El 15,2 por ciento de los trabajadores del país tiene problemas para cubrir la necesidad más básica: el acceso a los alimentos. Se desempeñan en distintas labores y cuando cobran no les alcanza para sostener las comidas diarias a lo largo del mes. Los datos se desprenden de un informe sobre inseguridad alimentaria, elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA). Entre los asalariados que se ven privados de consumir nutrientes indispensables, el 9,3 por ciento está afectado de forma moderada y el 5,9 por ciento de manera severa. La decisión del gobierno sobre mantener a raya la inflación, pero también los aumentos de sueldos, potencia el fenómeno de los trabajadores pobres y los empuja directamente hacia la indigencia.
La precarización laboral es una de las variables que hace más propicio este escenario trágico. El estudio destaca que el 7,4 por ciento de los empleados formales sufren el flagelo y que el número se eleva al 25,3 por ciento en la población ocupada no asalariada: cuentapropistas, precarizados y servicio doméstico.
Luego del último resultado electoral, Milei ganó músculo para promover reformas. Entre otras iniciativas se destaca el desguace de la legislación laboral, con el objetivo de contrarrestar el poder de negociación de los sindicatos argentinos, en palabras del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Siguiendo con las estadísticas reportadas por la UCA, si el Ejecutivo consigue aprobar los cambios, sólo profundizará el deterioro de la situación social.
Las desigualdades socioeconómicas y educativas son determinantes en el mapa de las desigualdades. El guarismo sobre inseguridad alimentaria trepa al 34 por ciento en la población que tiene el secundario incompleto y un trabajo informal. En el extremo opuesto, aqueja al 2,8 por ciento de las personas con título universitario y ocupación registrada.
Según la Organización Internacional del Trabajo, la alimentación adecuada forma parte de las condiciones de empleo dignas, estrechamente vinculadas con la salud, la productividad y el bienestar integral de la fuerza laboral.
El muestreo -a cargo del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA- incluyó más de 8 mil testimonios de centros urbanos populosos como el AMBA, Gran Rosario, Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y Gran Mendoza, entre otros.
Los entrevistados respondieron cinco preguntas que abarcan el panorama de los últimos 12 meses: a mayor puntaje en las contestaciones, mayor grado de privación alimentaria en hogares con niños, niñas y adolescentes.
La última medición de Indec estableció que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en septiembre 1.176.852 pesos para no ser pobre y 527.736 pesos para no caer en situación de indigencia.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil, que funciona como valor de referencia para el sistema laboral, es de 322.200 pesos al mes y está planchado desde agosto. “Entre noviembre de 2023 y abril de este año, este salario aumentó nominalmente 38,9 por ciento frente a una inflación que puede estimarse en más de 110 por ciento. Se consumó así en pocos meses una reducción real de 34,1 por ciento”, estimó el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).
La remuneración imponible promedio de los trabajadores estables para agosto de 2025 era de 1.530.297,32 pesos.
El organismo oficial de estadísticas, en este contexto, sostiene que durante la administración libertaria bajó considerablemente el dato de pobreza: se ubica en el 31,6 por ciento. ¿Por qué?
La metodología de medición de la pobreza y la indigencia del Indec está construida en base a los ingresos de cada hogar, pero deja afuera factores como educación, salud, servicios básicos, empleo y vivienda - cuando el Censo 2022 arrojó que una de cada tres familias no tiene hogar propio-.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) funciona como parámetro para revelar las canastas de pobreza e indigencia. Distintos especialistas cuestionan la estimación porque desde diciembre de 2023 el porcentaje de ingresos que las familias gastan en los servicios se incrementó desmedidamente con respecto a los alimentos: los primeros tienen muy poco peso en el cálculo de la inflación, mientras que los segundos están mucho más ponderados.
Entre las principales conclusiones del informe de UCA sobresalen que los trabajadores sin aportes a la seguridad social están “notablemente” más expuestos, que a menor educación se reduce el acceso a los alimentos, y que los asalariados afiliados a sindicatos tienden a una mayor seguridad alimentaria debido a mejores condiciones laborales y acceso a derechos.
Por Bernarda Tienetti / P12
Ilustración: Ezequiel Garcia
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