El repliegue ha sido una característica distintiva de los imperios en su declive, señala Alexander Motyl en Finales imperiales: decadencia, colapso y resurgimiento de los imperios (1). Cuando Atenas inició su caída tras la derrota en la Guerra del Peloponeso (siglo V a.C.), se replegó hacia su interior. Surgieron corrientes filosóficas como el epicureísmo y el estoicismo: Epicuro promovía el retiro a comunidades pequeñas, mientras que los estoicos enfatizaban la fortaleza interior. En contraste, la decadencia de Roma a partir del siglo III d.C. estuvo marcada por el abandono de sus fronteras, como Britania y Dacia, debido a la presión de los pueblos bárbaros y la crisis interna. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido siguió un proceso similar con la retirada de la India en 1947, el fin de su mandato en Palestina en 1948 y la descolonización de África y el Caribe en las décadas siguientes.

A diferencia de Atenas, cuyo repliegue en el declive se orientó hacia lo privado, o de Roma, que optó por administrar su periferia con una estrategia defensiva, Estados Unidos experimenta un repliegue que no implica distanciamiento, sino una relación más agresiva con su entorno cercano. En lugar de reconocer la autonomía de la región o, al menos, recurrir a la retórica suave del “buen vecino”, ha desplegado una política abiertamente despreciativa y punitiva hacia América Latina. Sanciones, deportaciones masivas, amenazas de anexión territorial, aplicación de aranceles y recortes de ayuda a países que no se alineen con su agenda migratoria y confrontaciones directas con aliados regionales definen su accionar. En el caso de Trump, lejos de reconfigurar la relación con América Latina, ha profundizado una lógica de hostigamiento brutal: sin diplomacia, sin poder blando y con un poder oscuro basado en la amenaza de uso de la fuerza, manipulación de información, maltrato y exigencias, sin ofrecer nada a cambio. 

Deseos versus límites

Los deseos de Trump, sin embargo, chocan con varios límites. Desde su victoria en noviembre, Trump ha amenazado con el uso de la fuerza para tomar el Canal de Panamá, por donde transita el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos. En su discurso inaugural de enero, afirmó que el país lo “recuperaría”, aludiendo a su construcción iniciada por Francia en 1881 y finalizada por Washington en 1914. No obstante, el control del canal fue transferido a Panamá en 1999 bajo los tratados Torrijos-Carter de 1977, un hecho que Trump parece ignorar o subestimar.

Tras la visita de Marco Rubio a Panamá, el Departamento de Estado aseguró que se había logrado permitir el tránsito gratuito de buques del gobierno estadounidense, pero el presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazo la afirmación y dijo no tiene autoridad legal para eximir tarifas. ¿Qué logró Trump? Panamá prometió no renovar los acuerdos con China por la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda en 2026. Además, Mulino ordenó una auditoría a Panama Ports Company, subsidiaria del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, que gestiona dos puertos –el de Balboa y el de Cristóbal– en los extremos del canal. La concesión, otorgada en 1997, había sido extendida por 25 años en 2021.

Trump justificó su presión sobre Panamá alegando un aumento de la influencia china en la zona, sin embargo, las empresas chinas tienen también participaciones en terminales portuarias de cinco puertos estadounidenses. Por ejemplo, COSCO mantiene empresas conjuntas con contrapartes estadounidenses en Long Beach, Los Ángeles y Seattle, mientras que CMPort posee una participación minoritaria en terminales de una empresa francesa en Miami y Houston. En el propio territorio norteamericano, no existe un uso dual de las instalaciones portuarias, y las inversiones chinas están claramente impulsadas por consideraciones comerciales. La propia Hutchison Ports opera en puertos de California y Florida.

Poder blando versus poder oscuro 

Trump firmó una orden ejecutiva el día de su asunción congelando toda la asistencia extranjera estadounidense durante 90 días, a la espera de revisión. El Secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó la medida con un cable detallando su implementación, bloqueando casi toda la asistencia, salvo excepciones para programas de alimentos de emergencia y ayuda militar a Egipto e Israel.

A esto se sumaron las declaraciones de Musk, quien calificó a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) como un “nido de víboras de marxistas de izquierda radical que odian a Estados Unidos”. También afirmó que la agencia gastó “100 millones de dólares en preservativos para Hamas”. En la misma línea, Trump declaró que USAID estaba dirigida por “lunáticos radicales”. Los ataques de Musk contra la agencia fueron celebrados por Dmitry Medvedev, ex presidente de Rusia y aliado de Vladimir Putin. Por otro lado, el actor y director Ben Stiller desmintió una afirmación publicada por Musk en X que aseguraba que su viaje humanitario a Ucrania en 2022 fue financiado con fondos de USAID.

Aunque el desmantelamiento de USAID está respaldado por teorías conspirativas, sigue una lógica que ya estaba contemplada en un capítulo del Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, donde el ex administrador adjunto de la agencia, Max Primorac, acusó a la administración Biden de haberla “deformado”. Propuso reorientarla hacia “contrarrestar el desafío de desarrollo de China” y alejarla de la “política climática radical” de Biden. El desguace que impulsan Musk y Rubio, sin embargo, no tiene demasiado sentido si se recala en lo financiero. La ayuda exterior, que abarca desarrollo, ayuda humanitaria y financiamiento en seguridad, representa apenas el 1% del presupuesto federal de Estados Unidos, de los cuales USAID administra alrededor del 60% (2).

Los problemas surgen, sin embargo, al observar en detalle la desagregación de esos fondos. En el año fiscal 2023, la asistencia exterior gestionada por el Departamento de Estado y USAID para América Latina superó los 2 mil millones de dólares (3). En Colombia, donde USAID ha sido el mayor proveedor de asistencia extranjera, la suspensión de fondos pone en riesgo programas humanitarios que en 2024 destinaron alrededor de 45 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos para asistir a más de 2.8 millones de migrantes venezolanos. También amenaza el financiamiento de organizaciones locales que apoyan a poblaciones vulnerables expuestas a la violencia de grupos armados. En Brasil, USAID asignó 22.6 millones en 2024, de los cuales casi 14 millones se dirigieron a la protección ambiental. Su mayor iniciativa en el país, la Alianza para la Conservación de la Biodiversidad del Amazonas, ha sido clave para comunidades indígenas como el Consejo Indígena de Roraima, que representa a 60.000 personas y ha impulsado proyectos de agricultura sostenible, adaptación al cambio climático y empoderamiento de mujeres. Con el retiro de estos fondos, se pone en riesgo la protección de la selva amazónica.

El desmantelamiento de USAID afectará el poder blando de Estados Unidos, profundizando su crisis de hegemonía como potencia, cada vez más inclinada hacia la coerción en lugar del consenso, a la presión antes que a la persuasión.

En Perú, USAID desembolsó aproximadamente 135 millones de dólares en 2024, con una parte significativa destinada a la sustitución de cultivos ilícitos por productos legales como café y cacao, una estrategia que ha estado en marcha desde los años 80 para reducir la producción de cocaína en el segundo mayor productor mundial después de Colombia. Sin embargo, mientras que algunos actores ven la retirada de USAID como un golpe, el ex director de la agencia antidrogas peruana (DEVIDA), Ricardo Soberón, sostiene que la asistencia estadounidense siempre ha sido “condicionada e ineficiente”, argumentando que Bolivia, que expulsó a USAID en 2013, ha logrado mejores resultados en el control de la producción de cocaína con un enfoque más autónomo (4). 

El desmantelamiento de USAID afectará el poder blando de Estados Unidos, profundizando su crisis de hegemonía como potencia, cada vez más inclinada hacia la coerción en lugar del consenso, a la presión antes que a la persuasión. No obstante, Washington no renunciará al uso de la asistencia como herramienta de política exterior, especialmente en América Central. Entre el 1 y el 6 de febrero, el secretario Rubio visitó Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, donde notificó a los principales afectados por el recorte de ayuda que habrá “excepciones” para programas considerados de “interés nacional”. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo acordó aumentar en un 40% los vuelos de deportación desde Estados Unidos y anunció planes para construir infraestructura en el país, incluyendo puertos y carreteras (5). El fin de la USAID no representa el final de la ayuda norteamericana, sino el comienzo de un camino de manipulación y uso más áspero de la asistencia, como señaló Monica Hirst (6).

Mientras el poder blando de Estados Unidos se erosiona, su “poder oscuro” se fortalece a través del flujo ilegal de armas que abastecen al crimen organizado en Centroamérica. Armas de empresas como Smith & Wesson, Colt, Glock y Beretta terminan en mercados ilegales, alimentando la violencia en una región con algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo. Con el mercado de armas menos regulado del planeta, Estados Unidos permite que muchas de estas armas adquiridas legalmente acaben en el mercado negro. Según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), más del 50% de las armas rastreadas en Centroamérica provienen de Estados Unidos, alcanzando el 70% en México y el 80% en el Caribe. Sólo en México, fabricantes como Smith & Wesson, Colt, Glock y Beretta representan el 30% de las armas ilegales. El crimen organizado accede a este arsenal mediante testaferros, compras legales que luego son desviadas y redes de corrupción dentro y fuera de Estados Unidos. Nada de esto parece tener intención de detenerse bajo la administración Trump (7).

Ideología versus lobby

La política exterior del gobierno de Trump presenta una visión hiperideologizada de América Latina, influenciada por el peso político de Florida en las iniciativas y decisiones. Para el movimiento MAGA (Make America Great Again), que cuenta con una fuerte participación de cubano-estadounidenses y anti-castrochavistas, como el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial para la región, Mauricio Claver-Carone, el tráfico de drogas (especialmente el fentanilo), la migración y el llamado “eje del mal” (Venezuela, Cuba y Nicaragua) son pretextos para militarizar la frontera y aumentar la presencia militar de Estados Unidos en América Latina.

Algunos analistas sostienen que lo que promueve Florida es una “mexicanización” de la política exterior hacia América Latina, enfocándose más en temas fronterizos que en cuestiones regionales. El 1 de febrero, Trump emitió tres órdenes ejecutivas para abordar la “crisis de salud pública” derivada del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos desde Canadá, México y China. Sin embargo, tras conversaciones con los gobiernos de México y Canadá, decidió suspender los aranceles sobre productos de estos países por 30 días, reconociendo los compromisos de los mandatarios de reforzar la seguridad fronteriza, aunque algunas de estas promesas ya habían sido formuladas en 2024. 

Si la administración Trump optara por revertir la suspensión y restablecer los aranceles, todos los productos provenientes de México y la mayoría de los de Canadá estarían sujetos a un impuesto del 25%, y los productos energéticos canadienses a una tarifa del 10%. Bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), negociado en 2018-2019, la mayoría de los bienes de estos países ingresan sin aranceles e implementar la imposición tarifaria sería complejo, ya que implicaría un mayor esfuerzo burocrático por parte de la Comisión de Comercio Internacional y la Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) y la Comisión de Comercio Internacional, contradiciendo las propuestas de desguace burocrático y de personal promovidas por Musk (8).

El peso ideológico de Florida, sin embargo, se enfrenta también al peso económico y corporativo de Texas en relación con Venezuela y Cuba. En Venezuela, Florida ha sido el bastión del discurso de hostigamiento y sanciones contra el régimen de Maduro, lo que podría implicar, entre otras medidas, la revocación de las licencias petroleras otorgadas por Biden a Chevron. Sin embargo, Trump alcanzó un acuerdo con Maduro para la liberación de seis estadounidenses tras la visita de su enviado especial, Richard Grenell, el 1 de febrero. Durante ese encuentro, Grenell también instó a Maduro a aceptar vuelos de deportación de migrantes, lo que podría haber consolidado un apoyo tácito al régimen de Maduro.

En paralelo, el director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, señaló que la empresa trabaja “en estrecha colaboración con el gobierno para entender sus objetivos y limitaciones”. Chevron, el único gran productor de petróleo con una exención del gobierno estadounidense para operar en Venezuela a pesar de las sanciones produce alrededor del 20% del petróleo del país. En 2024, la compañía ayudó a aumentar las exportaciones de Venezuela a su nivel más alto en cinco años, acercándose al objetivo de Maduro de un millón de barriles diarios (9).

En Cuba, los anuncios de mayores sanciones, cortes de vuelos comerciales y restricciones a las remesas provenientes de Estados Unidos encuentran un fuerte contrapeso en una empresa de Texas: American Airlines. Durante su primer mandato, Trump impuso límites a los envíos de remesas hacia Cuba, sancionó al ex presidente cubano Raúl Castro y a sus familiares, y restringió los vuelos comerciales estadounidenses que comenzaron a operar en Cuba en 2016, tras el proceso de acercamiento impulsado por los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro, que resultó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas después de casi 60 años. Sin embargo, en julio de 2022, Biden restableció los vuelos. American Airlines justifica esta necesidad al señalar el crecimiento de la demanda de vuelos hacia Cuba, que podría llegar a “más que triplicarse” en las próximas dos décadas. Actualmente, 46 aerolíneas operan en 13 aeropuertos cubanos, transportando 9,6 millones de pasajeros anualmente a 44 destinos en 26 países.

Mientras Florida refleja los deseos y ambiciones ideológicas, Texas impone los límites corporativos. MAGA no es solo un movimiento reaccionario ideológico, sino también un gobierno fundamentado en una plutocracia, donde coexisten el poder ideológico reaccionario y la influencia de grandes corporaciones, desde Silicon Valley y las tecnológicas hasta las empresas hidrocarburíferas y aeronáuticas de Texas.

1. A. J. Motyl, Imperial ends: the decay, collapse, and revival of empires. Columbia University Press, 2021.

2. https://foreignpolicy.com/2025/02/05/usaid-trump-musk-rubio-state-department/

3.https://www.wola.org/analysis/trumps-pause-of-u-s-foreign-assistance-to-latin-america-an-america-last-policy/

4.https://www.fastcompany.com/91273304/usaid-latin-america-impact-amazon-conservation-cocaine-crackdown

5. https://www.npr.org/2025/02/05/nx-s1-5287681/secretary-rubio-in-guatemala-migration-and-the-dismantling-of-usaid

6. https://www.brasil247.com/blog/os-estados-unidos-abandonam-o-barco-de-sua-propria-invencao

7.https://www.lisanews.org/criminologia/crimen-organizado-america-latina-armas-de-estados-unidos-europa/?utm_source=chatgpt.com

8. https://www.justsecurity.org/107313/what-just-happened-tariffs-mexico-canada-china/

9.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-05/chevron-esta-en-contacto-con-administracion-trump-sobre-venezuela

10.https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/05/22/american-airlines-desafio-restricciones-de-trump-extendiendo-vuelos-a-cuba/

Por Bernabé Malacalza * Investigador del CONICET-UNQ y profesor en la Maestría en Estudios Internacionales de la UTDT. / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur