Afirmar que es más fácil empezar una guerra que terminarla es un lugar común. La que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza se presenta ya como un ejemplo particularmente convincente de ese adagio. Para la extrema derecha israelí, predominante en el gobierno formado por Benjamin Netanyahu a fines de 2022, la operación Tormenta de Al-Aqsa lanzada por Hamas el pasado 7 de octubre brindó la oportunidad ideal para poner en marcha su proyecto de un Gran Israel que incluya Cisjordania y Gaza, es decir, la totalidad de la Palestina del Mandato Británico (1920-1948).

La raíz político-ideológica de la que surgió el Likud, dirigido ininterrumpidamente por Netanyahu desde 2005 (lo había dirigido anteriormente una primera vez entre 1996 y 1999), está conformada por una rama de inspiración fascista, conocida bajo el nombre de “sionismo revisionista”, originado en el período de entreguerras. Antes de la fundación del Estado de Israel, esa corriente militaba por incluir en el proyecto estatal sionista la totalidad de los territorios bajo mandato británico de un lado y del otro del Jordán, incluyendo Transjordania, asignada por Londres a la dinastía hachemita. Posteriormente, habiendo centrado su ambición en el Mandato de Palestina, reprochó al sionismo laborista dirigido por David Ben Gurion haber frenado el combate en 1949 sin apoderarse de Cisjordania y de Gaza.

Para Ben Gurion y sus compañeros, ello quedaría para más adelante: los dos territorios fueron ocupados en 1967. Desde entonces, el Likud presionó constantemente al sionismo laborista y a sus aliados sobre la situación de aquellos territorios. En lugar de huir de los combates como en 1948, en 1967 las poblaciones de Cisjordania y de Gaza, en su gran mayoría, se aferraron a sus tierras y a sus viviendas. Habían aprendido la lección: el 80% de los habitantes palestinos del territorio en el cual el Estado de Israel se había finalmente establecido en 1949, es decir, el 78% del Mandato de Palestina, había huido en busca de un refugio temporal, que resultó definitivo, dado que el nuevo Estado les prohibió retornar. Este desposeimiento es el meollo de lo que los árabes llaman la Nakba (la catástrofe).

Dado que en 1967 el éxodo palestino no se reprodujo (no obstante, 245.000 palestinos, en su mayor parte refugiados de 1948, huyeron hacia la otra orilla del Jordán), el gobierno israelí se enfrentó al dilema de que la voluntad de anexión estaba obstaculizada por un factor demográfico: apoderarse de los dos territorios otorgando la ciudadanía israelí a sus habitantes pondría en peligro el carácter judío del Estado de Israel; anexarlos sin naturalización comprometería su carácter democrático (una “democracia étnica”, según el sociólogo israelí Sammy Smooha), creando un apartheid oficial. La solución que se encontró para este dilema –conocida bajo el nombre de Plan Allon, por el nombre del viceprimer ministro Yigal Allon, que lo elaboró en 1967-1968– consistió en apoderarse a largo plazo del Valle del Jordán y de las zonas con baja densidad de población palestina en Cisjordania y considerar la restitución del control de las zonas pobladas a la monarquía hachemita.

Opuesto a ese proyecto, el Likud militaría sin descanso por la anexión de los dos territorios ocupados en 1967 y por su colonización integral con ese propósito, sin limitarse a las zonas consideradas por el Plan Allon en Judea y Samaria (denominación bíblica de las regiones de las cuales Cisjordania constituye una parte). Ganó las elecciones en 1977: menos de treinta años después de la fundación del Estado de Israel, la extrema derecha sionista lograba obtener el mando. Lo mantendría durante la mayor parte de los 46 años transcurridos desde entonces, de los cuales más de 16 bajo la dirección de Netanyahu, con un desplazamiento continuo hacia una derecha aun más extrema.

Maximalismo y unilateralismo

El levantamiento popular palestino conocido con el nombre de Primera Intifada, iniciado a fines de 1987, puso en peligro la hegemonía del Likud y la perspectiva del Gran Israel. Los laboristas volvieron al poder en 1992 bajo la dirección de Isaac Rabin, decididos más que nunca a poner en práctica su plan de 1967. Dado que la monarquía jordana había rechazado oficialmente la administración de Cisjordania en 1988, en plena Intifada, fue reemplazada como interlocutor por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La dirección de la central palestina aceptó abandonar provisoriamente las condiciones ineludibles de la retirada a largo plazo del Ejército israelí de la totalidad de los territorios palestinos ocupados en 1967 y el desmantelamiento a la larga de las colonias empezando por el cese de su expansión. Así es como pudieron celebrarse los Acuerdos de Oslo, firmados en Washington por Rabin y Yasser Arafat en septiembre de 1993 bajo el patrocinio del presidente estadounidense William Clinton. 

En 1996, el Likud volvió al poder bajo la dirección de Netanyahu, pero tres años más tarde fue vencido nuevamente por los laboristas conducidos por Ehud Barak. Netanyahu debió renunciar y fue reemplazado a la cabeza del partido por Ariel Sharon. Este condujo al Likud a la victoria en 2001, tras haber provocado el estallido de la Segunda Intifada al acudir al Monte del Templo de Jerusalén en el otoño del 2000. En 2005, llevó a cabo una retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza, con el desmantelamiento de las pocas colonias que habían sido establecidas allí, satisfaciendo así a los militares puestos a prueba por la dificultad de controlar ese territorio muy densamente poblado. Sharon estaba interesado sobre todo en la anexión de la mayor parte posible de Cisjordania, siguiendo la opción perfilada por el Plan Allon en modo maximalista y unilateralista.

Menos de treinta años después de la fundación del Estado de Israel, la extrema derecha sionista obtenía el mando.

Netanyahu, al que Sharon había confiado la Cartera de Finanzas, renunció estrepitosamente al gobierno en protesta contra la retirada de Gaza. Mencionó razones de seguridad, adulando al mismo tiempo a la base más ideologizada del Likud, así como al movimiento de los colonos. Encontrándose en una posición delicada dentro de su propio partido, Sharon lo abandonó en el otoño de 2005, cediendo el lugar a Netanyahu. De regreso en el cargo de Primer Ministro en 2009, este último se mantendría en él hasta junio de 2021, batiendo el récord previamente detentado por Ben Gurion. Recuperó el puesto en diciembre de 2022 por medio de una alianza con dos partidos de la extrema derecha sionista religiosa, calificados en Haaretz de “neonazis”, incluso por el historiador israelí de la Shoah, Daniel Blatman.

El partido Fuerza Judía, dirigido por Itamar Ben Gvir, desciende en línea directa del Kach fundado por el supremacista judío Meir Kahane, quien proponía el “traslado” inmediato de los árabes fuera de la “tierra de Israel”, es decir, la limpieza étnica de la totalidad del territorio entre el Mediterráneo y el Jordán. En cuanto a Bezalel Smotrich, jefe del Partido Sionista Religioso, dio que hablar en octubre de 2021 al decirles a los diputados árabes de la Knesset: “Es un error que Ben Gurion no haya terminado el trabajo y no los haya expulsado en 1948”.

Así, el actual gobierno israelí está controlado por hombres animados por el deseo de hacer realidad el Gran Israel por medio de la anexión de los territorios conquistados en 1967 y la expulsión de las poblaciones autóctonas. Pero normalmente un proyecto así podría ser realizado sólo mediante un proceso de largo aliento, sin garantía de éxito: la rastrera anexión de Cisjordania por medio de la expansión de las colonias y el hostigamiento de los autóctonos, ambos agravados considerablemente desde que se instaló el gobierno de extrema derecha, y la asfixia económica de Gaza.

Al igual que para la administración de George W. Bush, repleta de personajes que exhortaron a Clinton a invadir Irak, pero incapaces de realizar ese proyecto en frío, para la extrema derecha era necesaria una buena oportunidad política. Es sobre todo en ese aspecto que resulta pertinente la analogía entre los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la operación conducida por Hamas el 7 de octubre, subrayada por Netanyahu al presidente estadounidense Joseph Biden durante su visita solidaria realizada a Israel el 18 de octubre. La Tormenta de Al-Aqsa fue inmediatamente explotada por la extrema derecha israelí en su conjunto para presionar por la ejecución de su propósito expansionista.

Opciones de “traslado”

Claramente, el Ejército israelí no estaba preparado para esa eventualidad. Los planes de guerra en reacción a la operación del 7 de octubre tuvieron que ser elaborados de urgencia, lo que explica el retraso del inicio de la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza. Sin embargo, las tres semanas que transcurrieron entre la operación de Hamas y el comienzo de la invasión, el 27 de octubre, fueron empleadas para bombardear intensamente las concentraciones urbanas con el fin de que la ofensiva terrestre pudiera desarrollarse con el menor costo en vidas de soldados israelíes –y, por consiguiente, con el costo más elevado en vidas de civiles palestinos, entre ellos necesariamente una gran proporción de niños–.

El gobierno egipcio sabe que la cuestión palestina puede ser explosiva, más aun cuando está recargada por la guerra en curso.

La intención del gobierno israelí de no darle importancia a la suerte de la población civil, compartida por el gabinete de guerra establecido el 11 de octubre, fue expresada de la manera más cruda por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, miembro “moderado” del Likud y rival de Netanyahu, cuando anunció tan pronto como el 9 de octubre haber ordenado un asedio completo de la Franja de Gaza, que justificó describiendo al adversario como “animales humanos”. Desde entonces, se incrementaron las declaraciones del mismo tenor por parte de miembros del gobierno y de personajes influyentes de la vida política e intelectual de Israel. A tal punto que, el 9 de noviembre, un grupo de 300 abogados, principalmente franceses y europeos, presentó una denuncia contra Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el “crimen de genocidio en Gaza” –una calificación que implica la intencionalidad–.

La misma denuncia atañe a “los traslados de población”, fundamentada en el desplazamiento masivo de la población gazatí en curso en el seno del enclave. En este aspecto, la intencionalidad es más manifiesta. A partir del 7 de octubre, el Ministerio de Inteligencia israelí –dirigido por otro miembro del Likud, Gila Gamliel, y que se encarga de la coordinación entre el servicio exterior del Mossad y el servicio interior del Shabak, bajo la égida del Primer Ministro– se dedicó a la elaboración de un plan para Gaza. Este proyecto, terminado el 13 de octubre, cuya divulgación debemos, quince días más tarde, al sitio web israelí Mekomit, se titula “Opciones para una política respecto de la población civil de Gaza”. Contempla tres escenarios: a) los habitantes de Gaza permanecen en la Franja y son gobernados por la Autoridad Palestina; b) permanecen allí, pero son gobernados por una autoridad local ad hoc, establecida por Israel; c) son evacuados de Gaza hacia el desierto egipcio del Sinaí.

El documento considera que las opciones (a) y (b) tienen importantes lagunas, y que ninguna de ellas puede producir un “efecto disuasivo” suficiente a largo plazo. En cuanto a la opción (c), esta “producirá resultados estratégicos positivos a largo plazo para Israel” y es considerada “realizable” bajo la condición de que la “esfera política” muestre determinación frente a la presión internacional y logre asegurar el apoyo de Estados Unidos y de otros gobiernos proisraelíes. Luego se detalla cada una de las tres opciones.

El escenario contemplado por la tercera opción, preferida por el Ministerio, comienza con el desplazamiento de la población civil de Gaza fuera de la zona de los combates, y luego su traslado al Sinaí egipcio. En un primer momento, los refugiados serán albergados en carpas. “La etapa siguiente comprenderá la creación de una zona humanitaria para ayudar a la población civil de Gaza y la construcción de ciudades en una zona dedicada a su reubicación en el norte de Sinaí”, manteniendo al mismo tiempo un perímetro de seguridad de un lado y del otro de la frontera.

El documento describe luego la manera de lograr el traslado de la población gazatí. Recomienda el llamado a la evacuación de los no combatientes de la zona de los enfrentamientos armados, concentrando a la vez los bombardeos aéreos en el norte de Gaza para allanar el camino hacia una ofensiva terrestre que comenzaría por el norte, hasta la ocupación de toda la Franja de Gaza. Al hacerlo, “es importante dejar abiertas las rutas hacia el sur para permitir la evacuación de la población civil hacia Rafah”, donde se encuentra el único puesto fronterizo egipcio. El documento señala que esta opción se inscribe en un contexto mundial en el que los desplazamientos de poblaciones a gran escala se banalizaron, particularmente con las guerras de Afganistán, de Siria y de Ucrania.

El 13 de octubre, el mismo día en que fue terminado ese documento del Ministerio de Inteligencia, el Ejército israelí llamó a la población del norte de Gaza a dirigirse hacia el sur. El 30 de octubre, Financial Times reportó que Netanyahu había acudido a los gobiernos europeos para que ejercieran presión sobre Egipto con el fin de que allane el camino para el tránsito de los refugiados de Gaza hacia el Sinaí (9). Esta perspectiva, apoyada por algunos participantes en la cumbre europea reunida los días 26 y 27 de octubre, habría sido considerada no realista por parte de París, Berlín y Londres.

No obstante, según el Ministerio de Inteligencia, Egipto tendría la obligación, en virtud del derecho internacional, de permitir el tránsito de la población civil. A cambio de su cooperación, recibiría una ayuda financiera para aliviar la crisis económica que padece. Ahora bien, aunque se enfrenta a una deuda considerable, cuyo servicio se acerca al 10% del PIB, el presidente egipcio Abdel Fatah Al Sisi se mostró categóricamente en contra de todo traslado de población de Gaza al territorio egipcio. Su gobierno incluso organizó una campaña publicitaria que proclama: “No a la liquidación de la causa palestina a expensas de Egipto”.

Apoyos contradictorios

Por supuesto, el motivo de ese rechazo no es la adhesión a esta causa. Fue públicamente expresado por el presidente egipcio en presencia del canciller alemán Olaf Scholz, quien viajó a El Cairo el 18 de octubre para tantearlo con respecto a esta perspectiva. Al Sisi subrayó que el traslado de la población de Gaza al Sinaí convertiría al territorio egipcio en “una base para el lanzamiento de operaciones contra Israel”, poniendo así en peligro las relaciones entre los dos países. El gobierno egipcio sabe hasta qué punto la cuestión palestina puede ser explosiva, más aun cuando está completamente recargada por la guerra en curso. Del mismo modo, el gobierno jordano, alarmado por la intensificación de los abusos cometidos por los colonos en Cisjordania a partir del 7 de octubre y por las operaciones del Ejército israelí, advirtió contra todo desplazamiento de los palestinos más allá del Jordán.

Sin embargo, los partidarios israelíes del traslado de los gazatíes cuentan con la concentración masiva en la frontera con Egipto de personas huyendo de la aplanadora de las fuerzas de invasión, que podrían desbordar a los guardias fronterizos egipcios. Además, el rechazo egipcio incitó a la ministra de Inteligencia, Gamliel, a lanzar el 19 de noviembre un llamado a la comunidad internacional con el fin de que reciba a los palestinos de Gaza y financie su “reinstalación voluntaria” en todo el mundo, en lugar de movilizar fondos para la reconstrucción del enclave.

No obstante, Washington se pronunció categóricamente en contra de la reubicación de los palestinos fuera de Gaza. Los dirigentes estadounidenses, al mismo tiempo que respaldaron sin reservas la guerra conducida por Israel, incrementaron las declaraciones de advertencia hacia su aliado. El 15 de octubre, en una entrevista con el canal estadounidense CBS, el Presidente estadounidense indicó claramente que se oponía a una nueva ocupación de Gaza, admitiendo a la vez que es indispensable que Israel invada la Franja con el fin de erradicar de allí a Hamas. Ello explica el rechazo de Washington, imitado por varias capitales occidentales, de pedir el cese el fuego hasta que este último objetivo no haya sido alcanzado. En suma, Washington y sus aliados aprueban la ocupación temporal de Gaza con el fin de extirpar de allí a Hamas, pero quieren que a ello le siga la retirada de las tropas israelíes.

La opción que propone Washington es la reactivación del proceso iniciado por los Acuerdos de Oslo, que llegó a un punto muerto después de la Segunda Intifada al cambiar el siglo. “Es necesario que haya un Estado palestino”, afirmó Biden en CBS. Para ello, quiere que en Gaza el poder sea nuevamente puesto en manos de la Autoridad Palestina, cuya sede está en Ramallah. En un artículo publicado el 18 de noviembre en The Washington Post, el Presidente estadounidense reafirmó su preferencia por una solución de dos Estados, llamando a unificar Gaza y Cisjordania bajo una Autoridad Palestina “revitalizada”. Esta opción es preferida por la mayor parte de los gobiernos occidentales, pero también por Moscú y Pekín, al igual que por la mayor parte de los Estados árabes. Es apoyada por una parte de la oposición israelí, que sin embargo aprueba el anuncio hecho por Netanyahu acerca de que Israel permanecerá “indefinidamente” a cargo de la seguridad en el interior de Gaza. Esta posición es la que expresó el actual dirigente de la oposición israelí Yair Lapid, cuyo partido rechazó participar en el gabinete de guerra.

La vacuidad de la opción de revivir el proceso de Oslo y de crear un Estado palestino es evidente, incluso en vista de su patente contradicción con lo que Israel anuncia. A fin de cuentas, un Estado palestino creado en el marco de los Acuerdos de Oslo no podría ser más que un bantustán sometido a la buena voluntad de Israel –lejos de las condiciones mínimas sin las cuales ninguna solución pacífica podría ser aceptada por los palestinos: retirada total de Israel de todos los territorios ocupados en 1967, desmantelamiento de las colonias y planificación del retorno de los refugiados–. Esas condiciones fueron enunciadas en 2006 en el documento elaborado por los prisioneros palestinos detenidos en las cárceles israelíes, y aprobado por la casi totalidad de las organizaciones políticas palestinas, incluyendo las que integraban la OLP y Hamas.

El mayor temor es que la guerra en curso conduzca efectivamente a una nueva Nakba, como lo plantearon muy pronto los palestinos y como lo han anunciado abiertamente algunos políticos israelíes, resultando en un problema de refugiados en suelo egipcio o, al menos, “desplazados internos” en los campos del sur de Gaza. Además, es evidente que el objetivo mismo de erradicar una organización arraigada en la población como lo es Hamas en Gaza no podría ser alcanzado sin una masacre de gran amplitud. Todo ello muestra hasta qué punto el afán de las capitales occidentales por expresar su apoyo incondicional a Israel es irresponsable. Inevitablemente, se tornará en contra de sus intereses y de su propia seguridad. Sin embargo, el final del partido real en Gaza estará determinado por la evolución de los combates en el territorio y por la presión internacional sobre Israel.

Por Gilbert Achcar * Profesor en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres. Autor del libro Les Arabes et la Shoah. La guerre israélo-arabe des récits, Sindbad - Actes Sud, 2009. / Le Monde Diplomatique