El Presupuesto 2027 proyecta 51,9 billones de pesos en gastos tributarios. Son los ingresos que el Estado deja de recaudar al conceder exenciones, deducciones o beneficios fiscales a distintos sectores. Es una masa de recursos sustancial. Equivale a 3,67 por ciento del PBI y, en algunos casos, alcanza para cubrir el financiamiento de organismos estratégicos del Estado.
Solo las exenciones del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial representan un monto similar al presupuesto conjunto del Conicet, el Inta, la CNEA, el Senasa y la Conae.
Los gastos tributarios se definen como la pérdida de recaudación fiscal que experimenta el Estado al otorgar tratamientos impositivos preferenciales —tales como exenciones, reducciones de alícuotas, deducciones o créditos fiscales— para incentivar determinadas actividades económicas, regiones o sectores.
La estimación de este monto comenzó a ser distinguida en los proyectos de ley de Presupuesto desde 2023, durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Se abría la discusión sobre el costo fiscal que insumía la exención de Ganancias a los jueces.
El dato expone que no se trata de falta de recursos sino de una decisión sobre prioridades: el Gobierno elige sostener beneficios tributarios para la casta judicial, mientras recorta el financiamiento a organismos reguladores e instituciones estratégicas para la ciencia, tecnología y el desarrollo productivo.
Según la planilla oficial, el gasto tributario proyectado para 2027 asciende a 51,9 billones de pesos, con una incidencia sobre el PBI del 3,67 por ciento. La mitad lo conforman los tratamientos diferenciales en concepto de IVA; por ejemplo, en servicios de salud, educación, medicamentos, alimentos como carnes y frutas, etc.
La cuarta categoría en importancia son los regímenes de promoción económica, que incluye los controversiales incentivos para Tierra del Fuego y la Economía del Conocimiento. Esta última favorece desde hace años a gigantes como Mercado Libre, Globant y otras, lo que en 2027 será por 842 mil millones de pesos.
También 1,9 billones de pesos es el presupuesto requerido por Conicet, Inta, CNEA, Senasa y CONAE juntas. Mientras la mitad del financiamiento que se lleva la Ley de Economía del Conicet serviría para solventar el funcionamiento del Hospital Garrahan (396 mil millones de pesos) y un monto similar es el gasto de la Dirección Nacional de Vialidad, dedicada a la conservación y mejoramiento de las rutas del país, que fue formalmente disuelta y cerrada por este Gobierno.
Otra omisión notable del detalle en la pérdida de recaudación tributaria es el caso del RIGI. Según el oficialismo, no puede ser estimada porque los proyectos se encuentran todavía en etapas iniciales de implementación, pero será calculada en etapas posteriores.
Inconsistencias macro
De acuerdo con el análisis de la consultora Vectorial, el Presupuesto del año pasado proyectaba un crecimiento del PIB del 5 por ciento para 2026, pero la realidad es que la economía apenas crecerá alrededor del 2 por ciento. El nuevo Presupuesto proyecta un 3 por ciento para este año —reconociendo implícitamente el error anterior— y un 4 por ciento para 2027, que luce inclusive optimista. La caída del 0,6 por ciento del PIB en el segundo trimestre y bajas cercanas al 5 por ciento mensual en industria y construcción vuelven difícil esa meta y más bien abren el interrogante sobre una eventual recesión técnica antes de que termine el año.
El dato más preocupante es la inversión. El Presupuesto proyecta una caída del 2,1 por ciento en 2026 y un rebote del 9,2 por ciento en 2027, cuando actualmente se contrae a un ritmo del 11 por ciento. A esto se suma el fuerte recorte de la obra pública: por cada 100 pesos que se destinaban en 2023, en 2027 se prevén apenas 15. Con ese nivel de desinversión, el rebote proyectado aparece difícil de sostener, advierte la consultora.
Por último, en materia inflacionaria el Presupuesto proyecta un aumento del 18 por ciento para 2027, equivalente a un promedio mensual de 1,5 por ciento: una meta exigente en una economía con elevada inercia inflacionaria. A eso se suma el riesgo cambiario propio de un año electoral y frente a un programa que, a esa altura, habrá acumulado más de tres años de atraso real. Los ajustes en la paridad se trasladarán a los precios, dificultando aún más el cumplimiento de la proyección oficial.
