Una prueba nueva. Demoledora. La acusación por la que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner fue que, desde la presidencia, benefició a Lázaro Báez y a su empresa, Austral Construcciones. Para eso -dijeron los jueces- dictó un decreto, el 54/2009, que permitió el pago de obras viales a través de un fideicomiso, conformado en base a un impuesto a los combustibles. Un nuevo testigo, Darío Andrés Levy, exempleado del área de presupuesto de Vialidad Nacional, exhibió en el juicio Cuadernos una planilla en la que se demuestra que a las empresas de Báez apenas se le pagó el 0,85 por ciento de los fondos habilitados por el decreto, mientras que las demás constructoras recibieron el 99,15 por ciento de lo surgido del fideicomiso. Además, la empresa que más recibió fue Iecsa, propiedad de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. O sea, una constructora alineada con la oposición. De manera que el argumento central de la condena -que se dictó un decreto para beneficiar a Báez- quedó desvirtuado. Con esos elementos, los abogados de CFK presentarán un agregado a su denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para lograr una cautelar que interrumpa la condena de la expresidenta. También se planteará un recurso de revisión ante la Cámara de Casación nacional.
¿Qué quedó? Que Cristina Kirchner favoreció a Austral Construcciones mediante un decreto, el 54/09, que destinó a la construcción de rutas los fondos de un fideicomiso creado, en la época de Fernando de la Rúa, con un impuesto a los combustibles. El decreto sigue vigente hasta hoy, solo que se lo apropiaron Javier Milei y Luis Caputo, que se quedaron con los fondos y no construyeron ni una ruta. En el gobierno de Macri, el dinero habilitado por el decreto sirvió para pagarles a empresas amigas, dado que la mayoría de las constructoras fueron marginadas con el argumento de que estaban siendo investigadas.
El nuevo testigo
Lo que este martes presentaron en conferencia de prensa los abogados de Cristina, Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, fue una planilla exhibida por un testigo en la causa Cuadernos, Darío Andrés Levy, exempleado del departamento de Presupuestos de Vialidad Nacional. Levy fue testigo de la fiscalía, o sea que, supuestamente, iba a declarar en contra de CFK y los demás acusados en el expediente Cuadernos.
“Esta es una construcción judicial insostenible”, redondeó Valim en la conferencia de prensa.
Los caminos a seguir
Los letrados señalaron que la prioridad es agregar las conclusiones surgidas del nuevo testigo en la presentación hecha ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En principio, ese Comité se reúne a partir del lunes 26 de octubre en Ginebra. Como explicó Borrego, tras el retiro del financiamiento de Estados Unidos, el Comité bajó sus reuniones anuales de 4 a 2, por lo que tiene muchos temas por tratar. Eso hace imposible saber si efectivamente van a poder resolver sobre lo que está pasando con la expresidenta.
Las conclusiones sobre la principal prueba de la condena serán volcadas en una adenda de la presentación original, pero el objetivo es siempre el mismo: en principio, que suspenda los efectos de la inhabilitación especial perpetua impuesta a Cristina y que, de esa manera, se le permita ser candidata. Borrego hizo una magnífica analogía entre las irracionalidades de Don Quijote y las irracionalidades del fallo de Vialidad. Entre ellas, que el fallo de 1.686 páginas destina 11 renglones a explicar la inhabilitación especial perpetua, algo claramente violatorio de los derechos humanos. O sea, en 11 renglones se priva a una referente política de sus derechos políticos.
El segundo camino a recorrer (luego de que se pronuncie el Comité de la ONU) será un recurso de revisión ante la Cámara de Casación nacional. Según establece el Código Procesal, una presentación de esa naturaleza es factible cuando aparece una prueba que era desconocida al momento de la condena. En ese caso, es el nuevo testigo y las proporciones de los pagos. El recurso de revisión debe ser tratado en la Casación por jueces que no hayan intervenido en el expediente hasta ahora.
Beraldi explicó que los magistrados de la Casación tienen hasta la facultad de dictar una cautelar suspendiendo los efectos de la condena hasta resolver sobre el fondo de esa misma condena.
Los dos letrados extranjeros hicieron apuntes de relevancia desde el punto de vista político. Valim sostuvo que “no se trata de una cuestión solamente jurídica. Estamos hablando de la salud de la democracia. En una democracia sana, esta condena es insostenible”. Por su parte, Borrego también habló de que debería haber una solución política, porque “la democracia no puede tolerar que las cosas continúen de esta manera”.
“Cristina es una militante política -redondeó Beraldi- . Como tal, tiene una fortaleza indescriptible. Ella y todos tenemos la expectativa favorable de que todo esto avance. Pero no se desespera, porque tiene la paciencia suficiente para saber que esto es una batalla. Y se prepara. Está preparada. Todos los días hace gimnasia, todos los días estudia la realidad y tiene confianza de que, al final, la verdad se va a imponer. Lo que sí puedo decir es que no la vencerán. Eso seguro”.
