Otra vez presos políticos en la Argentina. Otra vez detenciones irregulares, razzias nocturnas, detenidos incomunicados, decomisos de panfletos y pancartas partidarias. La excusa fue un acto de vandalismo menor. Un pasacalles y un poco de estiércol en la vereda de la casa de un diputado que sólo sabe comunicarse mediante expresiones violentas. El gobierno mueve su maquinaria de mentiras y voceros (para)oficiales: el objetivo es instalar al peronismo como una oposición violenta y antidemocrática, como excusa profundizarán el accionar represivo. Esto va a empeorar.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desempoderado, oficia de vocero. En la misma entrevista dice que el disparo de un gendarme que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo durante una protesta fue un accidente pero que el escrache a la vereda de José Luis Espert, en el que nadie resultó herido ni afectado personalmente, fue un atentado. La jueza Sandra Arroyo Salgado le adjudica a los autores de ese acto de vandalismo la intención de amedrentar o aterrorizar al diputado y los señala como parte de una asociación ilícita. Están tendiendo una trampa en la que caben millones de argentinos.
No son, por supuesto, “argentinos de bien”.
Por lo tanto, se merecen la persecución, el escarnio, la violencia. Son “parásitos”, “virus”, “ratas”. Deben ser eliminados, exterminados. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en un tuit que no son, ni siquiera, personas. Por eso, en la batalla vale todo: estafar, pedir coimas, pegarle a los jubilados, hambrear a la gente, proscribir candidatos. La doble vara como filosofía de gobierno: mienten y se ofenden cuando les dicen mentirosos, difaman y luego denuncian a quienes describen esa difamación. Insultan pero exigen ser tratados con respeto.
El único crimen que persigue este gobierno con toda severidad es la disidencia. Está en su ADN. En sus palabras. En sus actos. Y en las leyes y decretos con los que le dan forma al país que ellos imaginan. Pasó la tarde en la que el Senado aprobó la ley de bases. El presidente habló de golpismo en sus redes sociales. La policía detuvo de manera arbitraria a varias personas. Estuvieron detenidas de forma irregular, fueron sometidos a actos de violencia y a interrogatorios sobre sus actividades políticas. Igual que hacen ahora con las militantes que están presas por lo del sorete de Espert.
La llamada Ley Antimafias que el gobierno pudo aprobar en marzo de este año se encarga de tejer esa telaraña que confunde deliberadamente la oposición política con delitos graves al poner la lupa sobre “la provocación de temor a autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales y las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad”. Esa definición alcanza para criminalizar a cualquier tipo de protesta, desde un escrache furtivo a una marcha con cientos de miles de asistentes. La ley además permite juzgar a todos los miembros de una organización por el delito que haya cometido uno de ellos.
A comienzos de junio, por decreto, el presidente Milei modificó en el mismo sentido el estatuto de la Policía Federal, incluyendo entre sus atribuciones algunas muy sugestivas. Entre otras cosas, permite detener sin orden judicial durante diez horas a cualquier persona; hacer registros y bases de datos de quienes asisten a una protesta, por ejemplo; realizar patrullaje online en “espacios públicos digitales” y requisar sin orden de un juez a personas en la vía pública. Todas las herramientas apuntan a la represión de la protesta social y la conflictividad política como hipótesis principal. Un gobierno contra los argentinos.
Esta idea se refuerza al conocer el contenido del Plan de Inteligencia Nacional, que dieron a conocer Hugo Halconada Mon y el equipo periodístico de la revista Crisis, y que implica un retroceso de cuatro décadas: de acuerdo a ese documento, entre las tareas de la SIDE figuran “identificar, reunir y analizar información de actores, comportamientos y coyunturas locales con potencial impacto en la matriz económico - productiva”, de “dinámicas y actores que materialicen riesgos para la disponibilidad de infraestructura estratégica” (como los cortes de ruta) o que “puedan significar amenazas para lo gobernabilidad”.
Cuando el único crimen que persigue un gobierno es la disidencia entonces sin dudas estamos hablando de un gobierno autoritario. Después se puede discutir si corresponde ponerle la etiqueta de nazi, de fascista, de neofascista, de anarcocapitalista o cualquier otra. Lo importante es reconocer el peligro que significa para todos los argentinos y actuar en consecuencia. El presidente Milei me inició una causa penal por señalar sus vínculos con los nazis, que son públicos. Es otro intento penoso de amedrentar, que no tendrá éxito. Puede denunciarme mil veces, yo no voy a dejar de llamar a las cosas por su nombre.
Tampoco voy a dejar de decir que este es el gobierno más corrupto de la historia reciente, y están todos los datos sobre la mesa para argumentarlo. Que Javier Milei es un estafador y su hermana Karina Milei una coimera, algo que todos saben y solamente callan quienes cobran por su silencio o tienen algún otro interés en el asunto. Que ambos son engranajes muy pequeños de una máquina que no comprenden y que cuando ya no sirvan va a dejarlos tirados, por lo que no les conviene escupir hacia arriba. Y tampoco voy a dejar de denunciar la destrucción y la entrega sistemática a la que nos someten.
Por eso, a la denuncia de Milei respondo: este gobierno está matando a los jubilados que no reciben la medicación que necesita, a niños que no pueden tratarse en el Garrahan, a cientos que van a fallecer en accidentes de tránsito evitables por el mal estado de las rutas abandonadas, este gobierno dejó medio país sin gas en la peor helada en mucho tiempo, el dólar sube todos los días y la única respuesta es seguir endeudándose, están cerrando las industrias hasta en Vaca Muerta, la gente está cada vez más endeudada y fin de mes queda cada mes más temprano.
La única respuesta del gobierno es apretarnos para que nos callemos. Eso tampoco les va a funcionar.
Por Nicolás Lantos / El Destape
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