Con media sanción del Senado, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada giró a Diputados. La iniciativa, que fue perdiendo capítulos clave, como el de la extranjerización de la tierra, durante su traumático recorrido por la Cámara alta, conserva aún las restricciones al Estado para ejecutar expropiaciones y los desalojos exprés, que podrían recaer sobre millones de familias endeudadas. Un nuevo sujeto político que promete convertirse en protagonista de los debates que vienen. Mientras el Gobierno busca avanzar con iniciativas alejadas de los padecimientos populares, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central o la Ley de Inocencia Fiscal para que los sectores de mayores ingresos blanqueen sus dólares, el peronismo buscará encauzar el debate de lo que quedó del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada “detrás de actores que le puedan aportar humanidad a la discusión”, explicaron a este diario.
Según anticiparon a este diario, Juliano va a presentar un proyecto para que las billeteras virtuales no puedan ofrecer créditos a tasas usureras y tengan límites.
Empoderado luego de obligar al oficialismo a retirar los capítulos de extranjerización de la tierra y el que derogaba artículos clave de la Ley de Manejo del Fuego de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el peronismo cree que es momento de abordar lo que quedó del proyecto con “actores que le puedan aportar humanidad a la discusión”. “Tenemos que recalcular nuestro posicionamiento para la discusión. Ningún tema tiene el impacto de la tierra o el fuego”, reconocen desde ese bloque a este diario.
Un nuevo sujeto político
La ley bautizada como Inviolabilidad de la Propiedad Privada habilita la aceleración de los desalojos. En los hechos, representa la culminación de un proceso de despojo que comenzó con la derogación de la Ley de Alquileres, se profundizó con el endeudamiento de los sectores medios y populares y culmina con los desalojos exprés.
“El sector más afectado entre los argentinos endeudados es el de los hogares inquilinos”, sostiene la socióloga e investigadora Luci Cavallero, activista de Movida Ciudad. Muchas familias, explica, ya se atrasaron en el pago del alquiler y otras lograron evitarlo únicamente porque se endeudaron para llegar a fin de mes. En ese contexto, advierte que una ley de desalojos exprés las vuelve especialmente vulnerables. “La norma ni siquiera exige que el propietario demuestre con documentación la existencia de la deuda. Basta con que la invoque ante la Justicia para acelerar el proceso de desalojo”, señala Cavallero. Por eso insiste en que el debate sobre el endeudamiento no puede separarse del de los desalojos. “Los hogares inquilinos están entre las poblaciones más sobreendeudadas”.
Para Cavallero, “hace falta una ley de emergencia crediticia que establezca un marco normativo para el desendeudamiento de los hogares, regule la acción del sistema financiero y de los proveedores de crédito e incorpore herramientas de transparencia y control frente a prácticas abusivas”. Entre esos puntos considera necesario “un plan que contemple quitas y condonaciones agresivas. Estamos hablando de familias que se endeudaron para comprar bienes y servicios básicos, de un endeudamiento para vivir. Rescatarlas sería un acto de justicia económica, no un regalo ni un privilegio”. A pesar del Gobierno libertario, la investigadora concluye que “el Estado tiene que recuperar intervención en la regulación de las tasas de interés”.
