Los mil días de Milei: la supuesta “estabilización económica” que pagó el mercado interno

Los datos fríos arrojan que el Producto Bruto Interno creció 4,4 por ciento en 2025 y las proyecciones de organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que dictan las recetas para la “enfermedad argentina”, anticipan una expansión de 3,6 por ciento para 2026, pero una parte importante de ese crecimiento está vinculada con energía, minería y agro, mientras que las actividades manufactureras, la construcción y el comercio, que tienen una relación más directa con el mercado interno y con la generación de empleo, permanecen rezagadas.

Sin industria, ni Nación

En la comparación con 2023, previo a asumir y frente a una economía en términos agregados afectada por una sequía que había reducido la producción agropecuaria y los ingresos por exportaciones, la producción industrial cayó 12 por ciento, mientras que la utilización de la capacidad instalada se redujo de 66,6 por ciento a 57,6 por ciento. Este último dato refleja el volumen de maquinaria “apagada”, lo que atenta contra las inversiones actuales –ubicadas en mínimos históricos— y futuras a mediano plazo. Es criollo, la industria no solamente produce menos que tres años atrás, sino que utiliza una proporción menor de las instalaciones, máquinas y recursos productivos disponibles. La formación bruta de capital fijo cayó 11,6 por ciento interanual en el primer trimestre de este año y acumula cuatro trimestres consecutivos de retroceso.

Cuando una fábrica produce más porque aumenta la demanda, pero mantiene una elevada proporción de capacidad ociosa, implica que todavía existe margen para una recuperación posterior sin necesidad de grandes inversiones. Pero la política de pérdida de poder adquisitivo que aplicó el gobierno mileísta contrajo el consumo interno y no hay incentivos para encender la maquinaria productiva a su verdadero potencial. En el primer semestre de 2023, las fábricas utilizaban en promedio 66,6 por ciento de su capacidad. En los primeros seis meses de este año, ese porcentaje bajó a 57,6 por ciento. La caída fue generalizada: once de los doce bloques manufactureros analizados por Fundación Encuentro registraron un menor uso de sus instalaciones.

La industria automotriz pasó de 59,6 por ciento a 41,7 por ciento; la metalmecánica no automotriz, de 55,4 por ciento a 38 por ciento y los productos textiles, de 53,7 por ciento a 39,2 por ciento. La refinación de petróleo constituyó la excepción dentro del conjunto. El Índice de Producción Industrial Manufacturero pasó de un promedio de 129,7 puntos durante enero-junio de 2023 a 114,1 puntos en el mismo período de 2026, una contracción de 12 por ciento. Los textiles, los más afectados por la apertura del comercio externo, retrocedieron 34 por ciento; maquinaria y equipo, un 33,4 por ciento y otros equipos e instrumentos, 30 por ciento.

El esquema elegido por Milei priorizó la apertura comercial, la reducción de costos internos y la eliminación de regulaciones como mecanismos para aumentar la competencia. La contracara aparece cuando las empresas locales deben competir con productos importados en un mercado interno que, además, tiene menor capacidad de compra. El Índice de Producción Industrial (IPI), también publicado por INDEC, arroja que en el primer semestre un número 2,2 por ciento por debajo del mismo período que en 2025. En el promedio de la era Milei, la producción industrial se ubica 10,2 por ciento por debajo del modelo anterior.

La disminución de la producción industrial tuvo su correlato en la evolución de los puestos de trabajo. En base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, se redujo en 8 por ciento la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas industriales, con una pérdida de 97.312 puestos: de 1.215.092 a 1.117.780. Un informe del centro de pensamiento Fundar con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) indica que se perdieron más de 30.600 empresas (aproximadamente un 6 por ciento del total de empleadores) en los primeros 30 meses de gestión, con un promedio diario equivalente a alrededor de 33 a 76 cierres por día, dependiendo del tramo temporal analizado. El universo total de empresas empleadoras se redujo a cerca de 481.000, marcando uno de los niveles más bajos de los últimos años.

La construcción muestra una dinámica similar, a partir de que el Gobierno decidiera congelar toda la obra pública como parte del ajuste presupuestario para mostrar un superávit de las cuentas públicas. Según la Fundación Encuentro, la actividad del sector pasó de un promedio de 153,1 puntos en el primer semestre de 2023 a 132,6 puntos en igual período de 2026, una caída de 13,4 por ciento. Los despachos de cemento ofrecen una referencia todavía más pronunciada: pasaron de un promedio mensual de 1.029.965 toneladas a 780.201 toneladas, con una disminución de 24,2 por ciento. La producción de minerales no metálicos, vinculada directamente con la construcción, cayó 25,7 por ciento respecto del primer semestre de 2023.

El empleo y los ingresos

El mercado laboral es uno de los puntos donde más claramente aparece la diferencia entre crecimiento agregado y recuperación económica generalizada. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, el empleo asalariado privado registrado total pasó de 6.382.700 a 6.108.100 trabajadores, una reducción de 274.600 puestos, equivalente a 4,3 por ciento. La caída afectó a 19 de las 24 jurisdicciones. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con aproximadamente 100.900 puestos menos. En términos porcentuales, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut registraron los mayores retrocesos. El dato confirma la expectativa de que una economía de enclave no genera empleo. El crecimiento de determinados sectores, vinculados con actividades meramente extractivas, no se traduce automáticamente en una expansión equivalente del empleo formal. Energía, minería y algunas actividades agroexportadoras pueden aumentar producción y exportaciones con una utilización de mano de obra menor que la requerida por sectores industriales o por la construcción.

Con un ejército de desempleados, creciendo de manera exponencial, la caída del salario es una consecuencia inevitable. El salario mínimo acumula un desplome cercano al 40 por ciento en su poder de compra frente a noviembre de 2023. Dentro del sector formal, los trabajadores del sector público fueron los más castigados, con retrocesos reales superiores al 30 por ciento. Los vinculados con el sector público muestran un relativo estancamiento, con una fuerte heterogeneidad según los sectores que se traten.

En el caso de los jubilados, principal variable de ajuste presupuestario del gobierno libertario, se presenta una particularidad adicional: la fórmula de movilidad permitió actualizar los haberes de acuerdo con la inflación, pero el bono extraordinario destinado a quienes cobran la mínima permanece congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024. Este mes, con una inflación que se aceleró en los últimos meses y un rezago de dos meses en la aplicación de la fórmula con el nuevo índice, el haber mínimo alcanzó 428.633,20 pesos y, con el bono, el ingreso bruto llegó a 498.633,20 pesos. A esto se agregó el vencimiento de la moratoria previsional en marzo de 2025, que el Gobierno dejó caer como un plan global de privatización de las jubilaciones. Durante la primera mitad de 2026 se registraron 99.673 nuevas altas jubilatorias hasta el 16 de junio, 45 por ciento menos que en igual período de 2025 y 53 por ciento menos que durante el mismo tramo de 2024.

El resultado fue una fuerte caída del consumo interno. El comercio mayorista y minorista cayó 5,6 por ciento en el primer semestre de 2026 respecto de igual período de 2023. El Instituto Periferias relevó 5.000 casos en 15 provincias e informó que 74,4 por ciento de los hogares no logra cubrir con sus ingresos los gastos mínimos del mes. Al mismo tiempo, 61,8 por ciento de las personas consultadas tiene algún tipo de deuda y 59,8 por ciento de quienes están endeudados utilizaron ese financiamiento para comprar alimentos. El sociólogo Daniel Menéndez, que conduce el Instituto, explicó que "el patrón de endeudamiento en las familias cambió a partir de la crisis social. Pasaron de endeudarse por una eventualidad extraordinaria como el cumple de 15 años o una emergencia familiar, a hacerlo de manera crónica para sostener la compra de comida".

El círculo vicioso de Milei se inició con pulverizar el ingreso de los hogares. Si los ingresos no alcanzan para cubrir alimentos, alquiler, servicios y transporte, una familia puede utilizar la tarjeta, una billetera virtual, un préstamo o ayuda familiar para completar el mes. Pero esa solución traslada el problema, como sucede actualmente, hacia el ingreso futuro y puede generar una nueva necesidad de financiamiento cuando llega el siguiente vencimiento.

Luego de una breve interrupción en junio, explicada por factores estacionales como el pago del medio aguinaldo que habilitó la posibilidad de refinanciar deudas en el caso de los hogares, la morosidad del crédito volvió a subir en julio y retomó así una tendencia que se había extendido durante 19 meses consecutivos. Según un informe de la consultora 1816 sobre la base de datos de deudores del Banco Central (CENDEU), la irregularidad total de las familias se ubicó en 12,94 por ciento y la correspondiente a las empresas, en 3,61 por ciento, siendo los registros más altos desde la crisis de 2001.

Las mil y una noches

El Gobierno continúa celebrando cada dato en materia fiscal, aunque lo venga manteniendo con ajustes eternos y partidas "pisadas" que rápidamente comenzaron a erosionar la recaudación, invitando a una nueva ronda de contracciones en el nivel de gasto. En agosto, el gasto primario devengado cayó 10,3 por ciento interanual en términos reales, según una estimación de Analytica basada en información oficial. Las transferencias a las provincias se redujeron 86,1 por ciento real interanual y los programas sociales, excluyendo AUH y asignaciones familiares, retrocedieron 40,6 por ciento. En los primeros ocho meses del año, la recaudación tributaria acumuló una caída real de 3,7 por ciento, de acuerdo con LCG. El ajuste vuelve entonces a aparecer como mecanismo de compensación. Menor recaudación, menor gasto; menor gasto, menor demanda pública; menor demanda, presión sobre la actividad de determinados sectores y, nuevamente, menor recaudación.

El tercer componente estructural de estos mil días que, por la intensidad de la destrucción del entramado productivo, equivalen a millones de días, fue, junto con el ajuste fiscal y la estabilización monetaria, la desregulación. El DNU 70/2023 estableció como principio la "más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria" y modificó decenas de normas que regulaban mercados y actividades económicas. La desregulación alcanzó al mercado laboral, los alquileres, las prepagas, las obras sociales, el sistema financiero, las tarjetas de crédito, los seguros, el comercio, el sector agropecuario, la industria vitivinícola y el transporte aéreo, entre otros. En materia laboral, el Gobierno amplió el período de prueba, modificó las condiciones de registración, alteró presunciones sobre relaciones laborales y habilitó nuevas modalidades de contratación y colaboración.

En alquileres, la derogación de la Ley de Alquileres permitió que propietarios e inquilinos acuerden libremente la duración de los contratos, la moneda y los mecanismos de actualización. En medicina prepaga, se eliminó la obligación de permanecer durante un año en la obra social de origen y se habilitó la elección directa de la empresa de medicina prepaga. Paralelamente, el Gobierno eliminó mecanismos de regulación sobre los aumentos de cuotas. En el sistema financiero y las tarjetas de crédito se modificaron disposiciones destinadas a flexibilizar las condiciones de funcionamiento y contratación, dentro de un proceso general de reducción de controles regulatorios. En comercio y abastecimiento fueron derogadas la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y distintas regulaciones vinculadas con la comercialización y la competencia. En tierras rurales se derogó la Ley 26.737, que establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.

La lógica fue trasladar decisiones que antes estaban reguladas por el Estado hacia acuerdos privados, competencia y formación de precios de mercado. Dejar en manos de los sectores concentrados la administración del mercado. El Gobierno prometió que ese proceso permitiría reducir costos, ampliar la oferta y atraer inversiones. En sus primeros mil días, el resultado fue todo lo contrario: la inversión se desplomó –y con ella, la oferta— y los costos, a partir de crecientes aumentos de los servicios públicos, la energía y el transporte, se volvieron impagables para muchas empresas que directamente desaparecieron y, con ellas, cientos de miles de puestos laborales.