El panorama operativo y patrimonial del sector privado atraviesa un período de fuerte deterioro. Se registran 57.045 compañías en situación irregular, casi el 12 por ciento de las aproximadamente 480.000 activas, lo que representa un incremento interanual de 56,5 por ciento. En el corto período que va de enero a julio de este año, el número de firmas en estado de mora subió 18,7 por ciento. Las restricciones de pago en aumento impiden que el crédito funcione como motor de inversión o ventas.
Según el reporte elaborado por la consultora Fidelitas, el Sistema de Evaluación de Riesgo Financiero (Índice SERF) se situó en agosto de 2026 en 38,3 puntos, lo que representa una disminución de 6,9 puntos en comparación con los 45,2 puntos anotados en julio. Esta variación ubica al parámetro global dentro de la zona calificada como de “Riesgo Elevado”. La causa central de esta caída reside en el segmento crediticio: el subíndice específico se contrajo hasta los 17,8 puntos, evidenciando serios problemas de afrontar deudas.
Pese a la desaceleración del índice de precios al consumidor, de acuerdo con los datos oficiales publicados por Indec, las estimaciones vinculadas a la actividad manufacturera, el acceso al financiamiento y el cumplimiento de las obligaciones comerciales reflejan una degradación paulatino pero persistente en las cadenas de valor.
Tensión en la cadena de pagos
El empeoramiento de la actividad tiene su réplica directa en la calidad del crédito. Los sectores de Servicios y Comercio concentran el 71,9 por ciento del total de incumplimientos, pero los saltos interanuales más pronunciados se detectaron en Comercio (78 por ciento), Manufactura (76,3 por ciento) y el sector Agropecuario (65,6). A este cuadro se añade la persistencia en el rechazo de cheques, con un promedio cercano a las 80.000 unidades mensuales, alcanzando en ocho meses el acumulado total de 2025.
La cadena de deudas impositivas, cheques sin fondos y restricciones crediticias genera un efecto dominó sobre la red de abastecimiento.
El atraso de una firma en sus compromisos traslada liquidez negativa a proveedores sanos, multiplicando la exposición crediticia en sectores dependientes de un mismo flujo de demanda. Antes de concretar contrataciones, la evaluación de la solvencia patrimonial de los proveedores comenzó a ocupar un lugar prioritario.
Al mismo tiempo, la brecha de tasas dificulta la financiación del capital de trabajo. En agosto, la diferencia entre las tasas efectivas anuales de los préstamos personales (88,86 por ciento) y las de los depósitos (23,40 por ciento) se situó en 65,46 puntos porcentuales. Este diferencial encarece el mantenimiento de inventarios y el plazo de cobro de las facturas: un incremento en el volumen facturado reduce la caja disponible si no se compensa con margen comercial.
Para las empresas, el impacto se concentra especialmente en el capital de trabajo. Cuando una compañía cobra más tarde, debe financiar durante más tiempo mercadería, salarios e impuestos. Si los márgenes comerciales no compensan ese costo, un aumento de las ventas puede incluso deteriorar la posición de caja.
El crecimiento de la facturación pierde valor cuando queda inmovilizado en cuentas por cobrar o en sobrestocks.
Una macro que no favorece la liquidez
El equilibrio de ciertas variables macroeconómicas no genera una mejora extendida en el funcionamiento diario de las compañías. Félix El Idd, CEO de Fidelitas, explicó que la fragilidad principal permanece focalizada en la esfera del financiamiento, con niveles de endeudamiento bancario reducidos, pero con un porcentaje de mora en ascenso.
La desaceleración inflacionaria, que registró 1,7 por ciento en agosto, junto con un desempeño favorable en el comercio exterior, no logra contrarrestar el estancamiento del consumo doméstico, provocado por la caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. “El nivel de endeudamiento vía crédito continúa siendo bajo, mientras que la mora permanece elevada, particularmente entre las empresas”, aseguró El Idd.
El contexto obliga a las compañías a cuidar el flujo de caja, priorizar cobranzas y atender diariamente las posibilidades de riesgo comercial. La situación de estrés financiero en la que se encuentran muchas firmas no se resuelve simplemente con un aumento rápido en las ventas.
Caída extendida de la industria
El comportamiento del segmento manufacturero constituye uno de los factores determinantes en la degradación de la producción y el trabajo, a causa de la política económica que decidieron el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo.
En julio, la industria retrocedió 4,9 por ciento interanual y acumuló una merma del 2,6 por ciento en los primeros siete meses del año. La medición desestacionalizada respecto a junio mostró una caída del 5 por ciento.
La tendencia negativa afectó a 12 de las 16 divisiones analizadas por el Indec. Los rubros vinculados a bienes durables y de capital mostraron los peores registros: la fabricación de maquinaria y equipo retrocedió 26,7 por ciento (con bajas del 46,6% en maquinaria agrícola), mientras que los aparatos de uso doméstico cayeron 20,9. La electrónica de consumo anotó una contracción del 49,8 los equipos eléctricos descendieron 25 por ciento y la industria de indumentaria, cuero y calzado disminuyó un 15,9.
En contraposición, únicamente cuatro sectores industriales lograron cerrar el período en terreno positivo: la refinación de petróleo creció 8,1; la industria de la madera y el papel ascendió 7,1 por ciento; la producción de metálicas básicas subió 1,6; y el sector de otros equipos de transporte, 2,6 por ciento, traccionado en mayor medida por el segmento de motocicletas.
Paralelamente, el Índice de Actividad integrado en el SERF se fijó en 54,2 puntos. Si bien la expansión interanual del 2,7 por ciento del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en junio aportó un sesgo favorable, la tendencia-ciclo se mantuvo estabilizada sin mostrar una trayectoria ascendente.
Los datos preliminares del período posterior no anticipan un cambio de rumbo significativo a corto plazo.
Pérdida de competitividad
Los costos altos en dólares que debe afrontar el sector productivo generan desventajas a la hora de competir en un mercado cada vez más permeable al ingreso de productos importados que se fabrican en el país.
De acuerdo con el informe de Fidelitas, para corregir ese desequilibrio se requieren mayores inversiones de capital y capacidad de generación de divisas, instancias complejas de concretar en las condiciones económicas vigentes.
La estabilización de algunas variables “macroeconómicas todavía no logra traducirse en una mejora generalizada de las condiciones en las que operan las empresas. La principal fragilidad continúa concentrada en el frente crediticio. El Índice de Riesgo Crediticio descendió hasta 17,8 puntos, reflejando dificultades de pago que restringen la capacidad del financiamiento para impulsar ventas e inversión. El nivel de endeudamiento vía crédito continúa siendo bajo, mientras que la mora permanece elevada, particularmente entre las empresas”, explica El Idd.
El relevamiento señala además una proliferación de deudas previsionales e impositivas no ejecutadas, junto con un incremento en las observaciones emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA).
Impacto del Presupuesto 2027
El proyecto de Presupuesto para el año que viene, que envió el Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso nacional, incluye recortes reales para las pymes, atraso cambiario y mayor exigencia operacional a las empresas. Una combinación letal de menos fondos e incentivos para la producción manufacturera y mayores exigencias.
La “Ley de leyes”, como se conoce al presupuesto, establece partidas específicas para las firmas pequeñas y medianas, que presentan una pérdida real frente a la inflación proyectada del 18 por ciento. Programas clave como Fortalecimiento TIC registran una caída del 4 por ciento en términos reales, el presupuesto asignado al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) cae 9 por ciento, y el rubro de “Industria, comercio y PyME” resulta ser el más perjudicado, con una contracción del 10 por ciento.
Asimismo, la dinámica comercial exterior y la competitividad se ven comprometidas por el atraso cambiario previsto. Dado que la devaluación proyectada del dólar (15,5 por ciento respecto al cierre de 2026) se ubica por debajo de la inflación anual esperada, las exportaciones de las pymes se vuelven más difíciles al tener que competir con costos internos en pesos que crecen a un ritmo superior al del tipo de cambio.
Finalmente, la situación exige a las empresas un esfuerzo operativo superior y adicional en materia de facturación y negociaciones laborales para no perder rentabilidad. Para obtener un rédito económico certero, las pymes deberán proyectar un incremento del 22 por ciento en sus ventas nominales. A esto se añade que, en un contexto de inflación en descenso, las negociaciones paritarias para fijar los costos salariales tienden a dilatarse, prolongando el impacto de cada acuerdo, con menor margen de previsibilidad, sobre la estructura de costos.
