Una nueva ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino amenaza con convertirse en un nuevo cortocircuito diplomático entre Argentina y Chile. En diálogo con Página/12, el alcalde de la ciudad chilena, Claudio Radonich, salió a defender la iniciativa y eligió una fórmula contundente para quitarle peso político: “Es un acuerdo entre privados”.
La frase resume la estrategia del funcionario; presentar el proyecto como una operación comercial entre empresas y no como una decisión vinculada con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Para la ciudad chilena, el movimiento representa una oportunidad económica. Para la Argentina, en cambio, el problema es otro: el destino de esa nueva ruta es Puerto Argentino, en un territorio cuya soberanía reclama Buenos Aires y que permanece bajo administración británica.
“Un acuerdo entre privados”
Radonich buscó separar deliberadamente el negocio de la política exterior chilena. Su argumento es que la municipalidad no está tomando una posición sobre la soberanía de las islas, sino facilitando una operación comercial.
Pero esa separación es precisamente la que genera el ruido en Buenos Aires.
La nueva conexión puede convertirse en una vía de abastecimiento más directa para las islas y, por lo tanto, tener consecuencias que exceden a las empresas involucradas. La discusión ya no pasa solamente por quién vende y quién compra, sino por qué infraestructura y qué puertos del continente quedan conectados con las islas.
Un negocio que puede llegar a US$20 millones
Detrás del argumento comercial hay un mercado concreto. El abastecimiento de Malvinas mueve millones de dólares al año entre alimentos, materiales, repuestos y otros productos.
La apuesta tiene una lógica económica difícil de ignorar: acortar las distancias y reducir los costos logísticos.
Pero el mapa comercial vuelve a cruzarse con el mapa de la soberanía.
El Decreto 256/2010 argentino establece un régimen de autorización para determinados buques que se dirijan a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur atravesando aguas jurisdiccionales argentinas. Por eso, un punto clave será determinar el recorrido concreto que utilizarán las embarcaciones y si la operación queda alcanzada por la normativa argentina.
En ese contexto, la aparición de una ruta comercial desde territorio chileno hacia Puerto Argentino introduce una zona gris: el Gobierno de Chile sostiene una posición diplomática favorable al reclamo argentino, mientras una autoridad política de Magallanes impulsa una conexión comercial con las islas.
Radonich sostiene que no existe contradicción porque se trata de un acuerdo privado.
El interrogante es hasta dónde puede considerarse “privada” una operación que puede fortalecer la infraestructura logística de las islas.
Chile, por su parte, tendrá que convivir con dos posiciones que pueden parecer compatibles en el papel, pero que empiezan a chocar en la práctica: el respaldo oficial a la reivindicación argentina de soberanía y el interés económico de Punta Arenas por convertirse en un nuevo proveedor de Malvinas.
Radonich eligió una frase para cerrar la discusión: “Es un acuerdo entre privados”.
