“Se impone la nulificación del fallo”, cuestionó el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, la sentencia de la Sala I de ese tribunal que archivó la semana pasada la causa por el préstamo de 57.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri por considerar que no se había identificado ningún delito. Su objetivo es que ahora la Cámara de Casación Penal reabra el expediente cerrado por decisión de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Además de Macri, estuvieron imputados funcionarios compartidos por la gestión macrista y la actual, como el ministro de Economía Luis Caputo, el de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
“La finalidad de la instrucción es comprobar si existe un hecho delictuoso mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad, objetivo que no ha de cumplirse con el temperamento adoptado, cercenando la posibilidad de efectuar cualquier medida de prueba en ese sentido”, dice el dictamen, al que accedió Página/12. “Los señores jueces arbitrariamente desestimaron el cauce investigativo propuesto por la fiscalía”, que “debe profundizarse y, hasta que ello ocurra, cualquier decisión aparece como prematura y por tanto sin fundamento”, advirtió.
La revisión estará a cargo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que integran Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Se trata de una causa que, además de unir a los mundos macrista y libertario, sintetiza un sendero económico.
La investigación de Picardi había concluido que no se respetaron los procedimientos previos y rigurosos para tomar deuda pública de modo “responsable, razonable y legal”. Por acción u omisión se incumplieron esas normas de Hacienda, Finanzas y del Banco Central. Por ejemplo, el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmó la primera carta de intención sin facultades. No hubo dictámenes técnicos del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos; se omitió un decreto del Poder Ejecutivo para dar transparencia y aprobar la operación; tampoco se le dio intervención a la jefatura de Gabinete ni al Congreso. El fiscal señalaba entre los principales responsables también al propio expresidente Macri, a Sturzenegger, Caputo y Guido Sandleris (como extitulares del BCRA). Caputo también, como exministro de Finanzas, y Santiago Bausili, que trabajaba con él.
