La decisión del gobierno de Javier Milei de prorrogar el Presupuesto educativo de 2023 sin considerar el 211,5 por ciento que acumuló el índice de precios al consumidor (IPC) el año pasado más el 51,6 por ciento del primer trimestre tuvo, como consecuencia lógica, el mayor desfinanciamiento de la educación pública superior del que se tenga registro (un 71 por ciento según el cálculo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ).

La actual gestión libertaria pretendió aplicar para las 65 universidades nacionales y sus instituciones de salud un presupuesto inicial de 1.385.290 millones de pesos, la misma cifra que hace un año. El mes pasado hubo una ampliación insignificante (2,21 por ciento) y con el manotazo de ahogado del lunes para intentar frenar la movilización (un falso “70 por ciento”, pues sólo se aplica a gastos de funcionamiento) el presupuesto pasó a ser de 1.440.397 millones, un mísero 4,1 por ciento más sobre el total. Del presupuesto destinado a las universidades, la partida principal se denomina “Desarrollo de la Educación Superior”, que explica el 90 por ciento del gasto total, según un análisis de ACIJ. En ella se incluyen el pago de salarios a docentes y no docentes, que representan el 52,2 y el 30,5 por ciento respectivamente. 

El anuncio del Ministerio de Capital Humano abarca dos partidas marginales: “Asistencia Financiera para el Financiamiento Universitario”, que representa el 7,9 por ciento del total, y “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios", que explica apenas el 1 por ciento. Aun incorporando las sumas que el gobierno anunció, el presupuesto total aumentaría apenas un 4,1 por ciento, precisa ACIJ.

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), por su parte, analizó la variación de los fondos girados a las universidades en el primer trimestre del año anterior y del actual. Para gastos corrientes, los 487.559 millones de pesos actuales implicaron una disminución del 32,5 por ciento en comparación con 2023. Para los gastos de capital, que habían sido de 5.201 millones hace un año, los giros fueron de cero pesos este año. El dato significativo son los castigos para las universidades más chicas. Mientras la UBA recibió un 36,3% menor, en el caso de la de Córdoba -34% y en la de La Plata -28,4% y el recorte fue del 66,1 por ciento para la Universidad de San Antonio de Areco. La saña mayor, sin embargo, se aplicó a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo que no recibió un centavo de aumento.

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