La pérdida creciente y acelerada del poder adquisitivo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) durante los 1000 días de la administración de Javier Milei se convirtió en un factor determinante en la retracción de la economía doméstica y el estancamiento del consumo masivo. Tras la reciente determinación oficial fijada el pasado 2 de septiembre por decreto presidencial, el ingreso básico que sirve como piso de remuneración laboral y parámetro para millones de trabajadores en el mercado informal sufrió un nuevo atraso real. La falta de acuerdo entre las cámaras empresariales y las representaciones sindicales derivó en un nuevo laudo gubernamental que profundiza la licuación acumulada durante la actual gestión.
De acuerdo con los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026, el SMVM acumuló una retracción del 40,8% en términos reales. Esta caída de la capacidad de compra no solo contrae los presupuestos de los hogares directamente vinculados a este ingreso, sino que extiende su impacto a múltiples conceptos de la economía real: indemnizaciones, prestaciones sociales y el cálculo de la cuota alimentaria para los trabajadores no registrados, recortando directamente el flujo de dinero destinado al comercio de cercanía y los bienes de consumo masivo. Es decir, afecta a toda la cadena de la producción y el consumo.
La política deliberada de Milei respecto a retrasar salarios y mantener a raya el tipo de cambio y la inflación impacta de lleno en el mercado interno por la fuerte baja del poder de compra y la paralización productiva, en tanto imposibilidad de acceder al crédito, afrontar costos altos medidos en dólares y enfrentar la competencia de productos importados a precios subsidiados desde sus terminales de origen.
Desde la asunción de La Libertad Avanza, con la degradación del Ministerio de Trabajo de la Nación a Secretaría, el Gobierno desconoció los planteos de recomposición del poder adquisitivo realizados por las organizaciones de trabajadores. “Este criterio se repitió en junio de 2024, diciembre de 2024, abril de 2025, noviembre de 2025 y septiembre de 2026, consolidando una política de desnaturalización del SMVM”, repasó el informe.
Más que brecha, un cráter
La distancia entre la propuesta de las centrales sindicales para amortiguar la devaluación por inflación y las pautas aprobadas por la Secretaría de Trabajo se amplía en cada negociación del Consejo del Salario.
Mientras los gremios solicitaron llevar el SMVM a 993.000 pesos para diciembre de 2026, tomando como referencia una Canasta Básica Total de 1.564.716 pesos; las patronales sugirieron un esquema de aumentos graduales de 1,8% en septiembre y de 1,7% mensual entre octubre de 2026 y abril de 2027, alcanzando los 431.395 pesos en abril del siguiente año.
“El SMVM vigente se encuentra apenas $73.702 por encima del mínimo histórico de la serie, registrado en abril de 2003 en $310.098, es decir, solo 23,8% por encima de ese piso”, sostiene el CEPA. Sin embargo, antes que mejorar esa cifra negativa en favor de quienes menos tienen, el Gobierno repite la misma receta desde que asumió: inclinar la balanza hacia los empresarios.
Lejos del consumo básico
El Ejecutivo resolvió fijar un cronograma que elevará el haber mínimo a 436.982 pesos en el cuarto mes de 2027.
Para retrotraer el poder adquisitivo de ese salario a distintos períodos de referencia, el CEPA calcula que -a valores de septiembre 2026- serían necesarios un aumento de 271.315 pesos (+70,7%) respecto de noviembre 2023; 389.185 pesos (+101,4%) sobre noviembre de 2019 y de 624.136 (+163,6%) para llegar al poder adquisitivo de diciembre de 2015.
“Mirando el SMVM en perspectiva histórica, la magnitud del deterioro actual resulta aún más evidente. El nivel vigente del salario mínimo se encuentra 12,3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990, ubicándose en términos reales en un nivel similar al de abril de 2002, uno de los momentos de mayor deterioro del poder adquisitivo de las últimas décadas”, advierte el reporte.
Un abismo con los servicios esenciales
Entre el incremento leve del SMVM y la fuerte suba de los servicios esenciales se abrió un abismo que terminó en endeudamiento de las familias, restricciones de consumo y problemas de salud.
La disparidad radica en que, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, el salario mínimo avanzó 158% nominal y los servicios públicos y los combustibles aumentaron en magnitudes significativamente mayores: Subte, 2.005%; Colectivos, 1.510%; Trenes, 1.090%; Electricidad, gas y otros combustibles, 856%; y Nafta súper, 631%. Si a estos datos se agrega el precio del alquiler, que varió tanto en precios como en formas de negociación con menor intervención del Estado, los números para las y los trabajadores empeoran aún más.
Este abismo indica que los gastos fijos asociados al transporte diario y al pago de tarifas y alquileres absorben una porción desproporcionada del presupuesto mensual de las familias de menores ingresos, desplazando directamente el gasto que antes se canalizaba hacia otros consumos básicos como alimentos, indumentaria, salud y recreación.
El piso en desnivel
La discusión por el salario mínimo es clave para todas las negociaciones salariales. Cada vez que desde el Ejecutivo se plancha el monto, sirve como ejemplo de lo que el Gobierno quiere como pauta para el sector trabajador.
Entre las últimas declaraciones de los funcionarios sobre las negociaciones paritarias para este año, se encuentran las que plantean que los sueldos de convenio empiecen con un piso de 1 millón de pesos el bruto.
Al igual que en el ejemplo de los alquileres, le recomiendan a empresarios y trabajadores que se junten a resolver el tema, con la casi nula intervención del Estado, que ya había marcado claramente las cartas con anuncios, decretos y medidas macroeconómicas.
