Desde este martes, para cuando convocó a un encuentro de constitucionalistas, el bloque de diputados de Unión por la Patria busca impulsar la arremetida final contra el mega DNU de Javier Milei que ya tiene el rechazo del Senado y aguarda su veredicto final en la Cámara baja. "Es nuestro objetivo número uno, todo lo otro viene después", detallaba uno de los diputados que trabaja en la organización del evento para el que esperan reunir a unos veinte especialistas. Pero, más allá de la sumatoria de argumentos jurídicos contra el decreto, el objetivo es acercarse todo lo posible a los 129 diputados necesarios para el quórum y el rechazo al decreto. Participarán legisladores del FIT; los socialistas santafesinos y estaban a la búsqueda de sumar radicales y de fuerzas provinciales. De acuerdo a los cálculos de la CGT, que también viene trabajando por la derogación, aún faltan asegurar siete votos.

Es una bala de plata porque si en una sesión el DNU no es derogado entonces quedaría validado, con todo lo que eso significa. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, recalcó esta semana que los miles de despidos de trabajadores estatales eran "producto de la vigencia del inhumano DNU 70/2023", por lo que convocaba a quienes en algún momento se manifestaron en contra a votar en consecuencia en Diputados. Hay en UP quienes sostiene que con el decreto y la prórroga del Presupuesto 2023 que le permitirá mover partidas a su antojo, ya tiene suficientes elementos para gestionar todo este año a pura motosierra y licuadora. El bloque de UP cuenta con 99 diputados y con el del FIT suma otros cinco. Necesitan arrimar otros 25 legisladores para llegar al rechazo.

El problema es que el tratamiento del decreto coincidirá con las negociaciones en paralelo por la nueva ley Bases y el pacto fiscal, por lo que los gobernadores de la oposición dialoguista podrían arriar sus banderas en pos de un acuerdo general con un Ejecutivo que no deja de maltratarlos. El primer paso será poner de relieve las argumentaciones de los especialistas en una jornada de debate en el anexo de la Cámara.

Apenas fue publicado el DNU, en diciembre pasado, algo que sorprendió fue la unanimidad de opinión de los juristas que calificaron la medida como ilegal. Eso, aún en el caso de constitucionalistas claramente no peronistas como Daniel Sabsay o Félix Lonigro. “No recuerdo una cosa así, ni en la época de Menem, ni en el gobierno militar”, opinó Sabsay. Un jurista que expondrá el martes será Andrés Gil Domínguez, quien presentó un amparo en Trbunales contra el decreto.

Habrá también un especialista aportado por el Frente de Izquierda y buscaban sentar también alguno vinculado al radicalismo como Antonio María "Tuta" Hernández, abogado de la Universidad Nacional de Córdoba. En su momento, Hernández -convencional constituyente en 1994- expresó que la medida era inconstitucional porque no existía una situación extraordinaria que habilitaba la sanción de un decreto que de un plumazo deroga casi cien leyes. Lo mismo expresó el presidente de la UCR, Martín Lousteau, durante el debate en el Senado. Arrimar al sector radical de Lousteau y Facundo Manes es indispensable para llegar al número necesario en el recinto. Otro que podría hablar será el ex juez federal de Formosa y actual diputado Fernando Carbajal, que se destapó como un duro crítico del Ejecutivo.

La mesa chica de la CGT viene manteniendo reuniones reservadas en busca de juntar votos. La central obrera hizo punta en la Justicia al presentar el primer amparo contra el decreto que derivó en la declaración de inconstitucionalidad del capítulo laboral, que cercena derechos de los trabajadores y afecta la organización de los sindicatos. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema, pero el máximo tribunal parece preferir que sea el Congreso -es decir, la política- quien resuelva primero la situación. Uno de los negociadores cegetistas aseguró esta semana que faltaban siete votos para llegar a los 129. Entre los diputados que aún restaban convencer pero podrían llegar a decidirse mencionó a los peronistas cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora.

La decisión de Milei de dejar de enviar recursos para las cajas de jubilaciones provinciales -tomada justamente al amparo del DNU- podría volcar la balanza. En el caso de Córdoba, se trata de más de mil millones de pesos mensuales que la provincia dejó de percibir desde que Milei llegó a la Casa Rosada. En la misma situación están otras provincias dialoguistas como Santa Fe, Chubut, Corrientes y Chaco. En la reunión que mantuvieron el jueves pasado, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, admitieron a los gobernadores que la medida fue un error y prometieron cumplir con los pagos una vez que auditen cuánto les deben a cada uno. Si no lo hace, gobernadores como Llaryora podrían definir el rechazo al DNU que los perjudica con medidas como este recorte.

Ahí es donde las negociaciones se mezclan. Porque si al mismo tiempo están negociando la letra chica de la ley Bases y el pacto fiscal es probable que la oposición dialoguista no quiera hacer saltar todo con un rechazo al DNU, algo que ocurriría por primera vez en la historia. Con todo, son diferentes los cuestionamientos y es muy difícil sostener la legalidad de un decreto impugnado por todos los especialistas.

Es lo que se buscará exponer a partir de este martes el bloque de Unión por la Patria, con un panel de juristas de un espectro de lo más amplio que se pueda reunir. Igual, eran concientes que será el propio Milei quien pueda decidir la situación con sus actitudes. "Si insiste en medidas como la podas a las cajas previsionales o el desfinanciamiento de la UBA, estoy seguro que conseguimos los votos que nos faltan", imaginaban en el bloque de Unión por la Patria. 

Por Fernando Cibeira / El Destape