La última semana expuso una avalancha de datos que revelan cómo la administración de Javier Milei se las estaría ingeniando para desviar fondos que están exclusiva y obligatoriamente destinados a la reparación de las rutas nacionales. El patente deterioro de los caminos, llenos de cráteres, grietas y hundimientos peligrosos a lo largo y a lo ancho del país, es una muestra palpable de que ahí el dinero no va. ¿Adónde va entonces? Los grandes mecanismos de desvío que quedaron a la vista, a través de investigaciones periodísticas y denuncias penales, hablan de colocaciones financieras (plazos fijos y letras del Tesoro nacional) y de compra de votos para la aprobación de las leyes que el Gobierno “necesita” para aplicar el ajuste. O, como mostró en un nuevo posteo este sábado la diputada Marcela Pagano (Coherencia): desembolsos a cambio de ausencias en el Congreso, como denuncia que ocurrió, para que cayera el proyecto conocido como Ficha Limpia que La Libertad Avanza simulaba apoyar, pero quería voltear.
Negocios y juzgados
El Gobierno de Milei hizo del abandono de la obra pública una bandera, en nombre del superávit y del “déficit cero”. El argumento es que el Estado tiene que limitar su participación y las obras de infraestructura deben ser financiadas por el sector privado. Es más, ha estigmatizado esta tarea equiparándola a una fuente de corrupción, negando su función crucial en la generación de empleo, la actividad económica y la calidad de vida. Sin embargo, lo que se advierte a través de las denuncias son posibles formas de corrupción disfrazadas de eficiencia en el gasto público, algo que desde hace un tiempo ya advertían los gremios que funcionan bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Las estrategias oficiales están a la vista, habrá que ver si tienen consecuencias penales. Los principales señalados son el Ministerio de Economía de Luis Caputo, la DNV, el Banco Nación y hasta el propio Presidente.
A las denuncias de Tolosa Paz (juzgado de Ariel Lijo) y Pagano (juzgado de Julián Ercolini) (que apuntan a los posibles delitos de defraudación, malversación, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad y cohecho), esta semana se sumó otra de “Reset Republicano” por presunto estrago, que vincula el estado de las rutas por la subejecución presupuestaria con el aumento de muertes en accidentes de tránsito, que rondaría un 300 por ciento.
En mayo último ya habían advertido, a través de denuncias por los posibles desvíos, la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (cuya causa tramita en el juzgado de Sebastián Casanello) y el Sindicato de Trabajadores de Vialidad, que se presentó en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y denunció un “posible patrón estructural de desfinanciamiento, subejecución y eventual desvío” del impuesto a los combustibles líquidos. Todavía no se sabe si la investigación quedará concentrada en un solo juzgado.
El STVyARA había hecho un pedido de acceso a la información, donde el Ministerio de Economía reconoció que con la plata para las rutas invertía en letras y plazos fijos. El vocero Adrián Ravier lo admitió esta semana.
Números y denuncias
El gobierno de Milei lleva recaudados 1,5 billones de pesos en el fideicomiso que fue creado para canalizar los fondos destinados a la construcción, mantenimiento y reparación de rutas y otras obras viales, pero solo se utilizó la cuarta parte para eso. La diputada Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) denunció penalmente la “retención sistemática y el desvío de facto –desde el ejercicio 2024 y en forma continua y creciente hasta la actualidad—de los recursos tributarios de afectación específica correspondientes al Sistema Vial Integrado (SISVIAL) del fideicomiso creado por decreto 976/2001”. Su presentación señala que 1.001.017.908.957 pesos (más de un billón) fueron “retenidos en inversiones financieras, mientras las obras comprometidas contractualmente permanecen paralizadas o con avances ínfimos, y la red vial nacional exhibe un deterioro calamitoso, con daño y entorpecimiento manifiesto del servicio público vial”. Parte de los datos surgen de una publicación de Hugo Alconada Mon en La Nación.
Pagano describió, en otra denuncia judicial, un sistema que describió como “extorsivo” por el cual el gobierno reparte los recursos propios del SISVIAL que son, nada menos, que el impuesto a los combustibles que paga cualquier persona cuando va a cargar nafta. El criterio de distribución, según la diputada (que cuando asumió en su banca estaba alineada con el oficialismo), tiene relación directa con el debate y votación de leyes claves para el Gobierno. Lo señaló en base a una serie de cálculos en períodos que considera “ventana” de tres días (la víspera de una sesión legislativa, la votación y el día después) y otro ampliado. Llegó a la conclusión de que de un paquete de 210.983 millones de pesos que cobraron 13 provincias a través del fideicomiso para las obras viales, 68.042 millones se corresponden con ventanas de tres días, lo que equivale al 32,2% del total. Al agregar al período tres días más, el monto sube a 94.929 millones de pesos: casi la mitad de toda esa erogación en 38 fechas de votación en 29 meses.
Entre los datos llamativos que mostró está que el fideicomiso no registró ni un solo pago durante el actual gobierno hasta que llegó la votación de la Ley Bases. De por sí, esto es irregular, porque los impuestos recaudados deben ir directo a las rutas.
El fondo se desbloqueó los días 10 y 11 de junio. La ley se votó en el Senado el 12, acompañada de una feroz represión. Salió 36 a 36 y desempató Victoria Villarruel. Fue el momento que más desembolsos hubo para obras viales ese año: 11.608 pesos. Entre los votos decisivos hubo de provincias que recibieron dinero esos días: Santa Cruz, Misiones, Río Negro y Neuquén. Con la sanción en Diputados, sumaron giros importantes Tucumán y Jujuy. Misiones y Tucumán multiplicaron los pagos cuando se votó el blindaje al veto al financiamiento universitario. El patrón de desembolsos se ve en dos ampliaciones de denuncia de Pagano, quien también mostró de manera gráfica cómo se abrió la compuerta de los fondos en 2025 y frente a las votaciones de este año de la Reforma Laboral, la Ley de Glaciares, Ley Hojarasca y Zonas Frías.
En una publicación de este sábado, Pagano detalló que, así como había explicado cómo se pagan votos a cambio de leyes con el fideicomiso para las rutas, también habría un precio “bastante más caro” para “impedir que una ley se sancione”. Es el caso, dice, de “Ficha Limpia”, un proyecto con sello del PRO que buscaba que las personas condenadas por casos de corrupción en segunda instancia no pudieran presentarse a elecciones. Era un proyecto que apuntaba a inhabilitar a Cristina Fernández de Kirchner, luego condenada en Vialidad. La Libertad Avanza parecía apoyar la propuesta, pero en realidad no quería que fuera aprobada, al menos en los términos en que lo planteaba el PRO.
El 28 de noviembre de 2024 la sesión se cayó por falta de quórum gracias a ausencias como la de los diputados de Misiones. “La vialidad de Misiones cobró $3.192 millones en un solo día. Cinco pagos en apenas unas horas. El cien por ciento de lo que la provincia recibió en todo 2024”, tuiteó la diputada. “798 millones por diputado ausente”, precisó. En febrero de 2025, con un nuevo texto que le agradaba a Milei, los misioneros acompañaron la media sanción. Un día antes se abrió la canilla del fideicomiso y también cobró Neuquén (1.185 millones) y “por los votos positivos de sus legisladores Jujuy cobró más tarde $7.895 millones”. “El 7 de mayo de 2025 Ficha Limpia cae en el Senado por voto, 36 a 35. ¿El giro? Los dos senadores de Misiones”, repasa. Hicieron discursos a favor y votaron en contra. Según Pagano, Milei quería sostener la idea de que CFK podía ser candidata. Las medidas que pide la diputada apuntan a verificar todos los expedientes de los pagos girados a través de la DNV, sus destinos y usos. Además del trámite parlamentario.
La mayoría de las denuncias explican que el fideicomiso en cuestión, cuya creación se remonta a 2001, solo puede aplicarse a obras públicas viales. A instancias del Banco Mundial, “fue pensado para impedir que la recaudación del impuesto a los combustibles terminara financiando gastos corrientes del Estado, atando el dinero a un destino específico y tornándolo jurídicamente indisponible para otros fines presupuestarios”, recuerda Tolosa Paz. Explica la irregularidad: “el propio fiduciante --el Estado Nacional—tomó de facto para sí, como financiamiento del Tesoro, los recursos tributarios que la ley afectó de manera específica e irrevocable a las obras y mantenimiento de la red vial (…) se trata de una reasignación de hecho, expresamente prohibida por el régimen de afectación específica (…) la porción colocada en plazos fijos en el propio BNA implica que el fiduciario se fondea a sí mismo con los activos que administra en interés ajeno”
