Al día siguiente de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner y de su alocución por redes sociales, las acciones de Cablevisión Holding S.A. (Grupo Clarín-Telecom) subieron un 6,06%, mientras que Telecom lo hizo en casi tres puntos. La Ley de Sociedades les permite actuar como entidades diferentes, aunque los beneficiarios finales sean los mismos accionistas o dueños. La empresa Cresud, del empresario Eduardo Elsztain, avanzó 2,5% y Aluar, del empresario Javier Madanes Quintanilla –que bien sabe remarcar precios en su condición de monopolio del aluminio–, ganó un 4,8%. No hubo festejo exultante pero tampoco indiferencia ante el fallo cantado del Partido Judicial. Para el titular del Banco de Valores, Juan Nápoli, las empresas locales están muy baratas. No se equivoca. “El mercado local está muy influenciado por los fondos del exterior, que hoy no miran a la Argentina”, afirma con cierta advertencia latente: si cambian los vientos, como espera el establishment, muchos harán negocio bajo este escenario. Siempre están los que ganan con el caos.

La palabra de moda (bastante demodé, en realidad) que circula entre los integrantes del establishment, es Moncloa. En su versión local, este pacto huele a “cómo seguir maximizando nuestras ganancias”. La regulación de los grandes grupos económicos podría ser la contra-Moncloa al poder local. El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) propone la modificación de Ley de Sociedades para incorporar la figura jurídica de grupo económico, hoy ausente en la normativa local. El ejemplo de Cablevisión y Telecom, que operan en el Merval como dos entidades diferentes, es bastante elocuente. 

También proponen una modificación en la Ley de Impuesto a las Ganancias, con el objetivo de suprimir de dicha norma los conceptos que consideran las operaciones entre sociedades vinculadas como si fueran “entes independientes”. De ahí que entienden necesario legislar sobre las nociones de “comunidad de intereses” entre tales sociedades y el principio de “realidad económica”.

Es cantado que, si se llegase a avanzar con una iniciativa de estas características, las patronales AEA (Asociación Empresaria Argentina), el Foro de Convergencia Empresarial, la UIA (Unión Industrial Argentina) y el Grupo de los 6 gritarán: “¡Inseguridad jurídica!”. Lejos de ser un renunciamiento, las palabras de CFK apuntalaron la necesidad de seguir pensando en cómo generar masa crítica para combatir al poder real.

La Moncloa del poder

Las declaraciones radiales de Nápoli (en el programa Tarde sin Fondo, por FM La Patriada) ponen la lupa sobre los comportamientos de los fondos de inversión extranjeros, que siguen desarmando sus posiciones en pesos y buscan dolarizarse a través de las operaciones de contado con liquidación o MEP. El último día hábil de la semana cerraron con cotizaciones implícitas de 338 pesos y 329 pesos, respectivamente.

No son solamente los sojeros beneficiados con un tipo de cambio diferencial los que están dolarizando sus excedentes. Las dudas sembradas por el propio mercado sobre la curva de la deuda en pesos, con abultados vencimientos previos a las PASO de 2023, empujan la brecha, ensanchada por los mismos fondos de inversión señalados por el titular del Banco de Valores. Y si la brecha con el tipo de cambio oficial se acrecienta, retroalimenta la presión por una devaluación. Los actores del poder económico saben cómo armar laberintos que los beneficien de cualquier manera, mientras que el Frente de Todos hizo poco y nada para salir por arriba de esta encerrona.

Un economista cercano a Sergio Massa, Martín Rapetti, de la consultora Equilibra –fundada junto a Diego Bossio–, interpretó que el poder financiero le estaría reclamando al gobierno una suerte de acuerdo con la oposición donde quede explicitado que no habrá reperfilamiento de la deuda en pesos. Sería una suerte de Pacto de la Moncloa sobre esta deuda. Esta reflexión surgió hace un mes, justo cuando Felipe González disertó en el país invitado por el Grupo de los 6.

En la última semana, el mismo cónclave empresarial, integrado por la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, los bancos, la Sociedad Rural y la UIA, armó un asado con la presencia de Massa. Allí sobrevoló la idea de la tan deseada Moncloa. En público, Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción, sostiene que de nada serviría una devaluación aislada porque se trasladaría a precios y que las medidas adoptadas por Massa, si bien los conforman, lejos estarían de ser “un plan económico robusto”. “Si la sociedad argentina, a través de sus dirigentes, no tiene en cuenta ciertas políticas de Estado, seguiremos con estos procesos de deterioro profundos que vienen de hace décadas”, afirma en público. Por lo bajo, la Moncloa del Grupo de los 6 no es más que un plan de shock que el gobierno, por ahora, resiste. Shock que terminaría de pulverizar los salarios e ingresos del conjunto de la población, que a esta fecha de diciembre todavía no tiene ni noticias de un bono o suma fija para recuperar poder adquisitivo. 

Ajustazo

La Argentina aprobó la tercera revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esta manera llegarán los DEGs (Derechos Especiales de Giro) necesarios para cerrar la meta de reservas hacia el cierre del año. Los lazos políticos de Massa con los Estados Unidos hacen que el último comunicado del Fondo contenga líneas elogiosas hacia su gestión, bien destacadas por el equipo de comunicación del ministro. De todas maneras, el organismo que conduce Kristalina Georgieva no abandona su rol de co-gobierno y advierte que todavía existen riesgos macroeconómicos. “Se discutió sobre la consolidación fiscal y la recuperación y acumulación de las reservas, en el contexto de continuar con el proceso de normalización de la economía”, explicó el FMI.

El gobierno tuvo que implementar el “dólar Navidad” ante la urgencia de seguir sumando reservas. Pero el Poder Ejecutivo también tuvo que ceder por las propias presiones de los sojeros, que al 1° de diciembre contaban con 9 millones de toneladas guardadas en silobolsas. Desde el pasado 28 de noviembre, las grandes cerealeras que concentran el 90% de las ventas al exterior liquidaron 1.355 millones de dólares, de los cuales el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pudo retener 693 millones a través de compras en el mercado de cambios. Con adquirir 2.000 de los 3.000 millones comprometidos por los sojeros, se alcanzaría la meta comprometida con el Fondo.

Al organismo supranacional no le gusta nada que se establezcan tipos de cambio diferenciales, pero hace la vista gorda. Laissez faire, laissez passer. Como moneda de cambio, quizás, el gobierno haya acelerado el ajuste del gasto público, tal como lo demuestran los datos devengados del Presupuesto ejecutado en noviembre.

Para Analytica, el gasto primario real cayó en noviembre un 7,2% con relación a octubre. En términos interanuales, “la reducción en pesos constantes alcanza los $706.116 millones, una caída del 34%”, destacó la consultora dirigida por Ricardo Delgado, economista que supo integrar los equipos técnicos de Massa en tiempos de su cruzada Renovadora contra el kirchnerismo. Desde la llegada del ministro al Gabinete, el gasto primario cayó un 23%: 1,7 billones de pesos.

El programa de ajuste fue escrito por el FMI en la primera revisión técnica, bajo la tutela de Martín Guzmán. Desde entonces quedó claro que los recortes debían estar en las transferencias hacia las provincias y en la obra pública.

El presupuesto asignado a la inversión de capital representa el 8,8% del total de recursos presupuestarios. Según el análisis realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el nivel de ejecución de la inversión de capital llegó al 70%, por debajo del promedio de ejecución, que se ubicó en 87,2%. “En el acumulado anual, la inversión viene creciendo al 14,5%, lo que implica una reducción real del 32,7%”, puede leerse en el último informe del CESO.

Como contrapartida de este ajuste, las erogaciones que más crecieron fueron Defensa y Seguridad, en línea con la evolución de la inflación. A Patricia Bullrich se le cae una mueca de sonrisa.

Poco que festejar

Hacia el cierre de la próxima semana se conocerá el dato de inflación de noviembre. Lo más probable es que haya una desaceleración en relación con octubre. El gobierno lo festejará. El tema es que dicha moderación en la variación general de precios probablemente se explique por el freno económico y la caída del consumo.

Este parate en la actividad económica tiene su correlato en una caída del 1,1 % en la industria y de tres bajas al hilo en la construcción. Si el ajuste presupuestario tiene el foco puesto en los recortes a la obra pública, tal situación se aprecia en los números de la construcción. Entre agosto y octubre registra una merma de 8,6 puntos porcentuales.

Weiss se cuida de mencionar en público los recortes presupuestarios en la materia de su expertise, aunque da cuenta de algunos grises. “Hay complicaciones presentes y futuras por dos temas: el aumento de costos y el deterioro en la fecha de pago, que no son retrasos enormes, pero con la inflación se hace muy grave para las empresas. Ya desde antes de que se vaya Martín Guzmán había empezado a haber un flujo de dinero hacia la obra pública que no es el mismo que era antes. Vemos un ajuste en este aspecto, pero uno sabe que los problemas del Ministerio de Economía son variados y se entiende que el flujo de recursos no sea el mismo”, enfatizó. Si hay ajuste, que no se note. El establishment, que apuesta a su Moncloa, es el principal aliado del ministro.

Si la inflación baja porque se frenó el impuso económico y se consolida la caída del consumo, habrá poco que festejar.

La batalla

Si la variación general de precios es multicausal, una de esas fuentes podría encontrarse en los comportamientos de los empresarios que abusan de su posición dominante. El incremento de las rentabilidades vía remarcación de precios es un ejemplo de ello. La concentración económica incide en la sociedad, generalmente de manera negativa. Sucede en el segmento de los agroexportadores, que pueden imponer su tipo de cambio, los fabricantes de alimentos o insumos difundidos que poseen la capacidad de manipular precios por fuera de cualquier guarismo de inflación.

Luego de la experiencia de la resolución 125, pareciera ser que existe un miedo paralizante para regular a los poderes económicos. Quizás el próximo pacto nacional y popular sea darse una verdadera política de regulación hacia los poderes fácticos que condicionan la calidad de vida de la población, entre ellos, el Partido Judicial y los grandes conglomerados que saben cómo eludir sus patrimonios y ganancias a través de sociedades offshore y las grietas propias de la legislación vigente.

Por Sebastián Premici