Se repitió tanto que acabó aburriendo, pero es ahora cuando aquel manido mantra de que los datos son el nuevo petróleo cobra todo el sentido a medida que empresas y gobiernos pelean por ellos con uñas, dientes y, en ocasiones, con las tácticas más sucias. Si el pasado está plagado de conflictos geopolíticos por el crudo, el reciente bum de la inteligencia artificial (IA) está sembrando el presente de disputas y estratagemas para controlar la materia prima con la que funciona.

El último ejemplo es la cada vez mayor lista de demandas judiciales que las compañías creadoras de contenido original y real, desde Getty hasta The New York Times, están lanzando contra las tecnológicas que se nutren de su trabajo para producir sus IA a cambio de nada. Incluso OpenAI acaba de reconocer que le habría sido “imposible” crear ChatGPT sin usar material sujeto a derechos de autor, informa The Guardian. Así que lo hizo, pero no pagó un duro por él.

“Meta, Google y OpenAI están utilizando el duro trabajo de periódicos y autores para entrenar sus modelos de IA sin compensación ni reconocimiento”, denunció el senador demócrata de EEUU Richard Blumenthal una audiencia la semana pasada sobre el impacto de la IA en el periodismo, informa la revista Time. De momento, parece que “legisladores de ambos lados del hemiciclo coinciden en que OpenAI y otros deberían pagar a los medios de comunicación por utilizar su trabajo en proyectos de IA”, reporta Wired. Pero no todo el mundo está de acuerdo.

“Si yo puedo ir a un museo, ver todas las obras de un pintor determinado, e inspirarme en su estilo para pintar un cuadro similar, ¿por qué no puede un algoritmo ‘ingerir’ todas las imágenes de un repositorio para, posteriormente, generar imágenes diferentes pero basadas en ellas?”, se pregunta el experto en innovación y digitalización Enrique Dans en su blog. Yo misma estoy utilizando contenido de otros medios para crear este artículo. Por eso hay quien defiende que “el problema con los datos de la IA generativa no es el copyright sino el plagio”. El debate está servido.

¿OTRA NUEVA GUERRA FRÍA?

Acabe como acabe, la cuestión de la propiedad intelectual es solo una de las derivabas del creciente melón sobre la generación, el control y el acceso a los datos. La guerra entre estados se aprecia claramente. “Los datos son el poder”, claman desde hace un par de años voces expertas en negocios y relaciones internacionales.

En Estados Unidos, el auge de la soberanía digital (ese concepto que aspira precisamente a concentrar los datos y las infraestructuras digitales en territorio propio para aumentar el control sobre ellos) ha sido recibido con críticas por parte de, casualmente, actores asociados a algunas de las compañías con mayor acceso a los datos a nivel global. Así lo demuestra esta tribuna publicada en MIT Technology Review, cuyos autores están directa o indirectamente vinculados a Microsoft.

El texto, centrado en la computación en la nube, dice cosas como: “La tendencia hacia la soberanía digital ha desatado una carrera armamentística digital que ralentiza la innovación y no ofrece ningún beneficio significativo a los clientes”, y: “Las reglas que establezcamos hoy para gestionar la computación en la nube darán forma a internet en los próximos años. Para mantener ampliamente disponibles los beneficios de esta poderosa tecnología, impidamos la mayor invasión de la soberanía digital”. Pero los gobiernos parecen no estar de acuerdo, ni siquiera el suyo.

La tribuna detalla: “Estados Unidos ha empezado a fomentar su propia versión de la soberanía digital. Esto podría sentar un precedente peligroso: el Gobierno de EEUU estaría reflejando y legitimando las regulaciones de la nube de China”. Por supuesto, también tiene tiempo para criticar al principal rival de su país e incluso a la UE: “En Europa, la preocupación por el dominio de los proveedores de servicios en la nube de EE UU y China ha impulsado esfuerzos para crear una nube europea. El proyecto GAIA-X […]. Además, medidas como el RGPD, con su enfoque en la gobernanza de datos, ofrecen una ventaja a los proveedores europeos que, de otro modo, no serían competitivos”.

Sobre el gigante asiático, dicen: “China lleva mucho tiempo requiriendo que la infraestructura de la nube de sus empresas locales se aloje en el propio país. De hecho, la Ley de Ciberseguridad de China exige que ciertos datos se almacenen en servidores locales o se sometan a una evaluación de seguridad antes de su exportación. La ley de protección de la información personal, que aún está en borrador, va un paso más allá al afirmar que las reglas sobre los datos de China se deberían cumplir en cualquier parte del mundo si los datos en cuestión se refieren a ciudadanos chinos”.

Mientras tanto, desde China el foco está, precisamente, en las empresas de EEUU: “Con su acceso a importantes cantidades de datos, el auge de las big tech plantea un desafío a la exclusividad y superioridad de la soberanía, al asumir de facto la posición de soberanas de los datos”. En medio de las pugnas legales y comerciales entre las grandes potencias estatales y empresariales, quienes realmente salen perdiendo son los pequeños actores, incapaces de seguir el ritmo técnico, económico y geopolítico de los pesos pesados.

En el ámbito de la propiedad intelectual, “exigir licencias de datos […] favorecerá a las grandes compañías como OpenAI y Microsoft que tienen los recursos para pagarlas, y creará enormes costes para las empresas emergentes de IA que podrían diversificar el mercado y protegerse contra la dominación hegemónica y el potencial comportamiento antimonopolio de las grandes empresas”, dijo la directora del Instituto de Política Tecnológica de la Universidad de Cornell, Sarah Kreps, a medida que la información de la audiencia del Capitolio de EEUU se iba filtrando.

Pero los problemas de las pequeñas empresas van mucho más allá. “Como columna vertebral de cualquier economía, desempeñan un papel vital a la hora de estimular la creación de empleo, fomentar el crecimiento económico e impulsar la innovación y el espíritu empresarial. A pesar de ello, se enfrentan a diversos obstáculos para aprovechar plenamente los datos procedentes de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial”, confirma el Foro Económico Mundial en un informe publicado el año pasado.

NEOCOLONIALISMO DIGITAL

En este contexto, los actores más fuertes están ideando todo tipo de estrategias para seguir liderando la captación y el control. Y, como ya hicieron en el pasado para dominar otras materias primas de moda, como el petróleo y los productos agrícolas, y con la mano de obra barata, su presión sobre los más débiles ha dado lugar a lo que ya se conoce como colonialismo de datos.

“La asimetría del proceso de captura de datos es un medio de ‘acumulación por desposesión’ capitalista que coloniza y mercantiliza la vida cotidiana de formas antes imposibles […]. En medio del entusiasmo empresarial y académico por las nuevas formas de análisis y visualización de datos, considerar el big data como una forma de expropiación y desposesión capitalista subraya la urgente necesidad de realizar una comprensión crítica y teórica de los datos y la sociedad”, advertían ya en 2016 los expertos que acuñaron el término.

Dos años después, el experto en comunicación, tecnología y humanismo Ulises Mejía le dio otra vuelta de tuerca al concepto, aumentando su paralelismo con los procesos colonizadores a través de sus primeras tres fases: explorar, expandir, extraer. “A menudo se nos dice que los datos son el nuevo petróleo. Pero, a diferencia de él, los datos no son una sustancia que se encuentre en la naturaleza. Hay que apropiarse de ellos […]. Así, las relaciones de datos promulgan una nueva forma de colonialismo de datos, normalizando la explotación de los seres humanos a través de los datos, del mismo modo que el colonialismo histórico se apropió de territorios y recursos y gobernó a los súbditos con fines lucrativos”, decía en su famoso artículo.

Un ejemplo claro de este fenómeno tuvo lugar el año pasado, cuando Worldcoin, esa misteriosa compañía con sede en las Islas Caimán fundada por el CEO de OpenAI, Sam Altam, empezó a ofrecer criptomonedas a la población de distintos países, incluido España, a cambio de escanear su iris. Las alarmas saltaron en seguida, al cuestionar la seguridad y la privacidad de la operación, y los posibles intereses ocultos de la compañía.

Ya hemos aprendido que, cuando algo es gratis, el producto eres tú, así que, ¿qué podemos esperar de una iniciativa que incluso está dispuesta a ofrecerte dinero a cambio de tus datos biométricos? Kenia fue uno de los primeros países en prohibir la actividad. “Si el objetivo es demostrar que las personas son humanas, basta con que acudan. No hace falta recurrir al mecanismo más invasiva para demostrar que la gente es humana”, dijo a la BBC la abogada especialista en derechos digitales Mercy Mutemi.

Pero esta no es la primera vez que las grandes empresas de tecnología se fijan en el país africano. A principios de 2023, cuando el mundo acababa de conocer a ChatGPT, una exclusiva de la revista Time reveló que OpenAI había estado pagando dos dólares la hora a trabajadores del país a cambio de etiquetar datos especialmente sensibles para reducir la toxicidad de su algoritmo.

El medio decía: “La premisa era simple: al alimentar a una IA con ejemplos etiquetados de violencia, incitación al odio y abuso sexual, herramienta podría aprender a detectar esas formas de toxicidad. Ese detector se integraría en ChatGPT para verificar si estaba reflejando la toxicidad de sus datos de entrenamiento y filtrarlos antes de que lleguen al usuario […]. Para obtener esas etiquetas, OpenAI envió decenas de miles de fragmentos de texto a una empresa en Kenia 2021. Gran parte parecía haber sido extraído de los rincones más oscuros de Internet. Algunos describían situaciones con detalles gráficos como abuso sexual infantil, zoofilia, asesinato, suicidio, tortura, autolesiones e incesto”.

Este suele ser el pan de cada día entre los moderadores de contenido de las plataformas sociales, así como entre los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que velan por nuestra seguridad online. El problema es que, a diferencia de nuestros policías, quienes suelen recibir apoyo y ayuda para lidiar con los horrores que ven en su día a día, las empresas que subcontratan a estos trabajadores, normalmente en condiciones bastante precarias, suelen desentenderse de las secuelas que les dejan.

“Me destruyó por completo”, atestiguó el keniata Mophat Okinyi tras un tiempo etiquetando contenido para OpenAI y sin haber recibido apoyo de ningún tipo para lidiar con su traumática actividad por la que, además, cobraba una miseria. Si esto no parece a nueva versión de la explotación laboral típica del colonialismo, que baje Altam y lo vea. Y si toda la coyuntura geopolítica y corporativa actual en torno a los datos, con sus estratagemas, abusos, batallas legales y proteccionismos estatales, no te convence de que ahora los datos sí son el nuevo petróleo, con gusto me quedaré con todos los que tú posees y generas.

SOBRE LA FIRMA: Marta del Amo 

Nota:retinatendencias.com