El sindicalismo a la cabeza

Actualidad 13 de mayo de 2024
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El 9 de mayo tuvo lugar el segundo paro general llevado adelante por la Confederación General del Trabajo (CGT), con la adhesión de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), de la CTA Autónoma y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. En la ciudad de Buenos Aires no hubo movilización, pero sí en muchas ciudades del país, entre ellas Córdoba que, pese al triunfo rotundo de Javier Milei en noviembre pasado, atraviesa un proceso creciente de movilización en rechazo al ajuste. Es el tercer acontecimiento de este breve plan de lucha que se inició con la marcha universitaria del 23 de abril y el acto en el Monumento al Trabajo el pasado 1º de mayo. El paro se convocó bajo la consigna “Pará la mano”, retomó la consigna que surgió en las protestas de diciembre, “La patria no se vende” e incluyó una proclama en defensa de los derechos. Hay varios aspectos inéditos en estos últimos acontecimientos. Por un lado, es el segundo paro general de la CGT en cinco meses de gobierno. En general, la Central se reserva esta acción como última opción y recurre a ella con más tiempo de gobierno transcurrido. Por otro lado, la adhesión a la marcha universitaria y la participación de los cuerpos orgánicos también es un rara avis en una organización con reticencias a sumarse a protestas ajenas. Por estas razones, el paro de ayer reviste una importancia que transciende la coyuntura.

Los sentidos del paro 

La contundencia de un paro siempre es objeto de discusión entre sus impulsores y sus detractores. Y en tal sentido, circulan argumentos contrapuestos: la cantidad de vuelos cancelados, el paro o no de todas las líneas de colectivos y los comercios que abrieron sus puertas, sector donde el acatamiento fue más bien bajo. La adhesión nunca es homogénea ni alta en todos los sectores y depende de muchos factores, entre ellos el transporte. La posición de la CGT fue que hubo transporte y la gente aun así se quedó en la casa para remarcar la contundencia de la acción gremial. Otra fuente de medición es la cantidad de ataques al paro que hubo por parte de funcionarios, dirigentes de partidos de derecha y grupos mediáticos abiertamente anti sindicales. De hecho, en los portales de los diarios de mayor circulación se publicaron los costos del paro. Según la estimación del ministro de Economía, Luis Caputto, ascendería a los 520 millones de dólares… Parece mucho (1).

Un paro, como cualquier repertorio de acción, no tiene un sentido predeterminado ni unívoco, depende de cómo se desarrolle la contenida política, cómo jueguen los otros actores y los sentidos que los públicos le otorguen. Puede ser que a priori este paro implique un acuerdo entre los diferentes nucleamientos al interior de la CGT y que, en este sentido, tenga un carácter superestructural más orientado al sector de los trabajadores que aún se encuentra en la formalidad laboral. Pero hay aspectos en torno a los efectos que los protagonistas no controlan, ni pueden direccionar unilateralmente: ¿quién escucha el reclamo? ¿Quién responde? Miremos entonces esta dinámica.

La CGT viene mostrando una actuación muy activa desde que asumió Milei en comparación con el pasado reciente –el gobierno de Cambiemos– y el lejano –el menemismo–. Lejos de caer en pases de facturas, es innegable que la Central se ha puesto al frente del descontento que se expresa en las calles respecto del desempeño del gobierno. Este paro en particular tenía varios sentidos. Por un lado, funcionaba como un gesto de apoyo o contención hacia los trabajadores y trabajadoras que están atravesando una de las peores crisis económicas desde el regreso de la democracia. También para las organizaciones agremiadas, que viven situaciones complejas por los despidos, por la inflación y el deterioro significativo del salario, por la restitución del impuesto a las ganancias y por la reforma laboral que el gobierno viene intentando. Por otro lado, un paro de este tipo también muestra un “frente interno” ordenado –más allá de las posiciones dialoguistas o confrontativas– y de acuerdo en la estrategia general: la patria no se vende, los derechos laborales se defienden y las organizaciones sindicales también. El abroquelamiento sindical llegó a niveles impensados: días atrás, ATE y UPCN firmaron un comunicado conjunto en defensa del Estado, los puestos de trabajo y el intento de desmantelar áreas clave en riesgo por el proyecto de Ley Bases.

Por otro lado, el paro es un nuevo intento de los sindicatos de reafirmar su carácter de representantes de los y las trabajadoras. El gobierno recibió por primera vez a dirigentes cegetistas el último 10 de abril con el compromiso de abrir cierto espacio de diálogo, el cual fue borrado rápidamente, sobre todo cuando en el proyecto de la Ley Bases volvió a incluir un capítulo de reforma laboral parecido al del DNU sin consulta previa. El lobby de la CGT, por intermedio de Miguel Ángel Pichetto, logró reducir de 60 a 17 los artículos de la reforma laboral contemplada en la Ley Bases, preservando poder y recursos sindicales, y también el derecho a huelga. Lo cierto es que el gobierno no identifica los matices ni los alineamientos internos y tiene rotulada a la central obrera como parte de la casta privilegiada que hay que destruir. Una consecuencia no deseada de los tiempos de la justicia social.

Finalmente, otro actor al que intenta interpelar la CGT es a Unión por la Patria, que –atravesada por internas estériles– parece no tener reacción frente a la ofensiva libertaria. La aprobación en Diputados de la Ley Bases es otra muestra de la incapacidad legislativa para tender puentes, ofrecer un discurso alternativo y, fundamentalmente, una propuesta tentadora más allá de sus convencidos. La idea de “hay 2027”, que funcionó en 2019, no parece ser extrapolable a esta coyuntura, donde no está claro qué quedará en pie para entonces.

El diálogo no es una opción

¿Cómo reaccionó el gobierno nacional? El presidente se dedicó a tuitear sobre el significado del paro, asociándole sentidos hebreos que parecen por lo menos descolocados de la realidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue a la estación de Constitución, intentó tomar un colectivo (lo que no pudo hacer porque no tenía saldo en la SUBE) y advirtió sobre la aplicación de multas a las empresas de colectivos por no garantizar el 50% del servicio en su carácter de servicio esencial. Rápida de reflejos, la Justicia Nacional del Trabajo informó que el capítulo de reforma laboral incluido en el DNU 70/2023 está suspendido, por lo que no puede aplicarse. Por ello, el gobierno no podría imponer multas, pues no existe la esencialidad del transporte como servicio. De modo transversal otros dirigentes de La Libertad Avanza dedicaron agresiones e insultos a los dirigentes y adherentes al paro.

La demanda de cambio en la orientación del gobierno parece chocar con la posición de no negociar.

El gobierno y sus funcionarios parecen no conocer otra estrategia que no sea la amenaza, el ataque y los intentos de amedrentamiento, con una capacidad de diálogo casi nula que se expresa también en el cierre de las instancias de negociación, como el Consejo del Salario o la paritaria nacional docente. Como mencioné en una nota anterior (2), es un gobierno “solo de palos”, que no construye instancias de diálogo, negociación o concesiones. No está claro cuánto servirá la grieta para gobernar y mantener cierta legitimidad en su electorado en un contexto de crisis que parece no tener fondo y algunos indicadores ya superan a los de 2001.

Finalmente, de alguna manera, parece un paro también dirigido a los gobernadores, diputados y senadores, a quienes el afirmativamente la Ley Bases y a quienes tienen la posibilidad de convertirla en ley. De hecho, mientras se llevaba adelante el paro, había comisiones del Senado en funcionamiento y se decidió pasar a un cuarto intermedio, lo que frenó el tratamiento del controvertido proyecto. 

Confrontación acelerada

Ahora bien, a diferencia de un paro sectorial donde un sindicato tiene una demanda específica, uno general apunta contra la política económica, laboral y social de un gobierno. Alrededor de este punto hay cuestionamientos. ¿Un resultado electoral habilita cualquier cosa? La llamada legitimidad de origen es necesaria para gobernar en clave democrática, pero ¿es suficiente para la legitimidad de ejercicio?

Es cierto que Milei, a diferencia de sus antecesores –entre ellos Mauricio Macri– no mintió sobre sus planes de gobierno. Pero también es cierto que la ciudadanía decide su voto por muchos motivos, y el nivel de disconformidad con el gobierno de Alberto Fernández era alto, sumado a que el ministro de Economía de la super inflación, Sergio Massa, era el candidato oficialista. Por lo tanto, es claro que el voto a Milei no fue homogéneo: incluyó sectores anarcocapitalistas, sectores disconformes con el gobierno anterior, incluso con el peronismo, y los tradicionales anti peronistas que se sumaron para el balotaje. Es un electorado muy precario en términos identitarios e ideológicos para dar por sentado que avalará cualquier tipo de acción gubernamental.

En tal sentido, en la conferencia de prensa que la CGT ofreció en horas de la tarde, el Consejo Directivo manifestó que el paro estuvo legitimado por dos cuestiones: el sustento social –por la crisis con todas sus aristas– y el sustento político, por el mencionado proceso de relegitimación de la CGT gracias a su rápida contestación a las políticas oficiales desde diciembre pasado. Frente a las acusaciones del carácter político del paro, Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, declaró: “Cuando nos dicen que es un paro político, efectivamente, estamos discutiendo el rumbo de nuestro país, estamos discutiendo la política que llevan adelante, estamos discutiendo las acciones que vienen dañando el entramado social de nuestro país”. Además, dijo que tomaban “nota del acompañamiento”, en el sentido del respaldo que implica un acatamiento de este tipo a una acción sindical, y apelaron a que el gobierno también lo haga y revise la política de ajuste. Una advertencia de fondo, que justifica en parte el nivel de articulación interorganizacional que se observa, es que las crisis generan nuevos subsuelos de los que luego es muy difícil salir. Por ejemplo, pese al crecimiento económico durante los años kirchneristas, muchos indicadores sociales no volvieron a los valores de 1997, que tampoco fue un buen año.

Un paro –como cualquier otra protesta– no es un fin en sí mismo, sino un modo de manifestar el descontento, de criticar el curso de acción política que el gobierno lleva adelante. La conflictividad, a diferencia de otros momentos, parece seguir una lógica bifronte: sectorial y general. En el marco esta última, durante los últimos cinco meses tuvieron lugar protestas de importancia significativa: el acto frente al Palacio de Tribunales el 27 de diciembre de 2023, el paro general del 24 de enero, el 8M, el 24 de marzo, la Marcha Federal Universitaria el 23 de abril y este paro.

La demanda de cambio en la orientación del gobierno parece chocar con la posición de no negociar. ¿Se puede profundizar el plan de lucha? Sí, y probablemente sea lo que ocurra. Pero también es poco probable que sirva para cambiar el rumbo gubernamental. ¿Esto quiere decir que el paro no sirvió para nada? Por supuesto que no. El paro tal vez no tenga como consecuencia directa un cambio en la política oficial, pero servirá para reordenar el campo político, cómo juegan los actores, con quien arman alianzas. En la cultura política argentina los campos de la movilización y la política tienen muchas conexiones, puentes y tensiones. El dilema hoy es que la confrontación se aceleró tanto que parece haber un desacople entre el tiempo de la movilización y el tiempo político. En cómo los actores logren sortear esos tiempos se definirá cómo sigue el juego.

1. https://www.cronista.com/economia-politica/cuanto-le-costo-a-la-economia-argentina-el-paro-general-segun-el-gobierno-y-estimaciones-privadas/

2. El doble ajuste de Milei, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, febrero de 2024. Disponible en https://www.eldiplo.org/296-cuanto-ajuste-tolera-la-sociedad/el-doble-ajuste-de-milei/

Por Ana Natalucci * Investigadora Independiente CONICET, IDEAS/UNSAM. Profesora Universidad de Buenos Aires. / Le Monde diplomatique, edición Cono Sur

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