Un rato antes del mediodía del 9 de mayo, con las calles casi vacías por el paro de la CGT y la CTA, Karina Milei recibió a once diputados en el Salón de los Científicos, del primer piso de Casa de Gobierno. Cinco eran de La Libertad Avanza. Entre ellos, el presidente de la Cámara, Martín Menem. Los otros seis eran del PRO. Cristian Ritondo, el jefe de ese bloque, se encontraba por segunda vez con la secretaria general de la Presidencia: se habían reunido el día anterior para romper el hielo. Para los libertarios alrededor de la mesa, el cónclave mixto tenía un único propósito: adelantar una estrategia conjunta para insistir con el texto original del proyecto de la Ley de Bases y del paquete fiscal, en caso de que el Senado los apruebe con cambios y deba regresar a la Cámara baja. Para cumplir ese objetivo, el oficialismo, que tiene apenas 38 diputados, necesitará aliados para conseguir una mayoría simple de 129.

Eduardo “Lule” Menem —primo de Martín y mano derecha de Karina, además de subsecretario de Gestión Institucional— escuchó con parsimonia los pedidos de los diputados aliados que fueron a Balcarce 50 con un listado de iniciativas para discutir a futuro. Mientras, supervisaba a la distancia lo que sucedía en la segunda jornada de exposiciones en el plenario de comisiones del Senado. Allí, los funcionarios nacionales les proponían otro plan a los opositores más cercanos, sobre todo a los radicales: aceptar correcciones, introducir modificaciones, atender sus reclamos. Todo para conseguir el apoyo de la UCR en la votación en general.

Del regreso de los proyectos a Diputados se encarga la hermana del presidente. El reglamento les ofrece ahí una oportunidad: con los 37 legisladores del PRO a su favor, el oficialismo tiene chances de reunir los votos en la Cámara baja para ratificar el texto original con las propuestas sancionadas por los diputados el 30 de abril y desestimar los cambios propuestos en el Senado.

Todos los opositores, sin excepción, saben qué se negocia a un lado y al otro del salón de Pasos Perdidos del Congreso. Diputados y senadores están al tanto de la misión que desplegaron desde la Casa Rosada. Saben que los cambios que se puedan hacer en la Cámara alta son espejitos de colores. Ninguno desconoce el doble juego del gobierno libertario.

—Los votos los vamos a tener —afirma con seguridad uno de los negociadores más experimentados del Ejecutivo.

En el Senado, sin embargo, los 37 votos todavía no están. El Gobierno se acordó tarde de convocar a los radicales. El ministro del Interior, Guillermo Francos, quiso enmendar el error el fin de semana con un encuentro “secreto” —aunque a la vista de todos— con el senador Martín Lousteau. Lo único que consiguió fue crispar aún más a los correligionarios, que increparon al titular de la UCR por haberse cortado solo y, de paso, aprovecharon para engrosar la lista de peticiones al oficialismo.

—¡No avisaste que te ibas a reunir con Francos, encima cuando te preguntamos lo negaste! —le reclamó un senador radical a Lousteau, que todavía tenía atragantado el enojo desde el 14 de marzo pasado, cuando el economista votó en contra del DNU 70/23 diferenciándose de su bancada.

La conversación fue acalorada. Después le siguieron otras. La santafesina Carolina Losadase enteró del encuentro con Francos “por los medios” y fue una de las que más molesta se mostró. También el bonaerense Maximiliano Abad, que no se esforzó por ocultar su furia.

Sin consultar al resto de los radicales, Lousteau había llevado el financiamiento universitario a la mesa de negociación. Durante el debate del proyecto en Diputados, el encargado de encabezar las conversaciones por este tema con el asesor presidencial Santiago Caputo, fue el vicedecano de la UBA y referente radical, Emiliano Yacobitti. En el Senado, ese lugar lo ocupó el ex ministro de Economía de Cristina Kirchner. Su apoyo a las iniciativas de los libertarios está condicionado fuertemente por lo que suceda con las universidades (en realidad, con la UBA), aún cuando no hay ningún artículo referido a eso en los textos que se están discutiendo.

Francos y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi —que gasta suela como pocos en los pasillos del Palacio Legislativo—, toman nota de todo, escuchan, asienten y prometen cambios. Hacen política. Negocian en nombre de Javier Milei.    

El lunes pasado, después de haber escuchado trastabillar al secretario de Energía, Eduardo Chirillo, y con decenas de expositores despotricando contra los proyectos ante el plenario de comisiones, Francos cayó en la cuenta que tenía que hacer en el Senado el mismo trabajo que en Diputados: sentarse a convencer a los radicales. Al día siguiente, se reunió con el bloque de la UCR, que conduce el correntino Eduardo Vischi, y cerró un primer acuerdo para que el Gobierno le envíe los fondos a la UBA. El resto de las universidades públicas, por ahora, no tienen la misma suerte.

El Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a los rectores de las universidades nacionales, salió de inmediato al cruce. Anoche publicaron un comunicado donde dicen que no aceptarán un sistema con estudiantes de primera y estudiantes de segunda. Es al menos curioso el reconocimiento a una sola universidad y no a todas las que hace menos de un mes se movilizaron, en conjunto, en una masiva marcha contra el ajuste presupuestario.

Desde la bancada radical se cubrieron, también con un comunicado: “El ministro se comprometió a garantizar los gastos de funcionamiento que corresponden a las Universidades Nacionales y llegar a un acuerdo con sus autoridades en los próximos días”.

A ninguno de los trece senadores de la UCR se le pasa por alto que la inmediata respuesta de Francos al reclamo por las universidades es un todo gesto, más viniendo de un Gobierno que se jacta de no pactar, menos aún con la “casta”. Pero no es suficiente. Queda por delante destrabar la discusión por algunos de los puntos nodales del proyecto de la Ley de Bases y del paquete fiscal. En eso están.

Sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) —que establece beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para las inversiones de más de 200 millones de dólares— Lousteau repitió sin cesar que es “un régimen excesivamente generoso”. Los radicales quieren la modificación de varios de los 65 artículos referidos al RIGI. También piden cambios en el capítulo sobre blanqueo. Estos son, justamente, los dos temas de mayor interés para el Gobierno. Les piden que entreguen el corazón de los proyectos. Solo unos pocos reclaman por la reforma laboral. El chaqueño Víctor Zimmermann cuestiona el artículo 3, que le da vía libre al Ejecutivo para disolver organismos públicos. El fueguino Pablo Blanco avisa que no acompañará las privatizaciones de las empresas públicas. Cada uno con su propia libretita.

 —Sin cambios en el RIGI y el blanqueo, no hay apoyo— afirma un senador del bloque de la UCR.

—Vamos a acompañar, pero que al menos nos tiren algo, que nos den alguna modificación —dice otro radical con tono más conciliador.

Un tercero, un poco distraído, se pregunta cómo se asegurarán de que los cambios no se esfumen cuando lleguen a Diputados. Todos están al tanto de que Karina teje su propia estrategia con los diputados libertarios y del PRO. No son los únicos.

Los asesores de los senadores y de los diputados radicales están analizando, hace unos días, cuál es el mejor modo para que la Cámara baja apruebe la versión del Senado. La única certeza que tienen es que los legisladores de La Libertad Avanza y los de PRO apuestan por la redacción originaria. No están seguros si algunos correligionarios se sumarán al plan del oficialismo. En Diputados, hay al menos tres tribus radicales: la que encabeza Rodrigo De Loredo —jefe del bloque—, muy cercano a Milei; la que lidera Facundo Manes, un poco más crítico; y aquellos que se referencian en Lousteau y Yacobitti, que oscilan entre acercarse y alejarse del Gobierno.

De Loredo fue otro de los radicales que en las últimas horas recibió buenas noticias del Ejecutivo. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, le confirmó la creación de la Universidad de Río Tercero, que había quedado suspendida cuando Milei llegó a la presidencia.

En el radicalismo también están en contacto con Hacemos Coalición Federal, la bancada que encabeza Miguel Ángel Pichetto. Las charlas no son nuevas. Antes de que la Cámara baja le diera media sanción al proyecto de la Ley de Bases y al paquete fiscal, el diputado Nicolás Massot le sugirió a Abad una serie de cambios para introducir en el actual debate. RIGI, blanqueo y monotributo social quedaron, finalmente, en la lista que los senadores radicales le acercaron al oficialismo.   

—No podíamos seguir negociando, sino se caía todo —admite un radical del grupo de De Loredo. O, en otras palabras, como dijo el propio Lousteau en una versión más light: “Los diputados estaban tan exhaustos del proceso original de la Ley de Bases que no podían más emocionalmente”.

Lo que se preguntan varios es cuánto están dispuestos a aguantar los senadores, con el apuro a cuestas del Ejecutivo y de sus propios gobernadores. Algunos se quejan de las presiones (empresariales, políticas y mediáticas). Dos semanas de tratamiento en comisiones no parece mucho tiempo. A los diputados, el debate les llevó cuatro meses, con un fracaso de por medio.

Ni libertarios ni radicales se atreven a imaginar un escenario que no incluya la aprobación de los proyectos. Milei necesita las leyes: para el Pacto de Mayo, para darle una señal al FMI, para exhibir un triunfo en un sitio que le es adverso. El radicalismo sabe que si no hay ley, no hay plata para las provincias que gobierna. Pero, además, busca un lugar en donde pararse.  En la vereda de enfrente, silbando bajito, desde el interbloque de senadores de Unión por la Patria, liderado por José Mayans y Juliana Di Tullio, se tienen fe: “Los 33 nuestros votan juntos. Nos faltan sólo cuatro opositores más para rechazar todo. En realidad, la mitad, porque hay dos que ya están con nosotros”.

 Por Gabriela Vulcano y Arte Sebastián Angresano / Revista Anfibia