El INDEC informó que los precios al consumidor subieron 1,9% en septiembre en el total del país, con una inflación núcleo de 1,7%. En nueve meses el índice acumula 23,6%, más que el 22% de igual período de 2025, y la variación interanual pasó de 31,5% en diciembre a 33,4%. Con la canasta de gastos de 2017/18, que el Gobierno postergó, el dato del mes se acerca a 2,1% según el cálculo del Instituto Argentina Grande.
Tres días después, los precios mayoristas mostraron dónde está el fuego. El índice de precios internos al por mayor subió 3,2% en septiembre y cerca de la mitad de esa suba la explicaron el petróleo crudo y el gas, que aumentaron 15% en el mes y 67,7% en un año. La energía eléctrica mayorista acumula una suba interanual de 54,2% y los combustibles refinados, de 51,1%. Sin embargo, la mayor carga del índice mayorista (la inflación de los productores) cae sobre los productos locales, antes que en los importados.
Es la traducción local de un mundo en llamas por la energía: la guerra en Irán y las interrupciones en el estrecho de Ormuz devolvieron el Brent por encima de los 100 dólares en septiembre, y el gas europeo llegó a más que duplicar su precio en el año.
Lo llamativo del índice mayorista es lo que subió poco: los productos manufacturados nacionales aumentaron 26% en un año y los importados apenas 11,8%, con un dólar mayorista que pasó de $1.455 al cierre de 2025 a $1.518 a mediados de octubre (una suba de 4,3%). La industria paga una energía que sube al ritmo del mercado internacional y de la quita de subsidios, y vende a precios que el dólar quieto y una demanda sin pulso mantienen abajo. La diferencia sale de los márgenes.
En el consumidor se repite el patrón: los bienes subieron 29,2% en un año y los servicios 41,9%, con los regulados en 43,3%. La energía llega a los hogares por las tarifas, mientras los precios de los bienes quedan contenidos por una demanda que no convalida aumentos.
La inflación mensual bajó de 3,4% en marzo a 1,7% en agosto en los mismos meses en que la economía se acercaba a la recesión técnica. El PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al primero (serie desestacionalizada), con el consumo privado en baja de 2,4%; en julio, el estimador mensual de actividad del INDEC se hundió 2,9% frente a junio, la peor caída mensual desde abril de 2020, y en agosto la industria usó 58,5% de su capacidad instalada. Caputo lo atribuyó a “shocks transitorios”.
El freno tuvo un diseño deliberado: para contener el dólar antes de las elecciones de 2025, el Banco Central llevó los encajes bancarios a máximos en más de tres décadas; todavía a mitad de 2026 un préstamo personal costaba entre 65% y 70% anual con una inflación anualizada de 25% a 30%, y la mora de las familias en el sistema financiero llegó en julio a 12,9% de la cartera, la más alta en más de veinte años.
Ese crédito caro cayó sobre ingresos atrasados: en julio, el salario privado registrado subía 29,7% interanual contra una inflación de 33,8%, una pérdida real de 3,1% según el índice de salarios del INDEC, y el salario mínimo acumulaba una caída de alrededor de 40% en su poder de compra desde noviembre de 2023.
La misma recesión sostiene el dólar. Con el consumo y la inversión en baja, las importaciones cayeron 3,5% en el segundo trimestre (serie desestacionalizada), y la energía cara aporta divisas: el superávit comercial energético superó los 6.900 millones de dólares en el primer semestre, un récord para ese período. En ese contexto, el Banco Central compró 15.482 millones de dólares en el año y el mayorista cotiza 27% por debajo del techo de la banda.
Es la paradoja energética exportadora: la guerra que encarece la energía en el mundo suma dólares a la calma cambiaria, y la producción local paga esa energía cada vez más cara.
En agosto, en el Council of the Americas, el Presidente negó el costo social de este esquema: “El desempleo no aumentó, tampoco cayeron los salarios”, afirmó. Un mes después, el INDEC informó una desocupación de 7,9% de la población económicamente activa en los 31 aglomerados urbanos durante el segundo trimestre, igual al registro más alto de su gestión. (El organismo aclara que la suba interanual del total no es estadísticamente significativa; en el interior, donde la tasa llegó a 7,6%, sí lo es.)
Lo que avanza es la sustitución de empleo. Entre junio de 2025 y junio de 2026, el SIPA registró en todo el país 121 mil personas asalariadas privadas menos (una caída de 1,9%) y 40,5 mil monotributistas más (una suba de 1,9%), y desde noviembre de 2023 la pérdida de asalariados privados registrados ronda los 270 mil.
La informalidad llegó al 45% de las personas ocupadas en los aglomerados urbanos y la tasa de actividad subió 0,8 puntos porcentuales en un año: más integrantes de cada hogar salen a buscar ingresos. Los 500 mil empleos que repite el oficialismo surgen de una cuenta del INDEC que suma puestos de todas las modalidades, informales incluidos, y que arranca un año antes de su asunción.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo contaba en julio 480.067 empleadores en todo el país, contados por CUIT y con al menos una persona asalariada registrada: 32.290 menos que en diciembre de 2023, una caída de 6,3% tras dieciocho meses seguidos de baja. (La SRT advierte que la reducción puede reflejar también reorganizaciones o cambios de CUIT; año y medio de retroceso sin pausa describe un fenómeno económico.) Comercio e industria están entre las ramas más afectadas, las que pagan la energía cada vez más cara y venden en un mercado interno sin demanda.
Ahí está la trampa. Los precios y el dólar quedaron anclados en una brecha de producto negativa en los sectores que viven del mercado interno (el PBI agregado se sostiene en actividades primarias que generan poco empleo). Cerrar esa brecha con la misma estructura reabre dos presiones al mismo tiempo.
En los márgenes, lo esperable es que las empresas que hoy absorben la distancia entre una energía que en los precios mayoristas subió entre 51% y 68% en un año y sus precios de venta, que subieron 26%, busquen recomponerlos apenas aparezca la demanda; la suba que hoy se contiene en la puerta de cada fábrica o comercio, pasará entonces a las góndolas. Es la puja distributiva concreta, que la recesión inclinó en contra de los trabajadores.
Por el lado externo, cuando la economía argentina crece, las importaciones crecen varias veces más: pero en el caso argentino esa relación se rompió. A pesar de la caída industrial de 11% sobre 2023, o de la construcción en 23% desde el mismo año, las importaciones aumentaron 27% a precios constantes. Esto es por la apertura, y es parte del problema que atraviesa la oferta: pinzas entre la baja demanda y el aumento de la competencia importada. A eso se suma la demanda de dólares para ahorro, que superó los 15 mil millones en el primer semestre. Bajar tasas y soltar crédito, lo que el Gobierno prepara con su paquete para reactivar los préstamos en pesos, abarata el paso al dólar, y el traslado a precios que hoy frena la falta de ventas vuelve con la demanda. El colchón energético ayuda, aunque una parte depende de una guerra y de un precio que nadie controla.
Entre 1999 y 2001, bajo la convertibilidad, la Argentina conoció la versión extrema de esta lógica: los precios al consumidor bajaron tres años seguidos mientras la desocupación urbana trepaba de 14,5% a 18,3%, y la salida llegó por la vía más costosa.
El año próximo la economía crecerá 4%, dice el gobierno en el Presupuesto 2027. Para que esa expansión conviva con precios estables hacen falta herramientas que el programa descarta: una coordinación de precios y salarios que ordene la recuperación de ingresos y márgenes, y una estrategia productiva que baje el contenido importado del crecimiento y use la renta energética para algo más que sostener el tipo de cambio. Es una discusión que una sociedad de 47 millones de personas necesita dar. Mientras tanto, la estabilidad se sigue pagando con empleadores que desaparecen y familias que no llegan a cubrir sus cuotas.
Por Hernan Herrera * coordinador del Área de Economía del Instituto Argentina Grande. / La Tecl@ Eñe
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