El costo de bajar impuestos a los ricos: Milei resignó $3,2 billones por Bienes Personales

Mientras el sistema tributario argentino ya carga proporcionalmente más sobre los sectores de menores ingresos, el Gobierno de Javier Milei redujo paradójicamente impuestos directos que recaían sobre los patrimonios más altos, a la par que recortó el presupuesto para educación y salud, y que intenta bloquear o demorar el tratamiento de los proyectos opositores para hacer frente a la crisis de endeudamiento y mora que golpea a las familias argentinas. 

En concreto, el Gobierno resignó $3,2 billones en un año por la reducción de Bienes Personales –que grava a los grandes patrimonios- un monto que, por ejemplo, superó los $2,4 billones que dejaron de recibir las universidades nacionales. La comparación permite dimensionar el costo fiscal de uno de los ejes de la reforma tributaria que en la práctica La Libertad Avanza ya viene ejecutando: los recursos que el Estado dejó de recaudar por un impuesto que grava a los de mayor capacidad contributiva del país, alcanzaban para cubrir el recorte aplicado al sistema universitario y todavía dejaban un excedente.

El resultado es un esquema donde un hogar de menores ingresos soporta una carga equivalente a casi la mitad de su ingreso total y, de ese modo, paga más de impuestos que aquellos que tienen ingresos significativamente mayores. En Argentina, cuanto menos ganás, más pagás.

Quién paga el costo

La promesa de bajar impuestos del Gobierno de Javier Milei no alcanza a todos por igual. Los datos dejan en evidencia que la política implementada hasta ahora por la gestión libertaria agravó la estructura regresiva de la Argentina. 

Lejos de tratarse de medidas aisladas, las rebajas en Bienes Personales, la reducción de retenciones, los beneficios fiscales para grandes inversiones y los sucesivos blanqueos forman parte de una misma orientación económica: aliviar la carga sobre patrimonios elevados, exportadores y grandes empresas mientras el ajuste se sostiene sobre salarios, jubilaciones, obra pública, provincias y consumo.

Por eso, el problema no es solamente cuánto recauda el Estado, sino sobre quién recae esa recaudación, y es ahí dojde aparece otra de las características estructurales del sistema tributario argentino: la carga es relativamente más pesada para quienes tienen menos ingresos.

Según un análisis del centro Fundar, el decil de menores ingresos soporta una presión tributaria que supera el 35,0% de sus ingresos, mientras que en el decil de mayores ingresos la carga se ubica por debajo del 25,0%. Es decir, quienes menos tienen destinan una proporción mayor de sus ingresos al pago de impuestos que quienes están en la cima de la distribución.

La explicación está, en buena medida, en el peso de los impuestos indirectos -como el IVA-, que gravan el consumo y, por eso, tienen un impacto proporcionalmente mayor sobre los hogares de menores ingresos. En cambio, los impuestos que recaen directamente sobre la renta y el patrimonio tienen un peso mucho menor dentro de la estructura tributaria argentina.

No obstante, la política fiscal de cada momento puede agravar o combatir esa desigualdad. Así, el impuesto sobre los Bienes Personales ocupa un lugar particular dentro de esa discusión porque es uno de los pocos tributos que grava directamente el patrimonio de las personas. Sin embargo, las medidas adoptadas por el Gobierno libertario redujeron los montos y las alícuotas que pagan los sectores que mayor patrimonio y riqueza acumulan.

En detalle, la Ley 27.743, sancionada en julio de 2024 como parte del paquete fiscal del Gobierno, elevó el mínimo no imponible de $27,4 millones correspondiente a 2023 a $384,7 millones para el período fiscal 2025 y estableció una exención para la vivienda única de hasta $1.346,5 millones. También redujo progresivamente las alícuotas: la tasa máxima pasó de 1,75% a un esquema que llegará a una tasa única de 0,25% en 2027. A esto se sumó el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), que permitió adelantar el pago de cinco períodos a una tasa de 0,45%, con estabilidad fiscal hasta 2038.

Además, hay que contar los cambios en bienes de lujo. Desde el 1° de abril de este año dejaron de aplicarse alícuotas del 20,0% para objetos suntuarios como joyas, relojes, pieles y alfombras; del 18,0% para autos y motores de gama media y alta de más de $103 millones; y del 20,0% para embarcaciones de recreo o deportivas y aeronaves. 

Para Fundar, la modificación de Bienes Personales representó una oportunidad perdida para avanzar hacia un sistema tributario más progresivo. En lugar de aumentar el peso de los impuestos sobre los patrimonios y las rentas más altas, la reforma redujo precisamente la carga sobre uno de esos instrumentos. Si el problema del sistema tributario argentino es, entre otras cosas, el bajo peso de los impuestos que gravan directamente la riqueza, la reforma de Bienes Personales impulsada por Milei avanzó en sentido contrario. 

El Instituto Argentina Grande (IAG) calculó cuánto resignó el Estado para bajar impuestos a los sectores de mayores ingresos mientras los que menos ganan soportan la mayor carga tributaria: la pérdida de recaudación alcanzó los $3,2 billones, a valores de junio de 2026. Para dimensionar el tamaño de ese número, el instituto lo comparó con un gasto que ocupa un lugar central en el debate público y mostró que supera, por ejemplo, el presupuesto destinado a las universidades nacionales, que dejaron de recibir $2,4 billones en un año.

Asimismo, el impacto de estos recursos resignados puede medirse en relación con el tamaño de la economía. Según un informe del IAG la reducción progresiva de Bienes Personales implicó una pérdida de recaudación equivalente a 0,3% del PBI en 2025 y 0,4% en 2024. A ese costo se sumó la eliminación del impuesto a los bienes de lujo, que representó otro 0,1% del PBI anual. “Con los recursos de bienes personales que el gobierno de Milei decidió resignar, se podía garantizar el adecuado funcionamiento de las universidades públicas”, plantearon los especialistas.

El costo también es federal