministerios o el recorte implicaría ingresar directamente a nuestro bolsillo?

La propuesta de Milei para recortar esos 15 puntos se explica en el ajuste de 5 puntos del gasto público y los otros 10 puntos en el recorte de la emisión que realiza el Banco Central y los intereses que paga por las Leliqs.

Veamos la primera parte. El gasto público nacional representa aproximadamente el 20% del PBI, según la ejecución presupuestaria base caja de 2022, pero ¿cómo está compuesto este gasto?

El 67% del gasto estatal recae en los Servicios Sociales, con las jubilaciones y pensiones encabezando la lista con el 45% del gasto público. En términos del PIB, las jubilaciones y pensiones representan aproximadamente el 8%. ¿Es acá donde se apuntará el recorte presupuestario? No tan rápido.

Los servicios económicos cubren el 16% del gasto y abarcan en mayor medida a los subsidios a la energía, combustibles y minería y a los subsidios al transporte, lo que delimita un mapa complejo de asignaciones que impactan de manera directa en el bolsillo de las y los trabajadores. Sin embargo, los servicios económicos sólo representan alrededor de 3 puntos del PIB.

Ahora bien, otro componente interesante es el porcentaje que representa la deuda pública, que en 2022 representó el 8% del gasto, pero según el presupuesto de 2023 la cifra ascendió a 10%, la mayoría corresponden a los intereses al Fondo Monetario Internacional. Acá nos encontramos con un escenario al que el nuevo presidente electo no parece dispuesto a alterar, ya que reiteró en distintas oportunidades que la deuda con el FMI se paga. Lo cual, nos invita a suponer que el recorte no se dirige hacia este lado del gasto.

En escala descendente, los gastos de la administración pública aparecen en cuarto lugar, que, con un modesto 5%, distribuyen sus fondos entre los tres poderes. ¿La sorpresa? El poder judicial acapara el 52% de las remuneraciones estatales, mientras que el 48% restante se divide entre el legislativo y el ejecutivo. Un panorama insidioso que pone de relieve cómo se distribuye el gasto del Estado entre las estructuras de poder y sus funcionarios. No obstante, si analizamos el gasto de la administración pública en términos del PIB apenas representa el 1%.

Resulta llamativo que, para alcanzar el equilibrio fiscal, el nuevo presidente se enfoque exclusivamente en recortes presupuestarios en lugar de explorar estrategias para aumentar y mejorar la recaudación. Sin embargo, esta perspectiva se alinea con su enfoque libertario, que busca reducir la intervención del Estado. Además de votar a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría propuesta por Massa el pasado 19 de septiembre, Milei ratifica su postura a favor de la reducción de impuestos y se espera que mantenga la eliminación de ganancias y la devolución del IVA.

El desafío de llevar adelante un ajuste del 5% del PIB se torna especialmente complejo si se intenta realizar sin afectar el presupuesto destinado a jubilaciones y pensiones, o sin eliminar los subsidios a la energía y al transporte. Si a esto le sumamos una disminución en la recaudación, la meta de alcanzar el equilibrio fiscal se vuelve prácticamente inalcanzable.

Leliq y el ajuste de 10 puntos

El segundo análisis que debemos desarrollar es el ajuste de los 10 puntos restantes. Como se mencionó al inicio de la nota, este recorte se contempla mediante la eliminación de la deuda del Banco Central, lo cual requiere abordar el desafío de las famosas Leliqs. Milei mencionó que en este caso se llegará a una solución de mercado y que se van a respetar rigurosamente los derechos de propiedad, recordando el precedente del Plan Bonex y rechazando la idea de retener los plazos fijos de los ahorristas. Ahora, para resolver este problema en términos de mercado se deberían canjear las Leliqs por otro activo, lo que nos lleva a replantearnos algunas opciones limitadas. Entre las alternativas evaluadas, se contempla la posibilidad de adquirir una nueva deuda externa, lo que implicaría una mayor carga en el presupuesto de las generaciones futuras.

La complejidad del presupuesto nacional revela un entramado de prioridades y asignaciones presupuestarias que, si bien reflejan necesidades sociales y económicas, también plantean desafíos para el diseño de estrategias que aseguren un equilibrio financiero sin perjudicar a los sectores más vulnerables, ni complicar el funcionamiento de las instituciones estatales clave y sin comprometer el presupuesto de las próximas generaciones. La discusión sobre el ajuste del gasto se convierte así en un debate crucial que no debemos pasar por alto, exigiendo decisiones equitativas y fundamentadas que preserven el bienestar económico y social del país.

Por Paridad en la Macro