En junio del 2014, Mauricio Macri afirmó con frenesí: “Ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo que diga (…). Cualquier cosa que consigamos que no sea pagar al contado va a ser mejor que nada. Y si hay que pagar al contado, se pagará al contado (…). Magia no hay, no se puede caer más en los discursos mágicos de ‘no vamos a pagar’”.

El entonces jefe de gobierno porteño hacía referencia al fallo del juez Thomas Griesa sobre el litigio entre los fondos buitre y el Estado argentino por el pago de bonos en default. El juez de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York dispuso que la Argentina no podría pagar a los bonistas reestructurados sin previo acuerdo con los fondos buitre, poniéndonos al borde del default. Como explicó en aquel momento Sebastián Soler, abogado especializado en derecho internacional: “El fallo de Griesa es jurídicamente extravagante y técnicamente defectuoso. Su sentencia desbarata 35 años de incentivos virtuosos para los procesos de reestructuración de deuda y pone el balance a favor de los acreedores (…). Solicitar una medida cautelar que suspenda transitoriamente la ejecución del fallo para negociar sin afectar el pago de los vencimientos es el camino correcto”.

Macri no sólo no consideró que el fallo fuera extravagante, sino que, en plena negociación soberana, le envió un mensaje contundente a los fondos buitre: “Si gano, les pago”. Y así ocurrió: en abril del 2016, apenas cuatro meses luego de haber asumido, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay —con desbordante alegría— anunció en el lobby de un hotel de Manhattan que la semana siguiente le pagarían a los fondos buitre: “Queremos resolver este tema para volver a tener crédito y relanzar la economía, con infraestructura para volver a crecer, para que vuelva el trabajo digno. Este es el primer paso”. El ímpetu fue tal, que el pago superó la exigencia de los fondos al incluir también los honorarios de sus abogados. 

En las fotos de aquel momento podemos ver a los mismos funcionarios (Luis Caputo, el Timbero con la Tuya, y Federico Sturzenegger) que hace unos días festejaron con similar algarabía la toma de nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las razones que justificaron aquel pago son las mismas que explican el nuevo préstamo: la iniciativa permitirá que, por fin, la Argentina vuelva a crecer, reciba inversiones e impulse el empleo de calidad. Es decir, todo aquello que no ocurrió aquella vez ni ocurrirá ahora.

En ningún momento, ni Mauricio Macri en 2016, ni el Presidente de los Pies de Ninfa hoy, ni tampoco sus funcionarios —que son en gran parte los mismos— analizaron la viabilidad del pago a los fondos buitre o la de la toma de deuda con el organismo internacional. Ambos casos fueron tomados como obligaciones casi morales, exentas del fastidioso análisis de sustentabilidad financiera. Poco importa si hay o no hay plata: esas deudas se deben honrar.

Por supuesto, la obligación moral que implican las deudas con los bonistas (incluso con aquellos que adquirieron bonos ya defaulteados y apostaron a fallos extravagantes como el de Griesa) o aquellas con los organismos de crédito internacionales no se replica en otras deudas del Estado. Por ejemplo, las deudas con otros privados, como los jubilados. En el caso de las jubilaciones y pensiones, las deudas no forman parte del severo mundo de los absolutos morales, sino que dependen de la relatividad de los recursos que disponga el Estado en un determinado momento.

No pagarles a los fondos buitre lo que exigían era considerado un “discurso mágico”. No pagarles a los jubilados lo que merecen, dejar sin medicamentos a los pacientes oncológicos o frenar la obra pública de todo el país con la letanía de que “no hay plata” es, al contrario, un discurso realista que deberíamos aplaudir. 

Hace unos días, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue entrevistado por el ineludible Jony Viale. 

Fue una de esas entrevistas incómodas, sin concesiones, en las que el entrevistado corre serios riesgos de morir ahogado en la baba del entrevistador. Francos denunció “el desastre” que dejó el kirchnerismo con el sistema jubilatorio, ya que “uno de cada tres jubilados nunca aportó al sistema”. “¡Inviable!”, acotó el periodista, oficiando de atento teleprompter. Con honestidad brutal, el jefe de Gabinete anunció la implementación de una reforma previsional, además de una reforma laboral, “para después de las elecciones”. Algo así como “vótenme así los puedo dejar sin jubilaciones y con salarios aún más bajos”. 

En realidad, los aportes deben ser pagados por el empleador, no por el trabajador. Pero más allá de esa cuestión formal siempre omitida por nuestra derecha, hoy extrema derecha, la pregunta que deberíamos hacernos es cuál es la función del sistema previsional y, de forma más amplia, cuál es la función de la seguridad social. Recordemos que, según el olvidado artículo 14 bis de la Constitución nacional, “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. 

Dicho artículo es un minúsculo resabio de la Constitución de 1949, derogada por una proclama militar de la dictadura de Pedro E. Aramburu. La Constitución declaraba una serie de “Derechos de la Ancianidad”, proclamados por Eva Perón un año antes. Eran derechos de segunda generación, tales como el derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, al cuidado de la salud física, al cuidado de la salud moral, al trabajo (pensado más como laborterapia que como fuente de ingresos), a la tranquilidad, al respeto e incluso, válgame Dios, al esparcimiento. 

Para el recordado Miguel Fernández Pastor, ex director de la ANSES y abogado experto en temas previsionales, “los beneficiarios de la seguridad social somos todos los argentinos, porque la seguridad social abarca desde antes del nacimiento, con una prestación prenatal, por ejemplo, sigue con una AUH o una asignación familiar de un trabajador activo, continúa con riesgos de trabajo, luego con una jubilación por invalidez si es necesaria para los trabajadores activos y termina en lo que es el sistema de jubilaciones y pensiones, e incluso sigue después de la muerte porque nuestros deudos tienen derecho a la pensión. Por eso, la fórmula que se debe buscar es abarcar a todos los argentinos que necesiten de la protección del sistema de seguridad social”. 

Como ex titular de la ANSES, Amado Boudou suele insistir con la misma necesidad de una fórmula que abarque a todos los argentinos. En ese sentido, suele preguntarse de forma retórica si la función del sistema previsional es resolver los problemas de los jubilados o los del sistema financiero. Recuerda también que el sistema jubilatorio es la única política pública a la que se le exige que se autofinancie (algo que en realidad no ocurre, ya que un 30% de los recursos de la ANSES proviene del Tesoro nacional). Nadie espera que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Policía o la salud pública se autofinancien. Al contrario, se financian con nuestros impuestos y es razonable que así sea. 

Con pleno empleo, en su mayoría declarado y salarios altos, el financiamiento del sistema previsional a partir de los aportes tenía un sentido que hoy perdió. Cuando el avance tecnológico destruye empleo, el trabajo es precarizado y la concentración económica (con ganancias extraordinarias e ingreso concentrado en muy pocas manos) impide que los trabajadores tengan recursos remanentes, es necesario buscar otro sistema de financiamiento para las jubilaciones. Considerar que los únicos jubilados que pueden acceder a un haber son aquellos cuyos empleados pagaron aportes equivale a expulsar del sistema a más de la mitad de quienes deberían integrarlo.

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la mitad de los adultos mayores no recibían haberes. Las moratorias decididas por los gobiernos kirchneristas permitieron, primero, poner en evidencia una falla estructural del sistema previsional y luego lograron rescatar a esa cantidad colosal de ciudadanos caídos del mapa. Es importante entender que la jubilación es un derecho para todos los trabajadores: formales e informales, pero también para aquellos que llevaron adelante tareas de cuidado no remuneradas (mujeres, en su enorme mayoría). La idea de que una cantidad significativa de argentinos recibe un ingreso del Estado sin haber trabajado en su vida es una alucinación reaccionaria. Los únicos que pueden permitirse algo así son quienes tomaron la precaución de nacer ricos herederos y, por definición, son muy pocos. 

El aporte es un sistema de financiamiento, no un fin en sí mismo. El único fin que debemos considerar como ciudadanos es el de contar con un sistema previsional que incluya a las mayorías. Como suele afirmar Máximo Kirchner, “los números tienen que cerrar con la gente adentro”. Es un gran principio de economía política.

Para el manual neoliberal que padecemos de forma intermitente desde la última dictadura cívico-militar, los derechos de los acreedores están por encima de los derechos de los ciudadanos e incluso se benefician de una suerte de obligación moral. Es hora de terminar con esa letanía: los recursos existen, como lo demostraron los 12 años de gobiernos kirchneristas. 

Es sólo cuestión de direccionarlos virtuosamente hacia las mayorías en lugar de entregarlos a una selecta minoría de timberos.

Por Sebastián Fernández / El Cohete 

Ilustración: Marcelo Spotti