La presidenta de la Signal Foundation, Meredith Whittaker, ha dejado sumamente claro en unas declaraciones que si el Reino Unido aprueba la Online Safety Bill, una proposición de ley inicialmente tramitada por Boris Johnson y que está a punto de ser votada en el Parlamento, abandonará completamente el mercado británico.

¿Qué es la Online Safety Bill y por qué irrita tanto a una app de mensajería electrónica como Signal? La respuesta es muy sencilla: la ley requiere a las compañías que ofrecen servicios en la red que puedan patrullar los contenidos creados por los usuarios en busca de cuestiones como la pornografía infantil o el terrorismo, algo que Signal, que precisamente hace bandera de la privacidad de sus usuarios y de su cifrado extremo a extremo, simplemente no puede hacer.

Según la compañía, si la ley les obliga a debilitar su cifrado de alguna manera para poder llevar a cabo esas inspecciones, se negarían a colaborar, lo que implicaría su retirada del mercado para evitar posibles sanciones. Eso es lo que se llama una postura coherente. Algunos podrán decir que, en realidad, hablamos de una fundación sin ánimo de lucro cuyos ingresos no dependen de sus usuarios y que, por tanto, puede tomar esa decisión con una facilidad mayor que otras, pero la realidad es que para los planes de expansión de Signal, plantearse abandonar un mercado tan importante como el del Reino Unido podría suponer un revés estratégico muy importante.

WhatsApp, que utiliza el mismo protocolo de cifrado creado por Signal y publicado como código abierto, se ha expresado en los mismos términos afirmando que se negará a rebajar su seguridad a petición de ningún gobierno, porque el escaneo constante de las comunicaciones por parte de las plataformas es algo que carece de sentido.

La idea es perfectamente clara: si obligas a las plataformas, sean de mensajería instantánea o de otro tipo, a patrullar constantemente lo que los usuarios dicen a través de ellas, los delincuentes simplemente se irán a otro sitio o adoptarán códigos difíciles de detectar, y la acción no solo no valdrá para nada, sino que habrá tenido lugar a costa de la privacidad de todos los usuarios, algo que no debería tener ningún sentido en un país democrático.

La obsesión de algunos gobiernos por tratar supuestamente de proteger a sus ciudadanos esgrimiendo argumentos como la protección de los menores o el terrorismo – o antes, la protección de la propiedad intelectual – debería hacer pensar a sus ciudadanos qué es lo que realmente pretenden proteger. Posiciones claras como la de Signal ayudan a entender la criticidad de esta cuestión y a que los ciudadanos no compren la dialéctica de «no tengo nada que ocultar, y por tanto no tengo nada que temer» que esos gobiernos pretenden venderles.

La privacidad debe ser entendida como un derecho humano fundamental, inalienable en sociedades democráticas. Si para obtener una cierta sensación (falsa, además) de seguridad, tenemos que implantar sistemas que vigilan a todos los ciudadanos, es un síntoma inmediato de que las cosas están mal pensadas y hay que replantearlas completamente. Cuanto antes todos los políticos de países democráticos se graben esto en sus cerebros, mejor para todos.

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