Javier Milei envió a su ministro de Defensa, Carlos Presti, a la cumbre que organizó Estados Unidos en Panamá, en la que abiertamente la administración de Donald Trump oficializó que el nuevo lema era “hacer cosas malas contra la gente mala”, mientras reclamaba a sus aliados en la región que se retiren de la Corte Penal Internacional (CPI) y ponía sobre la mesa una posible intervención militar contra Cuba. La excusa del encuentro –que vuelve a exponer el alineamiento total con Washington– fue la lucha contra el narcotráfico, que en la Argentina no involucra a las Fuerzas Armadas, sino a las fuerzas de seguridad. “Todo lo que se planifica en esa coalición es contrario a las leyes argentinas”, dijo Agustín Rossi, exministro de Defensa y actual diputado nacional, en diálogo con Página/12.
En realidad, el ministro estuvo en lo que oficialmente se llama Coalición Contra los Cárteles de las Américas y popularmente se conoce como el Escudo de las Américas. Es la forma que encontró el presidente estadounidense para respirarles en la nuca a sus principales molestias en el continente, México y Brasil.
Según informó el Comando Sur, durante las jornadas se llegó a un compromiso de las fuerzas regionales para contrarrestar amenazas en el hemisferio occidental, como cárteles y narco-terrorismo, y salvaguardar el canal de Panamá –una de las zonas que obsesionan a Trump durante su segunda presidencia–.
En Panamá, la voz cantante de la administración trumpista la tuvo Pete Hegseth, su secretario de Guerra, quien dijo que el nuevo lema de la coalición sería “le hacemos cosas malas a la gente mala” e instó a sus aliados a abandonar la CPI, cuya jurisdicción para investigar y juzgar crímenes nunca fue reconocida por los Estados Unidos.
Presti, que estuvo en Panamá junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), Marcelo Alejandro Dalle Nogare, no dio demasiados detalles sobre la participación argentina. Según el Ministerio de Defensa, la “posición propia” implica fortalecer la vigilancia y el control de los espacios estratégicos, proteger la infraestructura crítica e intercambiar información frente a amenazas de origen externo.
Milei viene rompiendo la separación entre seguridad y defensa, que se construyó en cuatro décadas de democracia, desde su llegada al gobierno. En 2024, se despachó con dos decretos: el 1112 –que derogó el 727/2006, que establecía que los militares únicamente podían intervenir ante agresiones externas provenientes de otros Estados– y el 1107, que autoriza a las Fuerzas Armadas a la custodia de objetivos de valor estratégico sin que estos sean definidos en la norma.
“Lo que vimos en Panamá es una coalición militar, no es un acuerdo diplomático. A eso hay que sumarle la coalición contra el resurgimiento del terrorismo político”, añade Rossi.
El 16 de julio pasado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, convocó a una conferencia en Washington para plantear que había llegado el momento de ampliar las hipótesis que se habían sostenido en las últimas décadas sobre el terrorismo y posar la mirada en lo que califican como el “extremismo de izquierda”.
A ese encuentro, Milei mandó a su canciller, Pablo Quirno, que no explicó a qué se comprometió, y al número dos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), José Lago Rodríguez. Argentina fue uno de los países oradores en el evento. Desde entonces, Milei remozó su agenda antiterrorista y, en los últimos días, mencionó que hubo “actos terroristas” en las calles y sostuvo que hay terroristas “disfrazados” de estudiantes, docentes y periodistas. Sus dichos coincidieron con la visita de Andrew Bailey, subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien estuvo de visita por el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), que los libertarios crearon en octubre pasado.
Más allá de las internas que sacuden a la Casa Rosada, el alineamiento total con los Estados Unidos no se discute. El jueves, la Fundación Faro –el think tank oficialista– presentó a su equipo de “seguridad nacional”. Al evento acudió el asesor presidencial Santiago Caputo, quien en sus redes sociales calificó la velada como una “sofisticada” exposición de geopolítica.
Agustín Laje, que funge como director ejecutivo de Faro, planteó como hipótesis de trabajo que existe una conexión entre el socialismo del siglo XXI y el crimen organizado. “Allí donde el socialismo del siglo XXI llegó al poder y consolidó su dominio en el tiempo, el narcotráfico y el crimen organizado se empoderar dramáticamente”, resaltó Laje, dejando en claro que la apelación al narcotráfico funciona como un dispositivo de intervención contra países cuyos alineamientos políticos no se condicen con el seguidismo a Trump.
Laje también dijo que el socialismo del siglo XXI había nacido al calor del Foro de São Paulo y explicitó que los cañones debían dirigirse, por eso, hacia Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó como “corrupto”. Para mostrar un supuesto dejar-hacer de Lula frente al narco, afirmó que se había negado a que Estados Unidos calificara como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primer Comando de la Capital (PCC).
No sorprende que el politólogo cordobés funcione como un divulgador de las ideas que bajan desde el Norte. Laje se formó, al igual que Victoria Villarruel y Nicolás Márquez, en el Centro William J. Perry para los Estudios de Defensa Hemisférica, que está asociado al Pentágono.
Esta semana, la Gaceta Marinera informó también que el agregado naval de los Estados Unidos, capitán de navío Christopher Seguine, y el agregado aéreo adjunto, teniente coronel Kevin Skelton, estuvieron de visita en la base naval de Puerto Belgrano.
