Cada jugo de frutas Baggio que sale a la venta tiene detrás una feroz disputa entre hermanos por el control de la empresa familiar, que se agravó a partir de la muerte de la madre, Celia María Munilla, en abril pasado. Junto con su esposo Rufino Pablo Baggio fueron los fundadores de la firma RPB SA, que lleva las iniciales de su nombre. Con 1.700 empleados directos y otras 3.100 indirectos, hoy es una de las principales procesadoras de jugos de frutas envasados del país, y la empresa más importante de Gualeguaychú.

Fue el fallecimiento de Baggio padre en 2006 el punto de partida de los desacuerdos entre los cuatro hermanos. Con posiciones irreconciliables, decidieron judicializar la disputa con denuncias cruzadas en la Justicia que incluyeron desde una denuncia penal por la desaparición de casi USD 7 millones transferidos en forma irregular al exterior, hasta la acusación de presunta evasión y una posible maniobra de lavado de dinero, pasando por un juicio para revocar la donación de acciones que recibió uno de ellos, y competencia comercial desleal.

 
A este combo, se sumó la revelación de la investigación de Pandora Papers publicada por Infobae, en noviembre pasado, sobre la existencia de una empresa creada en las Islas Vírgenes Británicas como refugio offshore de “inversiones líquidas”, con activos estimados - también llamativamente- en USD 7 millones. A principios de este año, se sumó otro capítulo judicial: una nueva denuncia por el presunto pago de sobreprecios por parte de RPB SA en la importación de envases para los jugos que fabrica en el país, y que le compra a una empresa con sede en Brasil.

El último episodio de la interna familiar fue la conflictiva asamblea que tuvo lugar el 8 de su último, en la que el entonces presidente y hermano mayor Juan Alejandro Baggio, y su hermano Aníbal Baggio, electo como su sucesor, le impidieron votar a Rufino Pablo Baggio (hijo), conocido como “Pino”, y accionista mayoritario. Infobae pudo acceder al acta de esa reunión que desnuda el grado de enfrentamiento entre los hermanos herederos.

La particular sucesión familiar

La muerte de “Biyú” Munilla en abril agudizó el conflicto que ya arrastra más de 15 años, ya que “Pino” Baggio, el hermano “desplazado” de la empresa, quedó con el control accionario de la la empresa familiar. RPB fue conducida en la última década por Juan Alejandro y Aníbal, accionistas minoritarios. La única hija mujer, Celia, decidió correrse de la disputa al venderle su parte a “Pino” en 2013.

Para entender el origen del enfrentamiento, hay que remontarse a la forma en que Baggio padre y su esposa resolvieron la sucesión de la empresa familiar. Le donaron en vida un 25% a cada uno de sus cuatro hijos, pero conservaron el 60% del usufructo y los derechos políticos de las acciones (30% cada uno). A su vez, acordaron que al fallecer cualquiera de ellos, el otro conservaría su porcentaje para así detentar el control de la voluntad social durante toda su vida. Al enviudar, Munilla se quedó con el usufructo del 60%.

“Nosotros teníamos el 40% del usufructo restante. Pero mis hermanos no querían pagarle los dividendos que le correspondían a mi hermana, y por eso, ella decidió vender su parte, y se la compré yo. Alejandro y Aníbal querían que yo les cediera acciones de la parte de mi hermana, gratuitamente, para que todos tuviéramos el mismo porcentaje, y yo me negué porque la había pagado con un crédito bancario y la venta de propiedades”, relató “Pino” Baggio a Infobae al dar su versión de cómo había comenzado la disputa con sus dos hermanos varones.

Sin embargo, pese a ser el socio mayoritario, “Pino” no asumió como presidente de la compañía ya que la entonces viuda había elegido a Alejandro para esa tarea. Esta decisión de Munilla enfrentó a los hermanos, ya que “Pino” dejó de tener el acceso permitido a las plantas de la firma, y de estar al tanto de la operatoria diaria de la empresa. “Me corrieron. No puedo entrar a ninguna planta de RPB porque no me dejan. Una conducta totalmente ilegal siendo accionista como ellos”, se quejó.

Recién al fallecer Munilla en abril pasado, los tres hermanos varones pasaron a estar habilitados a tomar el control pleno de las acciones que usufructuaban sus padres. Así, “Pino” Baggio, que ya no estaba más en la conducción de RPB SA desde 2011, quedó con el control mayoritario de la empresa manejada en ese momento por Juan Alejandro, su presidente. Es por eso que en la primera asamblea luego de la muerte de su madre, realizada el 8 de junio pasado, quiso designar un nuevo directorio y asumir al frente de RPB SA como presidente, pero sus hermanos se opusieron.”Tengo la mayoría accionaria y el control de la voluntad social y no tengo ninguna restricción legal para votar, pero ellos dos ganaron de facto esa asamblea y me lo impidieron”, reclamó en diálogo con este medio.

El argumento principal de Alejandro y Aníbal para no tener en cuenta su voto fue “tener intereses totalmente contrapuestos con RPB SA al competir en forma desleal a través de las sociedades Bigar SA y Jugos del Uruguay SA en el mercado de los jugos frutales y saborizados, salsa de tomate, vino y productos similares”. Lo acusaron de “valerse de los recursos de RPB a los que tenía acceso y la comercialización desleal de productos idénticos a los ofrecidos por RPB”, y de “detraer la estructura empresarial de Jugos del Uruguay del dominio de RPB para aplicarlo a la explotación de los jugos Big C, y competir deslealmente con RPB”, según consta en el acta manuscrita de la asamblea, firmada por escribano.

El producto estrella de ambas firmas es justamente ese jugo BIG C que compite contra el jugo Pronto de Baggio. Según corroboró este medio, Bigar SA fue registrada en la Ciudad de Buenos Aires en 2011 por “Pino” y su mujer, y tiene su sede en la provincia de Mendoza. Jugos del Uruguay SA fue creada en 2006 en la localidad uruguaya de Fray Bentos, y el accionista mayoritario de los Baggio figura como su director.

“Tengo esas dos empresas que desarrollé después que me fui de RPB, donde yo había sido presidente. Nada me impide ser accionista en más de una empresa del mismo rubro. No tengo ningún juicio por competencia desleal y ningún juez me dijo que es incompatible. Yo hago jugos, pero también otros productos que no hace RPB, como quesos. Además, esas dos empresas no son comparables en tamaño a RPB. La relación del patrimonio de Bigar con mi participación en RPB es del 0,05%, y el nivel de ventas no llega al 0,1%. Es simplemente una excusa el tema de la competencia desleal para correrme de la empresa. No voy a querer perjudicarla, como así tampoco a la gente de RPB”, se defendió “Pino” Baggio en diálogo telefónico con Infobae.

”Hasta ahora, vine votando siempre y no me hicieron ningún problema. Pero después de la muerte, cuando tengo la mayoría accionaria efectiva y la mayoría política para elegir a un nuevo directorio, dicen que eso es un problema. Justo ahora que veo cosas que están ocurriendo contra la propia empresa y el personal, como un posible vaciamiento”, agregó.

Ante la consulta de Infobae, desde RPB SA se refirieron a “un despiadado proceso de competencia desleal que tiene por fin incrementar la posición en el mercado de productos comercializados por Bigar SA y Jugos del Uruguay SA, a través del Sr. Rufino Pablo Baggio”. Y agregaron que “como consecuencia de estos graves actos de competencia desleal - vinculados a productos de la competencia – la sociedad decidió el inicio de acciones legales bajo el decreto 274/2019 por competencia desleal y daños y perjuicios contra el Sr. Rufino Pablo Baggio y la firma Bigar SA”. Esa decisión, según consta en el acta, se había tomado en la asamblea anterior del 4 de febrero de este año. Y sostuvieron que el pedido de “Pino” Baggio de convocar a asamblea “a los 2 días de fallecida” su madre, buscaba “tratar de suspender la decisión de RPB S.A. por las acciones legales en contra suya y en contra de Bigar S.A”.

Los hermanos al mando de la firma Baggio también resolvieron en la asamblea que terminó en escándalo que el nuevo presidente de RPB fuera Juan Aníbal, en reemplazo de Juan Alejandro. Descartaron así el nombre de “Pino”, que se había autopostulado como accionista mayoritario, y a quien le habían iniciado junto con su madre un juicio de revocatoria de donación de acciones en la Justicia Civil de Gualguaychú, en febrero de 2020.

”El fin era despojarme de las acciones de la firma con el pretexto de que habría ‘desconocido los derechos políticos’ de mi madre en la empresa. No se trata de un mero litigio, se trata de acusaciones absurdas, infundadas y aventuras jurídicamente inviables”, sostuvo en un escrito judicial presentado por su abogado, Ignacio Pérez Nuñez. “Pino” obtuvo un fallo a su favor en primera instancia, que fue confirmado por la Cámara en 2020. Esa decisión fue apelada por sus dos hermanos ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que devolvió el expediente a la Cámara en mayo de este año para que se trate el recurso de apelación rechazado. ”Es uno más de los 17 juicios que me iniciaron para tenerme alejado de la empresa. La mayoría los perdieron”, aseguró el hermano desplazado de la firma familiar.

Según consta en el acta de la asamblea cuestionada, Alejandro y Aníbal también argumentaron para excluir a “Pino” de su derecho a voto en la asamblea, haber “denunciado penalmente a RPB por evasión” y “pedir sanciones” contra esta firma para “mejorar la situación” de su empresa Bigar.

“Las denuncias fueron contra Alejandro Baggio, como presidente y a los otros directores que fueran responsables. No a la empresa en sí. No se hicieron las retenciones de Ganancias correspondientes por esos pagos no documentados de RPB al exterior por los servicios supuestamente contratados. No voy a querer perjudicarme yo mismo, si soy accionista mayoritario de la empresa. Pero tengo a obligación de denunciar si veo algo que está mal, no voy a ser cómplice”, se defendió “Pino” Baggio.

La Asamblea, que se tornó muy áspero de posturas irreconciliables reiteradas una y otra vez, terminó con Aníbal Baggio decretando: “Usted (por “Pino” podrá hacer el reclamo que le pazca ante los lugares que le parezcan. LAs decisiones de la asamblea ya fueron aprobadas y doy por finalizada esta asamblea ordinaria en estos términos de acuerdo a las atribuciones que me confiere la ley”.

Denuncia por sobreprecios

La fuerte interna familiar expuesta en la Asamblea tuvo un capítulo anterior este año cuando, en febrero, “Pino” Baggio presentó una nueva denuncia contra su hermano Alejandro, por el presunto desvío de fondos al exterior a través de la importación de envases de papel laminado con aluminio y plástico para los jugos. Según la presentación realizada en el Juzgado federal de Gualeguaychú, se pagaron sobreprecios en dólares a una empresa con sede en Brasil, que se habrían “triangulado” al fideicomiso que administra los bienes de una offshore de las Islas Vírgenes Británicas, cuyo beneficiario final es Alejandro Baggio, por decisión de su madre cuando ésta aún vivía.

Tanto la offshore - LSH Global LTD- que tenía como beneficiaria a Munilla, como la firma controlante y administradora de sus bienes, el fideicomiso Woodland Assets LLC registrado en el estado norteamericano de Wyoming, fueron revelados en la investigación de Pandora Papers, de la que participó Infobae. Como origen de los fondos, Munilla había declarado “herencia” y beneficiarios secundarios figuran la esposa de Alejandro Baggio y sus cinco hijos.

En la nueva denuncia - a la que tuvo acceso este medio - “Pino” Biaggio menciona haberse enterado que RPB había ido “disminuyendo el uso de envases de la empresa Tetra Pak SA y aumentado la compra de envases similares importados desde Brasil a la empresa Sig Combobloc, al punto de prácticamente sustituirlos en su totalidad. Ello, a pesar de que se trata de exactamente el mismo producto y se paga, sospechosamente, un 40% más caro que el que produce Tetra Pak”. De esta manera - según su presentación-, “R.P.B. S.A. accede al mercado de cambios y genera una salida de dinero al exterior. Parte de esa diferencia por sobreprecios terminaría en forma de “retorno” en un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas, constituido por Juan Alejandro Baggio”.

Para “Pino”, se trataría de “una maniobra de vaciamiento a través de esos sobreprecios” en la importación de envases, que sumarían “unos USD 8 millones”, según le dijo a Infobae. Su abogado, precisó que “hay despachos de importación entre diciembre de 2021 y junio 2022 que demostrarían los sobreprecios”. Y señaló que aportó a la Justicia un acta ante escribano del 5 agosto 2022 con información de las operaciones de importación de RPB entre 2019 y 2022 a la firma en Brasil de los envases de cartón, con el precio que se pagó, para contrastarlo con lo que se le paga acá a la firma Tetra Pak. Pérez Nuñez le hizo llegar copia digital de esa acta a Infobae, con los despachos de importación de RPB, así como una factura con lo abonado a Tetra Pak.

Fuentes judiciales informaron a este medio que, en principio, el Juzgado Federal a cargo de Hernán Viri confirmó las operaciones de importaciones de los envases desde Brasil. “La investigación es inicial. Hasta ahora se corroboró que una parte de los envases -aproximadamente el 30% - se compraban a una empresa brasileña, con un precio mayor, alrededor de un 40% más al que se pagaban en Argentina a Tetra Pak. Alrededor del 70% se sigue comprando en Argentina”, reveló una fuente con acceso al expediente que tramita en Gualeguaychú.

Sin embargo, el abogado de RPB, Ruben Pagliotto, en diálogo con Infobae, desmintió la existencia de presuntos sobreprecios en la compra de los envases asépticos de cartón que usa la empresa. “No hay un sobreprecio del 40%. Vamos a demostrar en un escrito que los envases que RPB le compra a SIG Combibloc - que es otra multinacional como Tetra Pak, solo que ésta tiene sede en Brasil, en lugar de en Argentina- terminan siendo más baratos en el precio final por el tipo de proceso que requieren y funcionamiento de cada máquina”.

Y así justificó la decisión de importar parte de los insumos: “El 65% aproximadamente del total de negocio de la empresa se envasa con procesos asépticos en envases de cartón, donde el único proveedor de la tecnología y el papel para el envasado provenía solo de Tetra Pak, empresa multinacional sueca, con base productiva en Argentina en la provincia de La Rioja, donde produce parte de los envases que nos proveen localmente. Por el 2016/17, el directorio (se mostró) preocupado por la dependencia de un solo proveedor de este insumo crítico”.

Según relató, “RPB no podía seguir como rehén de Tetra Pak, que tiene el monopolio de los envases de ese tipo en el país. Ellos te dan las máquinas para fabricarlos en la planta, porque su negocio es venderte los insumos. RPB produce 600 millones de envases al año: 500 millones se los sigue comprando a Tetra Pak y solo 100 millones a Combibloc”. Pagliotto precisó que la empresa de los Baggio tiene 16 máquinas de Tetra Pak, y solo 3 de la otra firma, de origen suizo, pro con una filial en Brasil.

Ante la consulta de este medio, desde la empresa de los Baggio rechazaron en una respuesta escrita las acusaciones de “Pino”. “Es totalmente falso que la sociedad atraviese un proceso de vaciamiento, que tenga dificultades para entregar sus productos, que las fuentes laborales corran riesgo alguno, que exista déficit de stock de algunos productos o insumos y/o que tenga su giro comercial relación con fideicomiso en el exterior”.

Agregaron que “RPB S.A. desde hace más de 10 años aumenta las ganancias, la cantidad de personal en relación de dependencia y las inversiones; ha lanzado más de 45 productos nuevos en estos últimos 10 años; ha repartido dividendos todos los años en forma ininterrumpida, sin excepción; ha incrementado sus exportaciones a más de 30 países; ha logrado bajar los costos de los insumos esenciales; ha dejado de tener proveedores monopólicos y/o dominantes; ha ido recuperando parte de las sumas sustraídas ilícitamente, de las que fue víctima junto a sus directivos en un conocido hecho de estafa; y ha entregado y entrega sus productos en el país y en el exterior en forma regular sin ningún inconveniente”.

También destacaron que Juan Alejandro Baggio “no ha renunciado a ningún cargo y, además, no se encuentra vinculado a proceso penal alguno y nunca fue citado en la supuesta acusación”. Agregaron que “es el presidente de Citrus Mocoretá, Juplast S.A. y Baplast, mientras que Aníbal Baggio es el presidente de RPB S.A., y todas estas firmas son parte del funcionamiento de Jugos Baggio desde siempre”.

La desaparición de los USD 7 millones

En enero de 2020, “Pino” Baggio había denunciado a su hermano Alejandro por la “desaparición” de casi USD 7 millones de la cuenta de la empresa familiar, a través de 8 transferencias irregulares a Hong Kong por servicios no prestados, con facturas que resultaron ser truchas. Los pagos se hicieron en un lapso de apenas dos semanas sobre finales de diciembre de 2019. En sede judicial, enumeró el cúmulo de situaciones que despertaron sus sospechas, dirigidas hacia su hermano Alejandro. Entre ellas, “la demora de casi un mes por parte de los miembros del directorio en detectar el fraude, dado que según los dichos de Diana Veronesi (jefa de Finanzas), ella enviaba reportes diarios de los movimientos bancarios a Juan Alejandro Baggio”.

El entonces presidente de la procesadora de jugos negó cualquier participación en la maniobra de envío de los casi USD 7 al exterior, y la empresa, bajo su mando, resolvió difundir una llamativa solicitada el 2 de febrero de 2020 que hizo pública la disputa en los medios de comunicación, en la que denunció una “estafa” contra “parte de la familia Baggio” y mencionaba “personas en conflicto de intereses con RPB SA y con socios de la misma”.

La investigación quedó a cargo del juez federal Viri, quien sobreseyó a Alejandro Baggio en octubre del 2020 por considerarlo ajena a la maniobra de fraude en perjuicio de la empresa. La hipótesis a la que arribó el magistrado es que habría ocurrido una presunta defraudación por parte de dos directivos del área de Finanzas de RPB SA, que resultaron procesados, Veronesi y el entonces gerente Financiero José Ricardo Stefani, quien ya se había reintegrado de sus vacaciones cuando se realizó la octava transferencia desde RPB SA a Hong Kong.

También dispuso el procesamiento de dos empleados del Santander por no haber efectuado los controles requeridos. Estas decisiones fueron confirmadas por la Cámara Federal de Paraná, y tanto el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, como la querella de RPB SA pidieron la elevación a juicio. Según pudo saber este medio, la parte de la causa referida a defraudación por administración fraudulenta será elevada en breve por el juez Viri.

“Hay dos querellas, la de mi cliente Rufino Baggio y la de RPB SA. Nos quisieron obligar a unificarlas y finalmente la Cámara nos dejó actuar por separado”, le dijo Pérez Nuñez a Infobae. “La teoría nuestra es que Alejandro fue el autor mediato. Y lamentablemente lo sobreseyeron”. Para “Pino” Baggio, “el juez Viri nunca lo investigó a Alejandro. Terminaron acusados dos empleados de la segunda línea”.

Con posterioridad al sobreseimiento de Alejandro Baggio, el abogado de Veronesi aportó copias de mails que la entonces jefa de Finanzas le había enviado al correo institucional del presidente de RPB luego de cada transferencia al exterior, con una planilla que incluía el detalle de los giros diarios de caja y descubiertos, que darían cuenta que Alejandro Baggio no podía desconocerlas. “No se explica por qué Veronesi no presentó oportunamente esos correos en su defensa!”, sostuvo Pérez Nuñez ante Infobae.

Según explicó Paglioto, abogado de RPB, “Alejandro Baggio admitió que Veronesi se los envió, pero no en el archivo principal con el flujo de dinero diario, sino en un subarchivo que nunca llegó a ver y no se enteró. En esos días no estaba en la empresa y tenía mala señala de Wi-Fi. La suma era muy grande, incluso para una empresa como RPB que tenía todo en blanco, y las ocho transferencias fueron enviadas en un plazo de poco más de una semana”.

La Justicia de Entre Ríos no pudo determinar quién o quiénes crearon las casillas de mail y enviaron correos falsos con las facturas y los contratos apócrifos, y recibieron los fondos desde la empresa en Argentina, que luego fueron transferidos a otras cuentas en Hong Kong y EEUU. Debido a que más de la mitad del dinero terminó en bancos de ese país, RPB SA presentó una demanda en mayo del 2020 en los Tribunales de California, a los fines de intentar recuperar ese dinero. Ante la Justicia argentina, la empresa informó que “producto de las gestiones y diligencias de recupero entabladas en las jurisdicciones de Hong Kong y de los Estados Unidos, se logró recuperar un total de USD 709.100″.

Actualmente, en esta causa sigue abierta parte de la investigación sobre el presunto lavado de dinero, la evasión tributaria y la infracción a la ley penal cambiaria por el giro de divisas al exterior. Por estos delitos se investiga a los cuatro procesados por la estafa y, potencialmente, a la empresa RPB SA como figura jurídica y/o alguno de sus directivos, según precisaron fuentes judiciales. El magistrado pidió informes a la AFIP, el Banco Central y a la Unidad de Información Financiera (UIF), respecto de los cuales aguarda respuesta. Las batallas judiciales están lejos de haber finalizado.

Nota: infobae.com