A dos meses y días del atentado, en su primera aparición en público, Cristina elige hacerlo ante el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica. El acto, de indudable carácter simbólico, constituye una reafirmación del contenido fundamental de su proyecto político. Exhibe un gráfico que muestra una diferencia de 15 puntos entre la productividad de las empresas y los salarios; y señala que esa diferencia es la renta extraordinaria de la que se apropia el capital en nuestro país. Se pronuncia por la necesidad de un aumento de suma fija para los trabajadores, sin que ello implique desechar la importancia de las paritarias.

A mediados del 2013 –durante el gobierno de Cristina– Paolo Rocca afirmaba que los sueldos de los obreros siderúrgicos argentinos eran demasiado altos: 24 dólares por hora de trabajo, mientras que los de los mexicanos eran de 12 y los de los brasileños de 9 dólares por hora. En el acto de Pilar, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, recordó que los sueldos eran en el 2015 de 2.400 dólares, mientras que hoy apenas alcanzan los 1.000 dólares mensuales. 

En menos de una década la clase dominante logró su principal objetivo: la rebaja del valor de los salarios de los trabajadores argentinos, que hasta 2015 fueron los más altos de América Latina. Los instrumentos empleados por su gobierno a partir del 10 de diciembre de 2015 fueron la devaluación, el alza permanente de los precios de los productos de consumo y de las tarifas de los servicios públicos en manos privadas.

Desde entonces se registra una redistribución cada vez más regresiva del ingreso: en el 2015 la participación del trabajo representaba el 51,8% y la del capital el 48,2%; en 2019 el trabajo baja al 46,1% y el capital sube al 53,9%, y en 2021 vuelve a bajar al 43,1%, elevándose el capital al 56,9% de la renta nacional.

El economista Hernán Letcher ha manifestado hace unos días que durante los primeros seis meses de 2022 la rentabilidad de las grandes empresas ha crecido en dólares un 20% por sobre la obtenida en 2021, lo que agrava aún más la distribución regresiva del ingreso.

La fuerza de trabajo es a la vez fuente de valor agregado y un costo para el capital. Mientras que su costo –el salario– es fijo y definitivo, la realización de la plusvalía depende de la venta de las mercancías producidas y de la importancia de la competencia. En consecuencia, a fin de afrontar el riesgo de la competencia, el empresario tratará de bajar el costo de la fuerza de trabajo con mayor efectividad que aquella.

De ello se desprende que –contrariamente a lo que sostienen quienes reclaman supresión o rebaja de impuestos sobre el capital– el principal objetivo de este no es el aumento de la inversión productiva, sino la minimización del costo de la fuerza de trabajo, objetivo que el gran capital ha logrado en nuestro país.

La llamada puja distributiva se basa en la lucha entre capital y trabajo por la distribución del producto global creado.

La reducción salarial puede ser absoluta y lograrse a través de la fuerza –como ocurriera en las dictaduras cívico-militares de 1955 y 1976– o de una fuerte devaluación –como durante el gobierno de Cambiemos–, pero con mayor frecuencia es relativa, a través del aumento de la productividad del trabajo, ya fuere por la intensificación de los ritmos de producción como por la incorporación de nueva tecnología o por ambos factores a la vez.

En virtud del dominio del capital financiero a escala mundial, el empleo se ha convertido en la principal variable de ajuste tanto a nivel de la macroeconomía como de la microeconomía. En el primer caso las políticas económicas han contribuido a la elevación de la rentabilidad por el recurso de la austeridad monetaria y la reducción del déficit fiscal, en nombre de la lucha contra la inflación. En lo microeconómico, por la flexibilización del empleo y del trabajo.

Aumento de salarios por suma fija

Un aumento general de salarios, mediante una suma fija que se incorpore definitivamente a las retribuciones, mejoraría sensiblemente las condiciones de vida de quienes se encuentran en los escalones más bajos de la pirámide salarial, percibiendo ingresos que no llegan a cubrir las necesidades básicas.

Los primeros en oponerse a que el Poder Ejecutivo adoptase tal medida fueron la Unión Industrial Argentina, representada por su presidente Daniel Funes de Rioja, y otras entidades empresariales. La necesidad de que los trabajadores de menores recursos puedan tener un aumento superior al que obtendrían a través de las negociaciones paritarias provoca la reacción inmediata de las patronales, que quieren mantener la actual estructura regresiva de los ingresos: creciente participación del capital en la renta nacional y desigualdad cada vez mayor entre quienes viven de su trabajo.

A su vez, la cúpula de la Confederación General del Trabajo se ha opuesto con argumentos tales como que un aumento general de salarios “achataría la pirámide”, disminuiría las diferencias de categorías, y relativizaría de algún modo la importancia de los aumentos que se obtengan a través de las paritarias, para las que no existe techo alguno. No ocurre lo mismo con gran parte de los sindicatos adheridos a la CGT y la dirección de la CTA, que han reclamado el aumento de suma fija.

La determinación de una suma fija incorporada definitivamente como parte de las remuneraciones recuperaría en gran medida el poder adquisitivo de los salarios. El pago de un bono en dos cuotas anunciado por el gobierno sólo constituiría un paliativo de carácter temporario que no resuelve ni siquiera parcialmente el problema de la distribución regresiva del ingreso.

Las mejoras que se obtienen a través de las paritarias sólo benefician a un porcentaje de la fuerza de trabajo, no superior al 50% del total, y como lo demuestra la experiencia reciente una porción importante de los sindicatos no logra equilibrar siquiera la pérdida del poder adquisitivo provocado por la inflación.

Un aumento general de salarios a través de una suma fija haría posible una negociación paritaria a partir de un piso superior, como debería ocurrir si el Salario Mínimo Vital y Móvil se aproximara al concepto determinado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: “La menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. De alguna forma, el aumento de suma fija sería una justa compensación de la insuficiencia del monto actual del Salario Mínimo Vital y Móvil.

En el contexto de un aumento exponencial de la inflación como consecuencia del aumento de precios de los oligopolios alimenticios (6,2% en octubre), la totalidad de los “acuerdos” del gobierno con las grandes empresas nunca fueron cumplidos por los grupos económicos.

El acuerdo de “Precios Justos” anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa es de carácter voluntario y congelará por cuatro meses los valores de 1.788 productos de la canasta básica, con la participación de 102 empresas en 2.500 puntos de venta de todo el país. Cabe destacar que los productos que se mantendrán con precios fijos ingresan en el programa con un precio ya “actualizado”, hasta un 4% superior al promedio registrado durante el mes de octubre de 2022, y se mantendrán estables los próximos 120 días. El resto de los productos que comercializan las empresas que se suman al programa tendrán una pauta de aumento mensual de hasta el 4% para los mismos 120 días en el precio de venta a los supermercados y mayoristas (alrededor de 30.000 artículos). El objetivo principal del ministro sería anclar las expectativas inflacionarias en torno al 4% mensual.

Sin negar la importancia del plan, creemos que no alcanza a resolver los graves problemas creados por el alza impiadosa de los artículos de consumo masivo durante este año. En primer lugar, no es de carácter obligatorio para los grupos oligopólicos que dominan el mercado de dichos productos. En segundo lugar, se permite que las empresas que se sumen al acuerdo puedan aumentar previamente hasta un 4% los precios. En tercer lugar, no nos parece que las denuncias de los consumidores puedan garantizar su cumplimiento, cuando se impone un férreo control a través de los organismos del Estado y la aplicación de la Ley de Abastecimiento.

El poder de estas empresas para fijar sus precios y sostener sus súper ganancias se ha incrementado en las últimas décadas, debido a la creciente concentración y centralización del capital. A través de los aumentos de precios, las empresas sostienen sus tasas de ganancia, recuperando con creces lo perdido como consecuencia de los aumentos de salarios obtenidos por los trabajadores. La inflación no es un “fenómeno monetario”, ni es consecuencia de la emisión monetaria, del déficit fiscal o de los aumentos de salarios como sostienen los teólogos del libre mercado.

Hoy más que nunca se impone la necesidad de reconstruir el Estado, que fue reducido a su mínima expresión de acuerdo a los objetivos de la clase dominante a partir de la dictadura y fundamentalmente a partir de los ‘90.

Un Estado que no ha recuperado aún su capacidad de controlar los precios, no está en condiciones de reducir sustancialmente la inflación. La inflación continúa, pese al cumplimiento estricto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: restricción de la emisión monetaria, disminución del déficit fiscal y del gasto público. Sin dejar de tomar en cuenta su carácter “inercial” y las expectativas de una devaluación, la inflación es producto de la manipulación concertada de los precios por parte del gran capital.

Conclusiones

Frente a la puja distributiva se esbozan dos posiciones antagónicas en nuestro país:

• La de los grupos económicos dominantes, que persiguen una mayor elevación de la rentabilidad y rechazan cualquier posibilidad de que los trabajadores puedan recuperar –aun parcialmente– la pérdida salarial sufrida desde 2016. Frente a la crisis, plantean –a través de diversos proyectos– bajar costos de contratación y de desvinculación.
• La de una parte importante del Frente de Todos y de las organizaciones sindicales, que reclaman un aumento general de salarios, a través de suma fija por decreto del gobierno nacional, sin perjuicio de las negociaciones paritarias, ya que los mejores acuerdos paritarios pueden compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios como consecuencia de la inflación, pero no recuperar ni siquiera parcialmente lo perdido durante los últimos seis años. Al mismo tiempo, a través de varios proyectos legislativos se propone reducir las horas de trabajo diarias y semanales, lo que permitiría recuperar el valor hora salarial, compensando la pérdida de los últimos seis años, y crear nuevos empleos.

Por Jorge Elizondo