La ley de Defensa de la Soberanía que el gobierno envió al Congreso ingresó por la Cámara de Diputados, donde deberá comenzar su discusión. Por fuera de los aliados del PRO y la UCR, distintos bloques en la Cámara Baja coincidieron en que el articulado tiene poco referido a las Malvinas y muchas atribuciones que podrían destruir el consenso democrático alcanzado tras la última dictadura para congraciarse con las exigencias de Donald Trump y Marco Rubio. Incluso, el nuevo marco normativo podría terminar siendo beneficioso para las empresas que invirtieron dinero para explotar hidrocarburos en las islas de forma ilegal con la derogación de la Ley 26.659, advirtieron desde la oposición. A pesar de que el presidente invitó “a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso”, la oposición no fue convocada a iniciar el debate.
Por caso, los compromisos asumidos en la reunión convocada por Marco Rubio sobre “terrorismo político” en julio de este año aparecen reflejados en el nuevo RePET, el registro que permite incorporar personas o entidades cuando existan “motivos razonables para sospechar” su vinculación con el terrorismo, congelar inmediatamente sus bienes y prohibirles operar o contratar al Estado, sin necesidad de una orden judicial. El diputado Juan Marino elaboró un informe que detalla el correlato entre las acciones de política de seguridad hemisférica de los Estados Unidos con participación argentina y el articulado del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
En otras fuerzas, como Provincias Unidas, consideraron “aberrante la doctrina de espiar a todos con cualquier excusa”. Advirtieron que “no vamos a permitir que usen Malvinas como excusa para concentrar poder y avanzar sobre nuestras libertades”, dijo el diputado Esteban Paulón. En el PRO están “90% adentro”, dijo una espada parlamentaria de ese espacio a este diario. Un informe preliminar de la Fundación Pensar al que accedió Página/12 es favorable al proyecto. No formula críticas jurídicas ni políticas relevantes. Funciona más como una presentación y justificación de la ley que como un análisis independiente. Nada dice sobre la concentración de facultades del Presidente y el Consejo de Seguridad Nacional ni sobre la ampliación de la intervención de las Fuerzas Armadas frente a amenazas no estatales y en infraestructuras críticas. En el MID preparaban un comunicado, pero todavía no tenían precisiones.
Varios legisladores, en diálogo con este diario, recordaron la existencia del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, creado por ley en 2020 como un espacio destinado a contribuir al diseño y la implementación de políticas de Estado. Sin embargo, ese organismo está paralizado desde agosto de 2024. Es por eso que llama la atención que el gobierno invoque la centralidad de la Cuestión Malvinas para promover iniciativas de amplio alcance mientras permanece inactivo el órgano plural creado por ley para elaborar consensos y asesorar al Poder Ejecutivo en esta materia.
