La sala II de la Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento de Alberto Fernández por presunta defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública en la causa que investiga la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante su mandato como presidente. El tribunal ratificó también el procesamiento del bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, de su esposa y entonces secretaria privada del mandatario, María Cantero, y del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, entre otros.
Martín Irurzun y Roberto Boico, en el voto mayoritario, consideraron probado que hubo un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que incluyó un “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación de seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘Nación Seguros S.A”, aproximadamente entre diciembre de 2019 y de 2023. “El ejercicio de influencia” por parte del entonces Presidente a través de su secretaria “tuvo como factor característico y neurálgico el favorecimiento del nombrado”, en referencia a Martínez Sosa.
Desde la asunción de Fernández, el bróker percibió el equivalente al 59,6 por ciento de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales, precisaron. Consideraron que “existía entre ellos, además de una relación de amistad, actividad comercial, una deuda periódicamente renovada, financiamiento de gastos personales, obsequios, etcétera”. Además de confirmar el procesamiento, dispusieron embargar sus bienes por 14.634 millones de pesos.
Eduardo Farah confirmó el procesamiento pero en voto propio. Escribió que “las pruebas e indicios” relevados “avalan la inferencia de que (Fernández) cumplió un rol crucial para que Martínez Sosa se hiciera de esa cantidad de contratos públicos”.
La Cámara confirmó también los procesamientos de Pagliano, Gustavo Argibay, Carlos Soria, Fernando Arana y Mauro Tanos, en sus casos por defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y también por cohecho.
Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El Tribunal de Apelaciones confirmó así las medidas resueltas por el juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que interviene el fiscal Carlos Rívolo y advirtió además que “nada obsta a que del devenir de la investigación, conforme a la evolución de esta causa, surja una participación más grave.”
Así, se dio por probada la existencia de un esquema de “recaudación y distribución de fondos públicos” que operó mediante la “irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ‘Nación Seguros S.A.’” durante la gestión del gobierno del Frente de Todos.
En otros ocho casos se revocaron procesamientos, al igual que para dos cooperativas. La investigación se centró en la firma del Decreto 823/2021, que obligó a las entidades del sector público nacional a contratar seguros a través de Nación Seguros S.A., para lo cual se usaron intermediarios -brokers-, sobre todo Martínez Sosa.
Fuente: Pagina12
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