Lady Malbec inventa terroristas mapuches para favorecer negocios privados en la Patagonia

“Somos mapuches, hijos e hijas de esta tierra. Nuestro deber es proteger la vida. Rechazamos la acusación de Bullrich. Los terroristas están dentro del Gobierno de Milei. Nosotros tuvimos que ver a personas morir al lado nuestro. A lo único que le causamos terror es a este sistema de exclusión. Pero acá estamos, defendiendo el territorio. Sin miedo”. Matías Santana, de la comunidad Lafken Winkul Mapu, habla pausado, como es su costumbre, desde la ciudad de Bariloche. A su lado se encuentra la machi Betiana Ayelén Colhuan, la misma mujer mapuche que en 2017, horas antes del asesinato de Rafael Nahuel, había sido obligada a comer tierra por parte de un integrante de la Prefectura.

“El Estado se olvida que somos personas y nos demonizan como terroristas. Pero fue el Estado el que llevó adelante un genocidio. Intentaron exterminarnos pero somos el brote vivo de esa lucha. Nosotros no vivimos. Nosotros resistimos”, reflexiona Betiana.

La última movida autoritaria de la ministra de Seguridad – y candidata a senadora de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires-, Patricia Bullrich, fue incluir en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a varios integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, dándole continuidad a una política de persecución que incluyó la declaración de la (etérea) RAM como organización terrorista en febrero de este año.

La Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina presentó una demanda penal contra Bullrich y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de Autoridad” por la declaración arbitraria de un conjunto de personas como terroristas.

“El único dato en común que poseen los casos del listado elaborado por el Ministerio de Seguridad es que todos los involucrados son personas que pertenecen al pueblo mapuche, lo que constituye un agravante a su conducta disvaliosa, por tratarse además de actos discriminatorios”, afirmaron desde La Gremial. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°12.

La RAM fue declarada como una organización terrorista el pasado 14 de febrero en el mismo momento en que la Patagonia era arrasada por una serie de incendios intencionales. Bullrich construyó su narrativa en contra de los mapuches a partir de la intervención dentro de causas judiciales con el plantado de pistas falsas, tal fue la situación del expediente por la desaparición y muerte de caso Santiago Maldonado o la invención de un supuesto tráfico de armas hacia Chile, sumado al rejunte de otros expedientes radicados en los juzgados provinciales de Chubut, Río Negro y Neuquén, en los que con el transcurrir del tiempo, se desmontó la idea de la existencia de una organización terrorista. Pero a la Ministra no le importó.

Desprotección

“Hace un mes que las lamien (mujeres) dejaron de tener acceso a la AUH, a las pensiones, les cerraron sus cuentas bancarias y billeteras virtuales. Con la declaración de la RAM como organización terrorista se afecta a todas las comunidades”, afirmó Laura Taffetani, integrante de La Gremial de abogados, durante una conferencia de prensa realizada en la sede central de la CTA Autónoma.

El listado publicado por Bullrich el pasado 15 de septiembre incluyó a Matías Santana –a quien le adjudicaron el alias “el mapuche de los binoculares”-; María Isabel Nahuel (de la comunidad Colhuan-Nahuel, tía de Rafael Nahuel); Martha Luciana Jaramillo (Comunidad Lafken Winkul Mapu); Joana Colhuan (hija de María Nahuel y hermana de la machi de la Comunidad Lafken Winkul Mapu); Gonzalo Coña, quien acompañó en forma solidaria a la Comunidad Lafken Winkul Mapu); Jessica Bonnefoi Carriqueo Antimil (Comunidad Lafken Winkul Mapu); y Betiana Ayelén Colhuan.

El primero en ingresar en este listado había sido Facundo Jones Huala (Pu Lof en Resistencia Cushamen), preso en una cárcel de máxima seguridad e investigado por la fiscal Ángela Pagano Mato, quien intenta establecer una suerte de conexión internacional del “terrorismo mapuche”, en línea con los planteos de Bullrich sobre una conexión con Chile ya demolida por el propio sistema judicial del país vecino.   

“Esta arbitraria resolución ha obstruido de manera ilegítima el ejercicio de derechos básicos que es obligación del Estado garantizar, como la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que muchos miembros de las comunidades mapuche dejaron de percibir, a tenor del dictado de esa medida arbitraria e ilegal. Del mismo modo, la pensión del hijo mayor de María Nahuel, José Colhuan, que padece una enfermedad psiquiátrica y percibía dicho beneficio para su tratamiento”, puede leerse en la denuncia de La Gremial.

Desde la entidad de abogados advirtieron que este podría ser solo el comienzo. “La confección del listado de causas anexas y la consecuente incorporación de algunos miembros de Comunidades Mapuche en el listado de personas terroristas, solo tiene reminiscencias comparables a la última dictadura militar, donde se incluía a militantes políticos y estudiantes a quienes luego se secuestraba, torturaba y desaparecía. En el presente caso debo señalar que los actos de Patricia Bullrich se han valido de tareas de inteligencia ilegal”, agregaron en la denuncia penal.

“Este informe de la RAM, esta investigación ilegal y a la vista de todos es una forma más de seguir estigmatizando al pueblo mapuche. Es una preocupación muy grande porque sabemos que esto tendrá consecuencias graves para todas las comunidades”, agregó Diego Morales, integrantes del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también presente durante la conferencia de prensa organizada el viernes por la mañana.

Las falacias de Bullrich

La ministra de Seguridad utiliza a los pueblos originarios para implementar una doctrina de seguridad nacional inspirada en un documento de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos (2005) en donde se mencionaba al indigenismo como una de las “nuevas amenazas terroristas”. Su objetivo de fondo es despoblar los territorios para permitir el avance de un conjunto de negocios privados. Los Benetton, Lewis y jeques árabes de la vida, agradecidos.

Para declarar a la RAM como una organización terrorista (Resolución 210/2025), Bullrich elaboró una suerte de informe con un compendio de causas judiciales radicadas en los juzgados de Río Negro, Chubut y Neuquén; lo había presentado por primera vez en diciembre de 2017, y lo volvió a incluir como anexo de la Resolución 210/2025.

De las primeras 96 causas mencionadas en ambos informes (2017 y 2025), en 84 no existen autores identificados de los supuestos delitos denunciados. El Gobierno de La Libertad Avanza (al igual que el de Macri) incluyó expedientes que habían sido cerrados por falta de mérito. La desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel fueron incluidos como avances de la Gendarmería y la Prefectura contra la inexistente RAM.

Unos de los expedientes principales utilizado por Bullrich para construir su discurso sobre los mapuches violentos tenía que ver con un juicio por usurpación iniciado por la Compañía de Tierras del Sur (Benetton), la empresa italiana que posee cerca de 900.000 hectáreas.

En marzo de 2015, se había constituido la Pu Lof en Resistencia Cushamen a partir de una recuperación territorial protagonizada por Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo, Nicolás Hernández Huala y Martiano Jones Huala.

La comunidad se había instaló sobre Ruta Nación 40, en el kilómetro 1848; el mismo territorio que sería testigo de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado luego de una represión de la Gendarmería ocurrida el 1 de agosto de 2017.

A la causa madre por usurpación se le adosaron otros 19 expedientes conexos, utilizados por el Gobierno nacional para robustecer su prédica en contra de las comunidades. A pesar de que todos los acusados por usurpación fueron absueltos en 2019, Bullrich los volvió a sindicar como terroristas al incluirlos en su informe sobre la RAM publicado en febrero de este año.

Aquel juicio por usurpación llegó a su fin en marzo de 2019. La jueza penal de Esquel, Carina Estefanía (ahora Camarista) leyó la sentencia durante cuatro horas. En un diálogo con este cronista, afirmó: “Las primeras investigaciones que enmarcan este conflicto en algo vinculado a la RAM provinieron de la policía de la provincia de Chubut y de ahí lo toma el Gobierno nacional. Durante todo el juicio estuve muy expectante para ver qué pasaba con la RAM, cómo sobrevolaba la RAM en este juicio y no encontraba nada. Era como que sobrevolaba y no bajaba al caso”. La RAM no existía.

Para su persecución judicial, Bullrich se valió de la firma de un convenio de cooperación entre los fiscales generales de Chubut (Jorge Luis Miquelarena), Río Negro (Jorge Oscar Crespo) y Neuquén (José Ignacio Geréz), firmado en marzo de 2018. El fiscal de la localidad chubutense de El Hoyo, Oscar Oro, denunciado por la jueza Estefanía por mal desempeño a raíz de los 50 expedientes paralelos que armó alrededor de la causa por usurpación, detalló ante este periodista las maniobras utilizadas por Bullrich:

“Nos empezaron a pedir desde el Ministerio información de muchos lugares; se veía que estaban formando una especie de base de datos. Cuando empecé a ver el informe sobre la RAM, me di cuenta que había muchos datos que los metían como por si las dudas”.

Las llamadas llegaban directamente de Pablo Noceti, por entonces la mano derecha de Bullrich. “Su actitud era de apoyo a que esto avanzara, ofrecieron cualquier cosa que necesitáramos, ya sea a través del Ministerio o la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Pero en concreto, no me apareció ningún documento de ninguna autoridad de inteligencia que relacione con nombre y apellido a una persona como perteneciente a la RAM. Fue mucho de propaganda y de ideología”, agregaba Oro en diálogo con este cronista.

“La pregunta que nos hacemos entonces es ¿por qué la ministra de seguridad incluye en el Listado Anexo causas que se encuentran archivadas por falta de delito o que todos los involucrados fueron sobreseídos? Ya sea como ministra de Seguridad de Macri como bajo el Gobierno de Milei, Bullrich utilizó los mecanismos institucionales bajo su control para crear un enemigo interno”, puede leerse en los fundamentos de la denuncia presentada por la Gremial de abogados y abogadas.

La Patagonia en disputa

“Durante 18 años, en Argentina se usurpaba impunemente, y la usurpación prácticamente se había legalizado. La propiedad privada había perdido su valor. Luchamos durante muchos años para poner fin a la Ley 26.160, y este gobierno lo logró. Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la que en Argentina reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada” (Bullrich dixit).

La actual candidata de La Libertad Avanza impulsó la derogación vía DNU de la Ley 26.160 para reinstalar los desalojos violentos en los territorios recuperados por las diferentes comunidades de pueblos originarios. En enero de este año, las fuerzas federales junto a la policía de Chubut avanzaron contra la Lof Paillako. Cuando los uniformados llegaron para montar su show junto a la ministra y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el lugar ya no había nadie.

Un mes después, el Poder Ejecutivo inscribió a la RAM como una organización terrorista.

“Ese día aparecieron más policías que de costumbre, veíamos los drones sobre nuestro territorio. Nos hicieron sentir su presencia de manera visible, violenta. Nosotros aprendimos que no tenemos que confrontar porque ya sabemos lo que sucede-, narró Martiniano Jones Huala desde su ruka en la Pu Lof en Resistencia Cushamen, en diálogo con El Destape.

Bullrich avanza hacia un territorio sin personas, sin comunidades, en línea con lo que “necesita” una economía de enclave como la configurada tras la sanción de la Ley de Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Una vez aprobada la norma, la ministra impulsó la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva (Resolución 893/2024).

“Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país, a la magnitud de su aporte, a su conexión con los servicios públicos, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”, puede leerse en la resolución rubricada por la Ministra.

La militarización de los territorios continuó con el Plan Güemes y el Operativo Julio A. Roca. Sin oposición alguna de la dirigencia política, Bullrich cumple su promesa de unificar Seguridad y Defensa. En los territorios, consolida su narrativa en contra de las comunidades.
 
 
Por Sebastián Premici / El Destape