La inflación del 7,4% de julio, que eleva la interanual al 71% y que se encamina a los 90 puntos para fin de año, puede explicarse por el complejo escenario macroeconómico pero también por la voracidad de un puñado de empresas concentradas. Los productos alimenticios que más aumentaron fueron el pan (5%), las galletitas de agua (13%), la harina de trigo (12,4%), los fideos de guiso (14,3%) y el aceite de girasol (16,4%), bienes que reciben subsidios vía fideicomisos. La escalada del precio internacional del trigo ocurrió al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania y después se desaceleró. En este último mes no hubo componente internacional que justifique tamaña alza.

Entre marzo y junio, la tonelada de trigo pasó de 39.000 pesos a casi 50.000. Al 18 de julio, había bajado a 44.000 pesos. Pero entre junio y julio el precio del pan francés mostró un comportamiento diferente, al saltar del ya exorbitante valor de 311 pesos el kilo a 400. ¿Cómo se explica este incremento? ¿Cómo es que el Estado deja pasar como si nada que estos alimentos, muchos de los cuales reciben un subsidio cruzado, sigan escalando? ¿En qué quedó el fideicomiso público para subsidiar la bolsa de harina para las panaderías?

Existe un componente especulativo por parte de los fabricantes de alimentos –entiéndase maximización de ganancias a costa del bolsillo de la clase trabajadora–, que a su vez son exportadores de materias primas y subproductos. El mismo sector posee la capacidad económica y operativa de aplicar un torniquete sobre las reservas internacionales del Banco Central y forzar a una devaluación.

Ejemplo: la empresa Molinos Ríos de la Plata, de la familia Pérez Companc, obtuvo una rentabilidad neta en los últimos seis meses de 5.195 millones de pesos, un incremento del 217% en comparación con el mismo período del año pasado. Entre el primer y el segundo trimestre de 2002, con incidencia plena del conflicto entre Rusia y Ucrania, la empresa duplicó su ganancia trimestral. El gobierno no solo perdió la brújula para el control de precios sino también el debate por la renta inesperada.

Mientras tanto, el nuevo secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, cree que es necesario cambiar la lógica del “control” por la de “verificación”, como si los abusos de precios fuesen una cuestión semántica.

Jugadísimas

“Las cerealeras están jugadísimas a la devaluación”, sintetiza un analista del mercado. Así se lo dieron a entender en varias oportunidades a las autoridades del Banco Central al rechazar cualquier instrumento financiero que pudiera incentivarlas a un mayor ritmo de liquidación. Ese era el escenario pre-Massa, cuando creían que el mesías devaluaría al asumir. Pero cuando el tigrense llegó al Palacio de Hacienda, entre sus primeros anuncios estuvo un supuesto acuerdo para que las cerealeras adelantaran 5.000 millones. El encargado de llevar adelante la negociación con los exportadores es Guillermo Michel, titular de la Aduana.

Pero lo que parecía una solución llave en mano era una verdad a medias, por no decir una cáscara vacía. La industria sojera opera al 50% de su capacidad porque, argumentan, no tienen más granos. O deciden no comprar más soja, según la interpretación que hacen en una oficina gubernamental. Dato que también se corrobora con el incremento de las importaciones de soja, que en junio registraron una suba del 25%.

La experiencia post 2008, que tuvo su epicentro en la discusión por las retenciones móviles, dejó una enseñanza: los intereses de las exportadoras de cereales y oleaginosas podrían parecer diferentes a lo que expresa la Mesa de Enlace pero actúan en tándem. Ambos quieren que les paguen más pesos por sus ventas. Desde ambos extremos presionan para una devaluación.

Según datos de Agricultura, en el país hay 60.124 productores de soja, de variopintas dimensiones. El 12% de esos empresarios concentra el 62% de las hectáreas sembradas con la oleaginosa. La actual cosecha fue de 44 millones de toneladas, de las cuales 16,5 millones ya fueron adquiridas y exportadas por las cerealeras. ¿Dónde está el remanente?

Según datos oficiales existen 3,9 millones de toneladas en manos de exportadores, de las cuales 2 millones faltan embarcar, por eso todavía no se liquidaron, y 1,9 no tienen precio fijado por el productor. En total serían los 2.400 millones de dólares de los que habla Miguel Ángel Pesce, titular del Banco Central. Pero los productores tienen en sus campos otros 23,6 millones de toneladas de la actual cosecha, que al valor actual equivalen a 14.000 millones de dólares. Incluso existen 8 millones de toneladas que provienen de la anterior campaña. Es decir, los granos y los dólares están.

El tema es que el sector agroexportador quiere obtener una mejor tajada. Es lógico. Ese es su modus operandi. La pregunta sería cuál es el contrapeso que puede ejercer el Estado nacional. Según el Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, YPF Agro ya representa el 9% del comercio exterior de granos. Un peso para nada desdeñable pero insuficiente para convertirse en una empresa testigo con capacidad regulatoria.

Hasta 2015 el Estado tenía la información online de cuántos granos y operaciones por día había entre los acopios, exportadores, productores, incluso datos precisos sobre las existencias en los silobolsas. El macrismo desmanteló este esquema de información. Michel sostiene que lo reconstruirán. El tiempo apremia.

Mesa con Massa

El jueves por la tarde, el canal oficial del Ministerio de Economía, América 24, informó que finalmente Massa se reuniría con la Mesa de Enlace. Al dispararse el urgente televisivo, en el devaluado ministerio de Agricultura a cargo de Juan José Bahilo no tenían la confirmación. Prioridades comunicativas.

En las horas previas al encuentro (anunciado durante la primera conferencia de prensa de Massa) la dirigencia patronal expresó, de manera eufemística, su preocupación por la brecha cambiaria. Y no porque tengan que comprar los insumos a dólar blue, argumento de por sí falaz, sino porque presionan por una devaluación, al igual que sus socios exportadores.

El incentivo que ideó semanas atrás el Banco Central, que les permite a los productores comprar divisas por el equivalente del 30% de sus ventas al tipo de cambio solidario, representaba un incremento de su rentabilidad del 15%. Para este sector es una suma insuficiente frente a una brecha cambiaria que sigue arriba del 100%. “Normalizar el atraso cambiario”, sostuvo Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria.

“Según este pensamiento, el gobierno debería modificar la estrategia macroeconómica, eliminando las regulaciones cambiarias con el objetivo de disminuir la brecha. Esto debería hacerse mediante un movimiento de pinzas que haga bajar el dólar financiero y subir el dólar oficial. Si esto no puede llevarse adelante, la alternativa sería avanzar hacia un desdoblamiento selectivo para exportadores. Es decir, permitirles a algunos sectores claves liquidar sus exportaciones a un tipo de cambio equivalente al del dólar paralelo, que es lo mismo que hacer una devaluación sectorial”, puede leerse en el último trajo de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

Los sectores concentrados de la economía vernácula siguen pujando por parir una nueva devaluación.

Carne para pocos

En el contexto del conflicto por las retenciones móviles, los ganaderos también hicieron su movida para mejorar su perfil exportador. Durante una reunión con periodistas, de la que participaba Mario Ravettino, titular del Consorcio exportador ABC, se esbozaban las distintas estrategias para lograr mayores ventas al exterior. El principal interlocutor del empresario era el ideólogo sojero de Clarín Héctor Huergo. También participaba Mario Gorelik, de la empresa Quickfood. La clave del éxito ganadero vociferada por aquel tridente era que la población disminuyera su consumo de carne vacuna. Una idea similar le llevó Ravettino a Massa como aporte del sector para robustecer las reservas.

“La población tiene que pasar de consumir 50 kilos de carne roja por persona a 40”, sostuvo durante una entrevista con el programa Tarde sin Fondo, en FM La Patriada. Así se podrían exportar 1,2 millones de toneladas en vez de 800.000. La salida exportadora a costa del consumo interno, sobre el hambre y la sed, como dijo Avellaneda. ¿Comprará Massa?

Por Sebastián Premici