




La idea de que todo nacionalismo es expansionista, homogeneizante y autoritario parte en realidad de una generalización de las peculiaridades de algunos fenómenos nacionalistas, en particular las que caracterizan a los países más poderosos del planeta.
Es muy característico del espíritu civilizatorio y moderno considerar que, para tomar las mejores decisiones económicas (renegociar o no la deuda, controlar en mayor o en menor medida a las empresas privatizadas), lo que hace falta es un análisis racional que sopese pros y contras, sin atender a retóricas, sentimientos o entusiasmos. La idea subyacente es que una política de la pura razón, una política “científica”, sería posible o deseable. El primer problema es que la pregunta acerca de si conviene pagar, enfrentar, acordar, rescindir, expropiar o lo que fuera implica una pregunta acerca de qué beneficia a la mayoría del país, es decir, al país en su conjunto. Y la respuesta cambia de acuerdo con el tipo de país que se imagine: un enclave europeo en América Latina, la pretendida potencia primermundista, el “país normal”, la “patria socialista” o cualquier otro. Son diferentes formas de imaginar el lugar de la nación en el mundo. O sea que la pertinencia de las políticas depende también de la imagen que tengamos acerca de quiénes somos o podemos ser. Incluso en este mundo globalizado, las maneras de inserción de nuestro país tienen mucho que ver con nuestros sentimientos acerca de quiénes somos. O sea, no existe una racionalidad económica que pueda considerarse exitosa si no se tienen en cuenta la imaginación y los sentimientos de pertenencia.
En las vidas políticas hasta ahora conocidas hay razón y pasión, hay cálculos de intereses y hay cuestiones vinculadas al respeto y la dignidad. Para la sociedad no es lo mismo que sus representantes acepten ser una “joya de la corona británica” o estar “carnalmente vinculados” a imperios, que el abierto rechazo a las imposiciones externas. La sensación de que el propio país es humillado por otros o por sus representantes puede ser vivida como una humillación personal.
Esto no es una particularidad de la Argentina. Es en nombre de “su cultura” que los franceses limitan la invasión de productos estadounidenses, es en función de sus supuestos intereses nacionales que los funcionarios españoles defienden a empresas que no pertenecen al “pueblo español” y los brasileños arman alianzas estratégicas con la India y con China. En nombre de la nación se ha hecho la Revolución Francesa pero también el Holocausto, se han defendido democracias, se han independizado países y también se han impuesto dictaduras. Esta ambigüedad de lo nacional puede resultar irritante, pero sucede algo similar con otras referencias colectivas como la clase, la etnia, las ideologías políticas. Ningún socialista podría defender todo lo que se ha hecho en nombre del socialismo. No hay modos políticos de identificación sin usos sociales diversos y divergentes.
Si en nombre de la nación se han llevado a cabo atrocidades, razonan algunos, es conveniente renunciar a esa noción política. Si este razonamiento fuera riguroso con cada identificación política existente, concluiría en que todas deben ser abandonadas. Las dos opciones consiguientes son absurdas: hacer política con categorías creadas por ingenieros en identidad o, si no, hacer política sin identidades. La primera opción ha fracasado innumerables veces, porque los modos de identificación surgen de procesos sociales e históricos y no se fabrican en laboratorios. La segunda es completamente irreal. Las identificaciones son constitutivas de la vida social y política. La racionalidad, los valores y los sentimientos son constitutivos de todo conflicto político y cultural.
El resurgimiento de la temática y las referencias nacionales que se produjo en los últimos años en la Argentina me parece positivo en general. Desde ya que muchos de los best sellers sobre “los argentinos” pueden provocarnos risa e irritación por su simplificación o por su falsedad. Sin embargo, es importante señalar que desde fines de los años noventa, en situaciones de exclusión extrema, una parte significativa de la movilización social y ciudadana apeló reiteradamente a “lo nacional”. Si pensamos en la Carpa Blanca de los maestros, en los trabajadores de empresas privatizadas al borde de la quiebra (por ejemplo, Aerolíneas Argentinas), en las organizaciones de desocupados, podremos constatar dos cosas: reclamaron en tanto argentinos (de allí surgía su derecho) y en sus reclamos apelaron a la Argentina. Una nación con educación pública, con control soberano de los recursos, con integración social y pleno empleo: las referencias a aspectos cruciales del imaginario nacional fueron centrales en sus luchas. En acciones cívicas como estas se inició un trabajo social sobre el sentido de la nación. Un trabajo que buscó imprimir un sentido de lo nacional vinculado a la ciudadanía y a los derechos.
¿Cómo conceptualizar los sentimientos de rechazo que pueden generar las escenas y políticas de completa sumisión de un gobierno argentino al exterior? ¿Es eso un exótico y autoritario nacionalismo? ¿O ese sentimiento nacional responde a una imaginación que postula una sociedad menos desigual, menos injusta, más democrática?
Nada hay de irracional en apelar a la idea de nación para denunciar a un gobierno que no defiende el patrimonio público. Tampoco hay irracionalidad en que la mayoría de los ciudadanos deseen que los rumbos del país se definan democráticamente, sin imposiciones del exterior. En estos casos (al contrario que en muchos otros), democracia y nación se articulan, no son mutuamente excluyentes. Surgen entonces dos riesgos: como se trata de sentidos inestables, esa articulación podría utilizarse en cualquiera de las direcciones criticables de lo nacional. También podría suceder que no se reconociera que esa articulación existe y puede potenciarse, y que a través de la burla y la ridiculización los argentinos no escapan de una característica bastante común y comparativamente excepcional: la autodenigración.
Separar nación y nacionalismo, como se separa lo bueno de lo malo, lo indefinido de lo definido, no resulta la mejor alternativa. Imaginemos que los ciudadanos de cualquier país tienen plena soberanía para elegir a sus gobernantes y decidir democráticamente sus opciones políticas. Si más allá de sus divergencias pudieran convivir y construir una comunidad sociopolítica, ¿no tendrían un sentimiento de indignación si un gobierno extranjero o un organismo multilateral pretendiera modificar la voluntad mayoritaria a través de imposiciones y chantajes? Si las presiones continuaran hasta el extremo de exigir que ese país otorgara a otros la explotación de sus recursos naturales, ¿esa indignación no podría acaso convertirse en un gran movimiento social? No hay dudas de que ese movimiento sería considerado “nacionalista”, en el mal sentido, por el gobierno extranjero u organismo que viera en riesgo los beneficios que hasta entonces tenía.
Si nos tomamos en serio el principio de soberanía popular como fundamento de la democracia, es decir, la idea de que el pueblo a través de su voto decide su propio destino, es necesario asumir que la democracia puede requerir (y en un país periférico requiere) una cuota de nacionalismo. Pero esto no sólo no resuelve, sino que inaugura el problema. Porque el nacionalismo puede adquirir (como ya dije) contenidos y tendencias diversas, algunas de las cuales (como ya lo hemos sufrido décadas atrás) pueden entrar en tensión y hasta en oposición con la democracia.
Ahora bien, la solución no es apostar a difuminar los sentimientos nacionales o, incluso, generar estereotipos ridiculizantes de los argentinos o burlarse de los sentimientos de pertenencia. Por el contrario, es necesario asumir que la identificación del nacionalismo con el militarismo y el autoritarismo es el producto del modo en que se tramitan las disputas políticas en la Argentina y, especialmente, es uno de los éxitos menos analizados de la última dictadura militar. En efecto, como dice Marina Franco, su discurso patriótico acompañó el terrorismo de Estado, el Mundial del 78, la guerra de Malvinas, y la destrucción de la educación y las empresas públicas. Cuestionar ese éxito no es vivir en el mito de que lo nacional es autoritario, sino mostrar en los hechos que la soberanía nacional es una condición necesaria, aunque no suficiente, de la democracia. Y que la democracia es a su vez una condición necesaria para una soberanía bien entendida, esto es, la soberanía del pueblo.

























