$LIBRA: rechazan detener a los “criptobro” y darle acceso a la causa a la comisión investigadora

El triunfo electoral de la Libertad Avanza tuvo su efecto en tribunales. Tres días después de la victoria del gobierno de Javier Milei en los comicios de medio término, el juez federal de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi rechazó una serie de requerimientos que realizaron querellantes de la causa $LIBRA y el Congreso que comprometían al Presidente. Por un lado, el magistrado no hizo lugar al pedido detención e indagatoria del trader Mauricio Novelli y de su socio Manuel Terrones Godoy, ambos acusados de actuar como intermediarios en la criptoestafa y muy cercanos al presidente Milei y su hermana Karina; por otro, no aceptó darle acceso al expediente a la comisión parlamentaria que investiga el escándalo cripto y avanza más rápido que la Justicia en algunos aspectos del caso.

En diálogo con El Destape, el abogado Nicolás Oszust, quien representa al querellante Martín Romeo y realizó el pedido de detención e indagatoria de Novelli y Terrones Godoy, aseguró: “Lamentamos el rechazo, sobre todo porque entendemos que si hubiese sido cualquier hijo de vecino, con las pruebas que ya están en el expediente, tanto Terrones Godoy como Novelli estarían detenidos y llamados a indagatoria. Pretendemos que exista la misma justicia para los particulares que para los que están vinculados al poder”. No obstante, añadió: “Igualmente estamos tranquilos porque es solamente cuestión de tiempo para que aparezcan el resto de las pruebas que terminen de vincular a todos los imputados con la comisión del ilícito. Y ahí no les va a quedar más remedio que llamar a indagatoria a los imputados y tomar las medidas restrictivas correspondientes”.

Revés para la comisión investigadora

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El juez Martínez de Giorgi rechazó el pedido del diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora del criptoescándalo $LIBRA, quien había requerido “el acceso irrestricto a la causa” y “documentación y medidas de prueba específicas producidas al juzgado".

“Si bien en la petición no se precisan los términos en que se requiere el ‘acceso irrestricto a la causa’ (que podría alcanzar a legajos que no son accesibles, siquiera, a sujetos del proceso), lo cierto es que tal prerrogativa corresponde únicamente a quienes ostentan la calidad de partes, conforme la establece la norma citada. En este sentido, extender dicha facultad a extraños al expediente podría implicar una vulneración al principio de legalidad y a las garantías del debido proceso”, sostuvo el juez en una resolución de 10 páginas a la que tuvo acceso El Destape. También agregó que “cualquier divulgación podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación, comprometiendo tanto la eficacia de las diligencias en trámite como la integridad del proceso”.

El magistrado se respaldó en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien tiene delegada la pesquisa. Taiano había señalado que “la investigación sólo es pública para las partes, sin que puedan tener acceso quienes no revisten ese carácter” y que hay medidas “en curso, con información que requiere especial reserva, y cualquier divulgación de constancias procesales y/o evidencias podría frustrar u obstruir el éxito de la investigación” por lo que no debía hacerse lugar al pedido del presidente de la comisión parlamentaria. El abogado de los acusados, Daniel Rubinovich, apoyó la postura del fiscal. Resaltó que la comisión “no es parte del proceso y, por lo tanto, no tiene legitimación para acceder al expediente”.

Hay otra verdad: el acceso a la causa por parte de la comisión podría revelar que la Justicia avanza a paso lento en relación con los resultados que están surgiendo en el Congreso.

Por ejemplo, la Comisión Investigadora del caso Libra en el Congreso reveló que el presidente Javier Milei participó de otra estafa previa a $LIBRA con los mismos socios y el mismo modus operandi, como informó Ari Lijalad en El Destape.

Ferraro, presidente de la Comisión Investigadora, resumió la nueva estafa donde aparece Milei de la siguiente manera: “Pudimos confirmar y demostrar que dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación. A través de la información remitida por varias plataformas exchange, detectamos que en el token $KIP, promovido por la empresa KIP Protocol de Julián Peh, participaron también Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, junto al propio Milei, quien lo difundió y promovió públicamente. En esa operatoria del 9 de Diciembre (de 2024), los involucrados compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del Presidente y se retiraron con ganancias millonarias, más de 600 mil dólares, exactamente el mismo patrón que se repetiría luego con $LIBRA. Lo de $LIBRA no fue casualidad, ni sorpresa. El presidente ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él”.

No fue el único hallazgo. La comisión parlamentaria realizó diversas medidas de prueba para su investigación y logró que la Exchange Binance le proveyera las billeteras de todos los imputados. El querellante Martín Romeo, que es asesor en materia cripto, trabajó con ese material y pudo reconstruir que los pagos millonarios que el impulsor del token $LIBRA, Hayden Davis, realizó el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025 “terminaron en la financiera de confianza de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli”. Fueron en total alrededor de 3 millones de dólares. En la primera fecha se concretó el encuentro entre Davis y Javier Milei en la Casa Rosada tras el cual el presidente presentó al CEO de Kelsier Ventures en sociedad a través de un tuit. Un día después del segundo pago Novelli abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia que vació apenas estalló el criptoescándalo.

Justamente, por esto último, que revela una constatación en la cadena de pagos que hacen al lanzamiento de $LIBRA, el querellante Martín Romeo había pedido la detención de ambos antes de las elecciones. A la hora de explicar el pedido de detención de Novelli y Terrones Godoy, el querellante había afirmado a El Destape: “Ya no hay lugar a duda sobre su rol en esta maniobra. Entorpecieron la causa, tienen los recursos para salir del país, tanto económico como a nivel contacto. Terrones Godoy tiene nacionalidad española y residencia mexicana. Lo que encontramos los complica muchísimo porque logramos ubicar los pagos de Hayden que terminaron en una financiera con la que ellos operaron en confianza los últimos dos años. Este hallazgo los vincula directamente con los pagos de Hayden en monto, en fecha, prácticamente en todo”.

Rechazo de detenciones clave
A pesar de las evidencias que comprometen a los “criptobro”, en la misma resolución en que rechazó la solicitud de la comisión investigadora para acceder a la causa, el juez Martínez de Giorgi no hizo lugar al pedido de detención de Novelli y Terrones Godoy.

Martínez de Giorgi indicó que “un razonado examen de las constancias incorporadas al legajo, en concordancia con los parámetros legales vigentes, permiten entender, tal como lo sostiene el Agente Fiscal, que las medidas cautelares ordenadas en autos resultan suficientes para neutralizar los riesgos existentes en este estado de las actuaciones”. La referencia es una “prohibición de no innovar” que había dictado la jueza María Servini cuando tuvo la causa, que terminó pasando a manos del titular del juzgado federal Nº 8 de Comodoro Py. El magistrado Recordó que “con fecha 16 de octubre pasado, este juzgado resolvió mantener las medidas cautelares” ordenadas por Servini. También se refirió a “el congelamiento de activos”.

“Con relación al riesgo de fuga, cabe señalar que los imputados se encuentran actualmente a derecho, sin que existan, hasta el momento, elementos objetivos que permitan presumir que intentarán sustraerse de la acción de la justicia”, agregó Martínez de Giorgi.

Otra vez el juez se basó en un dictamen del fiscal Taiano, quien tiene delegada la investigación y “dictaminó que a su entender no se observan los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación ni peligro de fuga invocados. En efecto, sostuvo que no hay indicios que permitan inferir que podrían darse a la fuga, o frustrar la investigación”, citó Martínez de Giorgi al fiscal.

Para el magistrado, las medidas que ya se dispusieron en el expediente “tienden a asegurar la preservación de los elementos probatorios y la disponibilidad de los bienes objeto de investigación, neutralizando de este modo la posibilidad de que obstaculicen la realización del proceso. Ello, en función de las particularidades del caso, y del oportuno secuestro de documentación e implementos idóneos a esos fines”.

La forma en la que los jueces y fiscales Comodoro Py analizan la documentación que tiene la causa evidencia cómo se administran los tiempos en los tribunales más políticos del país.

El 9 de septiembre pasado, dos días después de la dura derrota electoral de LLA en la provincia de Buenos Aires, Taiano ordenó una medida de prueba que puso a Mieli y su hermana Karina en el centro de la causa. Aquel día pidió analizar la extracción de información que se había realizado meses atrás de los celulares del trader Novelli y del exintegrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, cuyos aparatos telefónicos fueron secuestrados en marzo en el marco de esta causa pero nunca se habían estudiado hasta el momento. Entonces el fiscal ordenó buscar comunicaciones y chats entre estos intermediarios de la criptoestafa y el jefe de Estado, su hermana y Hayden Davis, entre otros. Esa decisión luego entró en un impasse de un mes porque el fiscal corrió vista a las partes para que sumen medidas de prueba a su propuesta.

El reciente 6 de octubre, siete meses después de secuestrar los dispositivos, Taiano efectivizó la orden de analizar los celulares y sumó medidas solicitadas por la querella de Martín Romeo. Durante esa jornada Taiano finalmente cursó un oficio a la titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), Romina Del Buono, para “solicitarle que, por intermedio del Cuerpo de Investigadores de vuestra dependencia, y a través de las herramientas informáticas pertinentes, se compulse la información extraída de los dispositivos secuestrados en el marco de la investigación y se identifique su contenido”. La referencia fue a los celulares Iphone 16 Pro Max y Motorola E6 Play de Novelli, además de una computadora “tipo gamer” que tenía el trader; y al celular Samsung Z Flip 3, la MacBook Air modelo A1370 y un pendrive de Morales, todos dispositivos secuestrados el 6 de marzo pasado en el marco del caso $LIBRA. De esos aparatos ya se había extraído la información que contenían pero, administrando los tiempos políticos, no se había analizado.

El mentado 6 de octubre el fiscal especificó que se rastree del material "descargado" de los celulares la “totalidad de las conversaciones -individuales o grupales- que hubiesen mantenido Mauricio Gaspar Novelli y Sergio Daniel Morales” con diversas personas, entre ellas, Milei y Karina. Respecto al Presidente precisó 14 líneas telefónicas. Esta decisión evidentemente cobró impulso tras la derrota electoral de LLA en PBA. El interrogante que se abre ahora es cómo actuará la Justicia cuando el análisis esté concluido teniendo en cuenta el resultado electoral del pasado 26 de octubre que fue diametralmente opuesto al del 7 de septiembre.

La decisión de Martínez de Giorgi -a instancias de Taiano- de rechazar los requerimientos de la comisión parlamentaria y del querellante Martín Romeo es una señal de lo que puede suceder en Comodoro Py, al menos en el corto plazo, en torno a esta causa que involucra al Presidente y a su hermana.

Por Franco Mizrahi / El Destape