“Para todos los tarados que hablan de la industria”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, el miércoles pasado durante un evento organizado por la Cámara de Agentes de la Bolsa. Es una frase esclarecedora del desprecio del gobierno de Javier Milei por la producción manufacturera. También expone la ignorancia del mesadinerista acerca del debate económico contemporáneo. La aclaración posterior, con la que intentó desmentir que hubiera insultado a los industriales, solo exhibe la fragilidad en la que quedó por el ya evidente fracaso para impulsar el crecimiento económico.
Caputo sostuvo que entre 2011 y 2023 la industria cayó 10% pese a los subsidios estatales y la protección frente a la competencia de los productos importados. Es una afirmación engañosa porque mezcla etapas económicas muy diferentes y oculta lo que está ocurriendo desde diciembre de 2023.
La respuesta de la conducción de la Unión Industrial Argentina ni siquiera puede calificarse de lamentable porque mantuvo un silencio vergonzoso. Quien sí se ocupó de mostrar un comportamiento bochornoso fue su presidente, Martín Rappallini, quien dijo que las expresiones de Caputo “no son declaraciones felices que ayuden al diálogo”. La Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en cambio, expresó su “más enérgico rechazo” y recordó que el insulto de Caputo no hace más que mostrar la impericia oficial para enfrentar los problemas que atraviesa el aparato productivo.
La tibia reacción de Rappallini no debería habilitar una segunda lectura, aunque algunos puedan sentirse tentados a hacerla: él es uno de los propietarios del Grupo Alberdi, que participa en el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino. En mayo pasado, el Ministerio de Economía de Caputo aprobó el ingreso de ese emprendimiento al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La resolución oficial le concede los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por el régimen.
Quien debe encabezar la defensa de la industria conduce al mismo tiempo un grupo empresario involucrado en uno de los negocios privilegiados por el modelo Milei.
Datos duros de la desindustrialización
En 2024, el primer año del gobierno de Milei, la producción industrial se desplomó 9,4%. En 2025 recuperó apenas 1,6% y, pese a ese rebote estadístico, terminó el segundo año de Milei casi 8% por debajo de 2023.
En los primeros cinco meses de 2026 la producción manufacturera volvió a caer 3,1% interanual. Solo en mayo retrocedió 5,7%. Algunos sectores muestran un cuadro mucho más grave: productos de metal, maquinaria y equipo cayeron 15% interanual ese mes y automotores y otros equipos de transporte, 15,2%.
La utilización de la capacidad industrial instalada era 67,8% en mayo de 2023 y, tres años después, se ubica en el 58,4%.
Un informe del CEPA, elaborado sobre registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabiliza la pérdida de 82.173 puestos registrados en la industria manufacturera entre noviembre de 2023 y abril de 2026. En el mismo período desaparecieron 3.617 empleadores industriales.
La trampa del engaño de Caputo
Para defender la desindustrialización de Milei, Caputo eligió empezar el análisis del sector en 2011. Ese año marca el techo de la fase expansiva de la industria iniciada después de la crisis de 2001-2002. Pero lo que ocurrió desde entonces hasta 2015 no fue un proceso comparable con el de Macri y mucho menos con el de Milei.
Entre 2003 y 2015 hubo un fuerte crecimiento de la producción y del empleo industrial. A partir de 2011 la expansión perdió impulso y la producción se mantuvo cerca de esos niveles, con avances y retrocesos moderados hasta el final del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El principal límite que apareció entonces fue la restricción externa. Una economía que había crecido con intensidad necesitaba cada vez más dólares para importar insumos y bienes de capital, mientras la capacidad de generar divisas no avanzaba al mismo ritmo. Ahí estaba el cuello de botella: faltaban dólares para seguir creciendo.
La discusión era entonces cómo profundizar la industrialización para que la propia estructura productiva generara una cantidad creciente de divisas. Había que avanzar en la sustitución de importaciones estratégicas y aumentar las exportaciones industriales. Caputo realiza la operación inversa: toma la restricción que enfrentó aquel proceso como demostración de que la industria era el problema.
La ruptura aparece con Mauricio Macri. Daniel Schteingart y Andrés Tavosnanska escribieron “El retorno de la desindustrialización” para analizar el período de 2015 a 2019, investiogación publicada en 2022 por la revista académica H-industri@ de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. En ese texto, señalan que la llegada de Macri significó un “viraje radical” de las políticas macroeconómicas y productivas y que la industria fue uno de los sectores más perjudicados. Entre octubre de 2015 y octubre de 2019 se perdieron 167.000 puestos industriales privados registrados.
Durante el gobierno de Macri, el mismo Caputo fue ministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central durante la crisis de 2018. Ahora utiliza una estadística que comienza en 2011 y termina en 2023 para meter dentro de una misma cifra la meseta industrial del último tramo de Cristina Fernández de Kirchner, la desindustrialización macrista y el período de Alberto Fernández.
Tampoco es serio colocar esos cuatro años en la misma secuencia. El gobierno de Alberto Fernández comenzó con una pandemia que paralizó buena parte de la economía mundial. Después vino una recuperación fabril importante. En 2021 la producción industrial argentina terminó 7,1% por encima de 2019 y también superó el nivel de 2018.
En 2022 la industria llegó a ubicarse 13% por encima de 2019. La guerra entre Rusia y Ucrania encareció la energía que la economía doméstica necesitaba importar y, al año siguiente, la sequía histórica volvió a golpear el punto débil de la economía, que es la disponibilidad de dólares.
Con Macri hubo un proceso deliberado de desindustrialización. Con Alberto Fernández hubo recuperación industrial, primero, y luego volvió a operar la restricción externa. Con Milei se retoma la orientación macrista, pero de un modo más drástico.
En 2024, el primer año del gobierno de Milei, la producción industrial se desplomó 9,4%. En 2025 recuperó apenas 1,6% y, pese a ese rebote estadístico, terminó el segundo año de Milei casi 8% por debajo de 2023.
La tarea ciclópea de educar a Caputo
La confusión deliberada que despliega Caputo no se limita a su lectura sesgada de la historia industrial de las últimas décadas, sino que exhibe un profundo desconocimiento del regreso a las políticas industriales, tanto en países de desarrollo medio como en las principales potencias económicas.
Mariana Mazzucato es una economista italiana, profesora de Economía de la Innovación y Valor Público en University College London y fundadora del Institute for Innovation and Public Purpose de esa universidad. Es una de las investigadoras de mayor influencia internacional en el debate sobre innovación y política industrial y autora de El Estado emprendedor.
Su planteo cuestiona una de las ideas centrales del credo que profesa Caputo respecto a que el sector público solo debe intervenir para corregir las denominadas “fallas de mercado”. Mazzucato muestra que los Estados de las economías desarrolladas no se limitaron a corregir esas fallas, sino que también crearon mercados y orientaron inversiones hacia actividades consideradas estratégicas. Su trabajo más reciente insiste en que la política industrial debe definir una dirección para el crecimiento, en lugar de esperar pasivamente que el mercado la descubra.
Mazzucato no propone repartir subsidios sin condiciones. Por el contrario, si una empresa recibe apoyo público, debe cumplir objetivos. Ese aporte estatal puede vincularse con la inversión e innovación, y orientarse a la transformación tecnológica. De este modo, la discusión deja de ser la falsa oposición entre Estado y mercado para pasar a otra mucho más relevante: qué estructura productiva quiere construir un país.
Hasta el Fondo Monetario Internacional registra el regreso de esas políticas. Su nuevo Observatorio de Política Industrial contabilizó más de 52.000 intervenciones en 75 países desde 2009. Solo en 2025 se adoptaron dos veces y media más medidas que en el promedio anterior a la pandemia.
Hace más de setenta años, el economista argentino Raúl Prebisch, figura fundacional del estructuralismo latinoamericano y primer secretario ejecutivo de la CEPAL, desarroló el esquema centro-periferia, que cuestionó la idea de que los países debían resignarse al lugar que les asignaba la división internacional del trabajo.
Para Prebisch, la industrialización era indispensable para incorporar progreso técnico y evitar que sus frutos quedaran concentrados en las economías centrales. Sobre ese mismo problema avanzó Aldo Ferrer, uno de los principales referentes del pensamiento desarrollista y alumno de Prebisch en la Universidad de Buenos Aires. Su propuesta de una industria “integrada y abierta” estaba muy lejos de plantear una economía cerrada, como sostuvo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en una frase que sugiere que nunca leyó a Ferrer, quien postulaba una estructura industrial capaz de incorporar tecnología, ganar eficiencia y exportar productos cada vez más complejos.
Ferrer advertía que la capacidad de exportar de las economías periféricas no aumentaba al mismo ritmo que sus necesidades de importación. El resultado era la recurrente restricción externa. Para superarla había que diversificar la estructura productiva y hacer más compleja la industria, no destruirla.
¿Para qué sirve tener una base industrial compleja y diversificada?
Este razonamiento es muy oportuno porque hoy existe la producción y los dólares de Vaca Muerta y empieza a expandir la minería del cobre y del litio. Los dólares que generan ambos sectores pueden aliviar de manera considerable la restricción externa. La pregunta central es para qué se van a utilizar.
Pueden financiar importaciones de bienes terminados mientras se achica el entramado fabril. O pueden convertirse en la plataforma para desarrollar proveedores nacionales, fabricar equipamiento y construir capacidades tecnológicas vinculadas a esos recursos naturales.
Una economía del tamaño y la complejidad social de la Argentina no puede ofrecer empleo formal y salarios elevados apoyándose solamente en el agro, la minería, los hidrocarburos y los servicios. La industria construye una trama de proveedores y conocimiento que eleva la productividad del conjunto.
Quienes alertan por la destrucción industrial no son “tarados”. Y, para no actuar en un espejo vulgar, lo más prudente es no señalar quién sí lo es.
Por Alfredo Zaiat / El Destape
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