El arrebato nacionalista que sufrió Javier Milei, que hizo que pasara de declararse un admirador de Margaret Thatcher a encarnar la defensa de la causa Malvinas, escondía algo detrás. El proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” que la Casa Rosada envió al Congreso funciona, para opositores, especialistas y referentes de derechos humanos, como un caballo de Troya que encubre nuevas funciones para las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, así como la posibilidad de perseguir a quienes sean sindicados por tener supuestos vínculos con Estados u organizaciones extranjeras o por realizar “campañas coordinadas de desinformación”.
La iniciativa tiene dos partes: una vinculada a sancionar operaciones en la zona de las islas –que es bastante escueta– y otra, mucho más frondosa, alrededor de la cuestión de la seguridad nacional, que es un tema que la administración de La Libertad Avanza (LLA) ya había anunciado en marzo del año pasado que iba a abordar. O sea, una vieja obsesión que el Gobierno encontró el momento para colar.
Desde el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata también denunciaron que el Gobierno está usando la cuestión Malvinas para reeditar la doctrina de seguridad nacional y barrer los límites democráticos y constitucionales que separan la seguridad interior de la defensa.
En la cadena nacional, Milei había dicho que el CSN estaría integrado por el Presidente, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, el canciller y el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). En el proyecto se agregaron dos dependencias más: la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica. Llama la atención la ausencia del Ministerio de Seguridad. Algunos lo atribuyen a que Alejandra Monteoliva quedó en offside por sus declaraciones sobre Malvinas en la previa del partido con Inglaterra.
Desde el CELS destacan, por ejemplo, que a diferencia de lo que sí sucede con la composición del Consejo de Defensa, el CSN no prevé la participación de representantes del Congreso o de las provincias, lo que contribuye a dotar al Poder Ejecutivo Nacional de mayor protagonismo en la toma de decisiones.
Según el proyecto, el CSN puede iniciar investigaciones administrativas contra infractores o contra quienes supuestamente atenten contra la seguridad nacional. La norma faculta al CSN a diferir la comunicación de que esa investigación está en marcha para facilitar la pesquisa. O sea, el Poder Ejecutivo puede investigar a una persona sin que ésta sepa o pueda ejercer su derecho a defensa.
¿Qué es una afectación o amenaza a la seguridad nacional? En el proyecto es definida como acto, actividad, decisión u operación que provenga de un Estado extranjero, una organización extranjera o que sea realizada por una persona humana o jurídica que actúe por cuenta, orden, bajo control o financiamiento de ellos. Con esa definición, una organización de derechos humanos que reciba financiamiento externo y critique medidas implementadas por el Gobierno podría quedar bajo el radar del CSN.
“En el CSN participa la SIDE. Esto quiere decir que la SIDE puede conducir una investigación sin control judicial, lo que puede dar lugar a todo tipo de arbitrariedades”, advierte Claudio Pandolfi, docente de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
En materia penal, se establecen también penas de hasta doce años de cárcel para quien sea considerado parte de campañas coordinadas de desinformación masiva. También dice que quien no cuente con residencia permanente en el país no podrá hacer campaña ni propaganda electoral.
El proyecto también habilita el derribo de aeronaves por autorización del Presidente, que puede ser delegada en el ministerio de Defensa, explica también Pandolfi.
La exministra de Seguridad Sabina Frederic resalta que el proyecto busca que el Congreso apruebe cambios que el Gobierno había dispuesto por decreto y que habilitan una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo que rompe con el consenso que se generó después de la experiencia criminal de la última dictadura.
“Lo que hace el Gobierno, por ejemplo, es introducir en este proyecto de ley el cambio conceptual que existe en la reglamentación de la ley de Defensa Nacional. La reglamentación que hizo este Gobierno como el de Mauricio Macri, por decreto, introduce la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen ante amenazas no estatales”, señala Frederic.
En el texto, de hecho, figura que los militares están facultados para ejercer operaciones convencionales y no convencionales. Las Fuerzas Armadas, además, estarán facultadas a intervenir en la protección de infraestructuras críticas, las que son definidas como “estructuras físicas, redes, sistemas o partes de éstos, públicos o privados, indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios esenciales de la sociedad, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento efectivo del Estado”. Pandolfi entiende que un hospital podría ser considerado una infraestructura crítica. Queda una pregunta abierta: ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los trabajadores hicieran una huelga?
