Los ingresos, el consumo y la producción están atrapados en una espiral descendente que los hunde cada vez más. Ya pasaron casi cuatro meses de los que serían los mejores 18 de la economía nacional, según la promesa de Luis Caputo de mediados de abril, y esas tres variables con enorme preponderancia en el humor social siguieron yendo para abajo.
La primera condición es que el Gobierno reconozca el problema, pero en lugar de ello, esta semana Caputo les dijo “tarados” a quienes advierten por la destrucción del aparato industrial, Milei desató una crisis inédita con Brasil y casi toda la energía del oficialismo estuvo puesta en dar batalla para que los extranjeros puedan comprar hasta un pueblo entero, como dijo el canciller Pablo Quirno, y habilitar negocios inmobiliarios en terrenos incendiados.
Esta vez, la lucha de afuera logró derrotar los planes del Gobierno y las iniciativas no pasaron la votación del Senado.
Sin embargo, la crisis que castiga a las mayorías populares se advierte en cada nuevo indicador:
* En junio, la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos aumentó 5,9 por ciento respecto de mayo y subió un estrepitoso 57,3 por ciento en comparación con junio de 2025.
* En el sector público, el retroceso de los salarios asciende al 23,5 por ciento desde que gobierna Milei, también con la medición alternativa de la inflación, que debería ser la oficial.
* Por la destrucción de empleos y la baja de ingresos, más de un millón de personas perdieron la prepaga, la obra social o la mutual desde noviembre de 2023. El número es bastante superior: 1.246.285 personas, por lo cual ese universo pasó a representar el 35,6 por ciento de la población, contra el 32 por ciento de noviembre de 2023, señaló la UBA en otro informe.
Mientras no suban los sueldos y las jubilaciones por arriba de la inflación, el consumo seguirá sumergido, y con ello la producción.
La situación es crítica porque los salarios atraviesan una larga etapa, de más de una década, de contracción en su capacidad de compra.
“La caída actual se produce sobre niveles de remuneración históricamente bajos”, alerta el informe.
La masa salarial —es decir, la porción del ingreso total apropiada por los trabajadores— se redujo 11,5 por ciento en términos reales entre el primer trimestre de 2017 y 2026. Considerado en términos per cápita, incluyendo a los ocupados formales e informales, la caída del ingreso laboral por trabajador asciende al 25,6 por ciento.
Pero el Gobierno, además de despreocuparse por la caída del salario, aprieta con los aumentos de servicios públicos. El gasto en electricidad, gas, agua y transporte pasó de representar casi el 6 por ciento del salario en diciembre de 2023 a cerca del 15 por ciento en la actualidad, explica FIDE.
“El crecimiento del endeudamiento de los hogares y, especialmente, el aumento de la morosidad, tanto bancaria como no bancaria, constituyen otra de las principales contracaras del deterioro de la capacidad de compra de las familias”, contextualiza.
Frente a esta situación, el Gobierno reproduce la actitud indiferente que exhibe frente a los problemas de la economía real que, lejos de resolverse, se profundizan.
En este caso, el planteo de que la mora es “una cuestión entre privados” ignora que el Banco Central tiene facultades para intervenir a través de distintas herramientas para regular las condiciones del crédito y de las tasas de interés.
“Precisamente, facultades que le habilita el objetivo múltiple que debería guiar a la política monetaria, cambiaria y financiera; facultades que aspira a derogar a través de la reforma de la Carta Orgánica y el regreso al mandato único”, completa FIDE, que encabeza Mercedes Marcó del Pont, impulsora de la Carta Orgánica vigente, que incluye como objetivos el crecimiento con inclusión y la expansión del empleo, lo que Milei y Caputo buscan desterrar.
