Las nuevas denuncias sobre hechos de corrupción que habrían ocurrido en la residencia de Olivos apuntan al entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Marcela Pagano, electa diputada con la boleta de La Libertad Avanza y hoy enfrentada a la gestión libertaria, asegura que el Gobierno utilizó a un jubilado que vive en un barrio carenciado para inscribirlo como “proveedor” del Estado. A su nombre se habrían facturado más de $600 millones de pesos que, según sugirió, fueron cobrados por el entorno de Karina. La diputada anticipó que este lunes realizará en la justicia una ampliación de su denuncia inicial.
Hasta ahora no se sabe el motivo de los despidos. El argumento de Presidencia fue el de reforzar la “seguridad de la Quinta”. De acuerdo al comunicado oficial, la medida fue tomada “en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina”.
“No se denuncia que el Estado compre alimentos para sus dependencias; se denuncia que compra cantidades que ninguna estimación razonable puede explicar, con estándares de calidad superiores a los que puede permitirse cualquier familia argentina”, sostiene el escrito.
La demanda habla de nepotismo en las designaciones: cuestiona a la subsecretaria Belén Agudiez por haber nombrado en la administración presidencial a diversos familiares, incluyendo a su primo, Javier Sosa, designado como intendente de la Quinta de Olivos.
Su principal hipótesis es que los alimentos premium comprados con fondos públicos eran desviados al emprendimiento privado de catering perteneciente a Javier Sosa y su pareja, la hermana de Belén Agudiez, para ser comercializados en eventos particulares.
La solicitud a la justicia contempla que se tomen medidas de preservación de prueba, tales como el resguardo de registros informáticos y filmaciones de las cámaras de seguridad, una constatación e inventario judicial en los depósitos de Olivos, y que se cite a declarar a los trabajadores civiles despedidos.
La denunciante consideró que el desplazamiento de los empleados, que son testigos clave, y la transferencia de todas las actividades a la Casa Militar generan un alto riesgo de alteración, extravío o destrucción de las pruebas.
