El alineamiento geopolítico sin matices de Javier Milei con Estados Unidos lo llevó a un lugar impensado: la causa Malvinas. Después de casi tres años de esconder el tema, el Presidente, que se declaró fanático de Margaret Thatcher y reivindicó el derecho a la autodeterminación de una población implantada, se vio obligado a sobreactuar una agenda de defensa de la soberanía inexistente hasta ahora para la Casa Rosada. Milei anunció el endurecimiento de las medidas para evitar la explotación ilegal de hidrocarburos en las islas, próxima a comenzar por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la cuenca norte de las islas. Se trata de un marco normativo que ya existe y que el gobierno desestimó en sus casi tres años de gestión. Además, dijo que avanzará con la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego en un predio estratégico que el gobierno puso en venta. El viraje da cuenta de la vergonzosa subordinación a la que arrastra al país. Malvinas se convirtió para Milei en “la causa sagrada” recién cuando Donald Trump decidió usar la disputa como instrumento de presión sobre el Reino Unido. La bandera que desplegó la Selección Nacional en la semifinal del Mundial, luego de derrotar a Inglaterra y en medio de la discusión por la extranjerización de la tierra, dejó mal parado al presidente que hace de la entrega el centro de su política exterior.
Milei improvisó la cadena nacional luego de que Donald Trump expresara livianamente que podría “revisar” el respaldo de su país a la postura británica respecto de las islas Malvinas. Una declaración superficial de la que el Gobierno se agarró para usar el tema políticamente después de casi tres años de desmalvinización. El viraje de Estados Unidos está lejos de responder al interés de los argentinos. La Casa Blanca utiliza la causa Malvinas como instrumento coercitivo para exigirle a Londres un incremento de su contribución a la OTAN y como represalia por el escaso acompañamiento británico a la ofensiva norteamericana contra Irán. “A tu país no le está yendo bien. No te olvides de que obtienen un gran porcentaje de tu petróleo a través del estrecho de Ormuz y no estuvieron allí para ayudarme. Tu país no estuvo allí para ayudarme”, le dijo Trump a la televisión británica horas antes del anuncio de Milei, sin casi detenerse en sus dichos sobre las islas.
La diplomacia argentina pasó a votar en Naciones Unidas y en otros organismos multilaterales en contra de decisiones impulsadas por países que históricamente acompañaron a la Argentina en su reclamo por Malvinas. Un ejemplo fue la votación sobre la esclavitud, un tema central para los países africanos, aliados históricos de la Argentina en la cuestión Malvinas.
Sea Lion
Hasta ahora, el Gobierno no había tomado ninguna medida concreta para frenar Sea Lion, el megaproyecto petrolero offshore que avanza en la cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas, sin autorización de la Argentina. El proyecto es operado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, en sociedad con la británica Rockhopper Exploration, que controla el 35%. Las obras de infraestructura en las islas ya comenzaron y la perforación de los primeros pozos está prevista para principios de 2027.
Ante la inacción del Estado argentino, esta semana ambientalistas y los excombatientes del Cecim de La Plata denunciaron el proyecto ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego y reclamaron la suspensión de las obras y de su financiamiento. “El Presidente no tiene necesidad de sobreactuar y hacerse el Donald Trump”, dijo a este diario María Cristina Perceval, exembajadora argentina ante Naciones Unidas. La diplomática recordó que el país “cuenta con todas las herramientas normativas” y sostuvo que Milei debe actuar “conforme a las leyes y al interés nacional”.
En efecto, Argentina ha llevado adelante una diplomacia constante y coherente para defender su soberanía. En 2010, Cristina Kirchner denunció la instalación de una plataforma petrolera en el Atlántico Sur durante una cumbre de la Celac. Treinta y dos países aprobaron un documento que condenó a Gran Bretaña por violar las disposiciones de la ONU. Fue el año en que Sea Lion fue descubierto por la británica Rockhopper Exploration.
La sanción, en 2011, de la Ley 26.659, modificada dos años después, estableció sanciones para las compañías que realizaran actividades de exploración o explotación sin autorización del Estado argentino. Las penalidades incluyen la inhabilitación para operar en el país por períodos de entre 5 y 20 años, con responsabilidad penal para personas físicas y jurídicas. Entre 2011 y 2015 fueron sancionadas ocho empresas y se abrió una causa en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años.
En 2020, cuando Navitas se incorporó al negocio y aportó el capital necesario para reactivar Sea Lion, la Argentina le envió a la compañía israelí una nota de desaliento para advertirle que operaba sobre territorio argentino sin autorización y exigirle que se abstuviera de financiar o participar del proyecto. Un año después, las secretarías de Energía y de Malvinas avanzaron con un proceso de sanciones contra Navitas, Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy por sus actividades en la cuenca Malvinas Norte.
Los especialistas consultados por este diario coincidieron en que la desmalvinización de estos tres años deja un antecedente difícil de revertir. El exsecretario de Malvinas Daniel Filmus recordó las dificultades que enfrentó el país para “conseguir votos de respaldo después del gobierno de Mauricio Macri”.
