La crisis de ingresos que golpea cada vez con más fuerza a la población argentina se plasma en una realidad alarmante: el 32% de las y los trabajadores ocupados tiene ingresos mensuales por debajo del salario mínimo. A su vez la situación se agrava en el caso de las mujeres trabajadoras ya que el porcentaje escala al 40,3%, ello por acceder sobre todo a empleos más precarios sumado al peso de las tareas domésticas no pagas.

Así lo señaló un informe privado que indicó que “aún ajustando el indicador en función de las horas trabajadas, el 38% de trabajadores gana menos del salario mínimo por hora”. A su vez, el número crece al 43% en el caso de cuentapropistas y a 46% para la población asalariada informal. Como su nombre lo indica, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es clave para establecer la remuneración mínima que debe cobrar cualquier trabajador por su jornada laboral para satisfacer necesidades básicas y debería, por lo tanto, garantizar un piso de condiciones dignas de vida.

Otro punto no menor tiene que ver con que, al incorporar también dimensiones como el desempleo y modalidades precarias de contratación, “la precarización trepa al 47% de la fuerza laboral”. Además, al poner el foco en la población juvenil, se observa que 7 de cada 10 trabajadores jóvenes están precarizados.

En esa misma línea, si se contrastan los datos de salarios con los valores de las canastas básicas utilizadas por INDEC para la medición de la pobreza y la indigencia, se observa que “el 31% de trabajadores y trabajadoras son pobres y el 14% son indigentes”. Resulta claro entonces que obtener un empleo no garantiza per se acceder a un umbral de consumo que asegure condiciones mínimas de reproducción en nuestro país.

Un tercio de trabajadores por debajo del Mínimo 

La creciente presión sobre el mercado de trabajo expresada en la búsqueda activa tanto de la población desempleada como de quienes si bien figuran con trabajo se desempeñan en empleos precarios, tiene como contrapartida el bajo nivel de ingresos de un amplio conjunto de trabajadores. Esto queda de manifiesto en el hecho de que en la actualidad tener un empleo no garantiza acceder al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que establece la Ley de Contrato de Trabajo, lo cual resulta aún más grave si se tiene en cuenta el fuerte deterioro que ha sufrido este ingreso en los últimos años. 

Al respecto, un informe sobre la situación en el mercado de trabajo y de las condiciones de vida de la población elaborado por el Instituto Pensamiento y Política Públicas (IPYPP), reveló que casi un tercio de las y los trabajadores tiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo (31,5%) que a agosto se ubica en $ 262.432 para una jornada de ocho horas. Según las y los economistas del centro de estudios “esto responde a la incidencia de ocupaciones de pocas horas ya que entre subocupados este porcentaje asciende al 73,9%”. Sin embargo, resulta preocupante que, tanto entre ocupados plenos como incluso entre quienes trabajan más de 45 horas semanales, un porcentaje considerable gana menos que el Salario Mínimo: 29,8% y 21,8%, respectivamente.

Al desagregar este indicador por sexo se vislumbra que los bajos ingresos perjudican en mayor intensidad a las mujeres. En efecto, mientras el 24,3% de los varones gana menos del salario mínimo, este porcentaje asciende al 40,3% en el caso de las trabajadoras. Esto es consecuencia de que las mujeres están más afectadas por la subocupación, debido a los obstáculos que impone la desigual distribución de las tareas domésticas y de cuidado, y la necesidad de desplegar estrategias de reparto del tiempo entre el trabajo productivo y reproductivo. Asimismo, otro factor que incide se debe a “la preponderancia que ellas tienen en una de las ramas de actividad peor remuneradas, el servicio doméstico”. 

Sin embargo, los bajos ingresos no se explican exclusivamente por los empleos de tiempo parcial. De hecho, aún ajustando el indicador en función de los ingresos horarios, el 27,8% de trabajadores ganan menos que el salario mínimo por hora. Este porcentaje asciende a 43,3% entre los cuentapropistas y a 45,9% en no registrados, que por sus condiciones laborales no acceden al conjunto de derechos fijados por ley. Otro aspecto que grafica la grave situación actual de los ingresos laborales se vincula con que incluso en el segmento formal, hay un 9,1% de personas cuyos ingresos son inferiores al piso salarial que establece la ley. 

Esta variable, entienden desde IPYPP, permite complejizar el análisis de la realidad laboral nacional y evidencia que “el uso precario de la fuerza de trabajo excede a la falta de registro de una parte de la población asalariada, que suele ser el indicador más utilizado para acercarse a este fenómeno”. En este escenario “la precarización de las y los trabajadores trepa al 46,8%” producto, por un lado, de “personas cuyo tipo de vinculación laboral vulnera garantías sociales y laborales, lo que alcanza al 35,6% e incluye a desocupados y asalariados informales, trabajadores que si bien son formales no poseen estabilidad, y personas que colaboran en un negocio familiar sin retribución” y por otro es resultado de “trabajadores que aunque no exhiban una modalidad precaria de contratación denotan una precariedad en sus ingresos (11,2%)”.

Los resultados reflejan también que las mujeres presentan mayores niveles de precarización en tanto tal condición afecta al 49,4% de la población femenina, mientras para los varones es del 44,7%.  Asimismo, el otro grupo poblacional más afectado es la juventud: 7 de cada 10 trabajadores jóvenes están precarizados. “El 62,1% se explica por la ausencia de contratación laboral (el desempleo más que duplica el de la población total) o no registración por parte de los empleados, y hay un 8,6% adicional que corresponde a jóvenes cuentapropistas o asalariados formales estables que tienen ingresos inferiores al SMVM”, detalló el informe. 

Los crecientes niveles de precarización contribuyen a explicar por qué buena parte de la clase trabajadora termina aceptando trabajos por debajo de un ingreso que mínimamente le alcance para acceder a bienes y servicios esenciales. Si se toman como referencia los valores de las canastas básicas utilizadas oficialmente para la medición de la pobreza y la indigencia, surge que casi tres de cada diez trabajadores y trabajadoras son pobres (no logran adquirir la Canasta Básica Total) y el 14% tiene ingresos familiares que ni siquiera logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), es decir que son indigentes.

Salario en caída libre

En agosto el Salario Mínimo, Vital y Móvil se ubicó en $254.231, a partir del incremento fijado a discreción por el gobierno de Javier Milei a través de la Resolución 13/2024, luego de que nuevamente fracasara la última reunión del Consejo del Salario. En septiembre subirá a $262.432 y en octubre quedará en $271.571. 

Si se contrasta la evolución de estas cifras nominales con el impacto de la inflación, queda claro la brutal pérdida del poder de compra en el último tiempo: cayó 32% desde noviembre de 2023. “Los aumentos nominales que otorgó el gobierno acumulan un 86% hasta el mes de octubre mientras que la inflación se estima en casi el doble, 162,2% según las proyecciones del REM-BCRA”, indicó un informe del centro CIFRA-CTA. 

Esta pérdida se suma a las reducciones que tuvieron lugar en años previos, que superaron el 10% anual en los años 2018, 2019 y 2020. Así, en julio de 2024 el salario mínimo real se ubicó 42,6% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y un 56,1% por debajo del de noviembre de 2015. Más aún, el valor es inferior incluso al vigente durante la mayor parte de la década de 1990. “En ese entonces, como ahora, el nivel era tan bajo que este instrumento había perdido su rol como piso salarial, tal como se buscaba desde un gobierno que bregaba por la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo”, señalaron desde CIFRA.

Este retroceso histórico se evidencia también en la comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia: apenas alcanza al 56% de la canasta básica de alimentos para una familia tipo y al 25% de la canasta de pobreza, “relaciones comparables a las vigentes en la crisis final de la convertibilidad en 2001/2002”, alertaron.  Finalmente, para que el salario mínimo de agosto tenga el mismo poder adquisitivo de fines 2015 debería haber alcanzado, de piso, ya los $554.000 (es de $262.433).

Por Eugenia Rodríguez / El Destape